El Gobierno ecuatoriano confirmó este jueves que concedió la naturalización a Julián Assange y aseguró que se mantiene en la búsqueda de vías para solucionar la situación del australiano, una vez que el Reino Unido declinó acreditarlo como agente diplomático en la legación del país andino en Londres.

La canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa confirmó que el fundador de WiKiLeaks solicitó la naturalización a la Cancillería el pasado 16 de septiembre y que se la concedieron el 12 de diciembre de 2017.

La medida, dijo, otorga "un anillo más de protección al asilado" y subrayó que "no altera de ningún modo, más bien fortalece, su condición de persona internacionalmente protegida".

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El periodista australiano, refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde el 19 de junio de 2012 y a quien Ecuador otorgó en agosto de ese año el asilo, era requerido desde 2010 por las autoridades suecas en relación con las acusaciones, que él niega, de dos mujeres por supuesto abuso sexual. No obstante, Suecia finalmente archivó la causa el pasado mayo al no poder avanzar en la investigación.

Pese a ello, Assange cree que si abandona la Embajada podría ser detenido por las autoridades británicas y ser deportado a Estados Unidos, donde teme ser juzgado por la divulgación que hizo WikiLeaks de información confidencial del Gobierno estadounidense.

La titular de la diplomacia ecuatoriana dijo este jueves que cualquier movimiento del asilado fuera de la Embajada es un tema que "se debe acordar previamente con el Reino Unido".

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Y apuntó: "el mandato que tenemos y la obligación internacional y nacional es cuidar y proteger la integridad de Julian Assange y sus derechos humanos. Mientras esas condiciones no estén dadas, nosotros difícilmente podríamos pensar en una salida del asilado de las oficinas de la Embajada de Ecuador en Londres".

Espinosa señaló que el problema de Assange "no es el tema de enfrentar a la justicia británica. Son temores fundados que tenemos sobre posibles riesgos a la vida y a la integridad del ciudadano Assange, no necesariamente del Reino Unido sino por parte de terceros Estados", dijo sin mencionar a ningún país.

Según el viceministro de Movilidad Humana, José Luis Jácome, Assange tiene ahora "los derechos que tienen los ecuatorianos en el exterior".

Espinosa indicó que la decisión de otorgar la naturalización a Assange se fundamentó en artículos de la Constitución, de la Ley orgánica de Movilidad Humana, en elementos de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el estatuto de refugiados y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En virtud de esas normas, el Gobierno ecuatoriano está facultado para conceder la nacionalidad a la persona protegida y así facilitar "su inclusión al Estado que lo acoge", puntualizó.

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Indicó que han buscado varias alternativas para solucionar la situación de Assange y en ese sentido confirmó que el pasado 20 de diciembre, la Cancillería pidió al Ministerio de Exteriores británico que considerase acreditar a Assange "como agente diplomático en la misión de Ecuador en el Reino Unido".

"Esta petición fue negada el 21 de diciembre. En atención a las buenas relaciones que mantenemos con el Reino Unido, declinamos esa opción", dijo, al añadir que actualmente Ecuador explora otras vías de solución "en diálogo con el Reino Unido".

El pasado martes, la canciller dijo que Ecuador analiza la posibilidad de que un tercer país o una personalidad medie en la búsqueda de una solución definitiva al caso de Julian Assange, cuya situación en la Embajada del país andino en Londres, humanamente, "no es sostenible".

"Estamos explorando alternativas pero creemos que realmente hay que empujar un poquito el asunto y buscar soluciones. Ninguna solución se logrará sin la cooperación internacional y sin la cooperación del Reino Unido que, además, se ha mostrado interesado en buscar una salida", subrayó entonces.

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Y hoy insistió en que buscan una solución "justa, definitiva y digna para todas las partes involucradas en el marco del derecho internacional".

La canciller comentó que están a la espera de una respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la que se pidió una "opinión consultiva" sobre la figura del asilo.