Para el gobierno Duque son “manzanas podridas” aquellos miembros del Ejército Nacional que, según denunció Semana, han realizado interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, políticos de oposición, periodistas e incluso a sus propios compañeros de filas.

La expresión “manzanas podridas” suele usarse para bajarle dimensión a los problemas, para el caso: las chuzadas solo competen al obrar de unos cuantos díscolos y delincuentes. En esa línea, Holmes Trujillo, Ministro de Defensa, dijo que sobre el hecho solo saben lo publicado por la revista y que empezarán una investigación para establecer la veracidad de los hechos.

El encargado de la seguridad nacional dijo no saber nada sobre un hecho tan delicado como el uso ilegal del aparato de inteligencia militar del Estado para beneficio de privados. Pero al parecer no es cuestión de tener la veracidad de los hechos, como aduce el ministro.

Por el contrario, parece tan veraz la información proporcionada por Semana que permite controvertir tanto el argumento formal presentado por el comandante del Ejército, Nicacio Martinez, para justificar su retiro (asuntos familiares) como la respuesta de Holmes. Al parecer, el gobierno tenía la información de las chuzadas y considerando especialmente la inevitabilidad de la noticia, decidió cambiar el comandante, así cuando llegara el escándalo -tal como está pasando- Martínez ya no sería parte de la cúpula militar designada y dirigida por el gobierno.   

El ejecutivo ha querido restarle importancia a un hecho sumamente delicado que compromete la integridad de la inteligencia militar de un Estado democrático y de derecho y por supuesto al mismo gobierno, responsable de los nombramientos y del control de los militares.  Sin embargo, no ha sido posible callar la situación porque, entre otros factores, el Ejército, como otras instituciones permeadas por los cambios del siglo XXI, sufre una transformación interna.

En esa situación, el proceso de paz marcó una ruptura entre los verdes oliva en la manera de considerar la forma de hacer la guerra y lograr la paz. Una parte considerable del Ejército no quiere terminar en la Justicia Especial para la Paz (JEP) o en estrados internacionales por haber cumplido órdenes como el conteo de cuerpos que derivó en ejecuciones extrajudiciales.

Igualmente, hay una parte del Ejército éticamente convencida que el Estado de derecho y democrático no se construye actuando como o en alianza con “bandas de ladrones”. Son militares que también desean instituciones estatales sin corrupción y en consecuencia han denunciado los peculados de sus compañeros asumiendo los riesgos mortales.

Este sector de militares logró el acompañamiento de periodistas que también tomando los riesgos develaron buena parte del entramado. Esperemos que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía establezcan los alcances de los usos y beneficiarios de la información ilegalmente obtenida utilizando la inteligencia militar de la cual es responsable político el gobierno Duque.

Además, de comprobarse que parte de la información adquirida ilegalmente estaría dirigida hacia el partido de gobierno, con mayor razón la responsabilidad del gobernante de turno en toda esta situación. Quien con su actuar contradice dos de sus consignas: respeto a la institucionalidad y legalidad.

El gobierno es el responsable de las manzanas podridas. El 10 de diciembre de 2018 nombró a un comandante del Ejército que resultó altamente cuestionado, al punto que recién retirado ya tiene abogado para defenderse de toda esta situación de chuzadas y corrupción. Un cargo de tanta envergadura debe estar exento de escándalos como estos. Duque y su ministro de Defensa deberían reconocer que esas “manzanas podridas” son suyas, ellos las designaron en el puesto.