El poder judicial debe estar a kilómetros del poder político y del poder ejecutivo porque si siguen en concubinato, la moral de la justicia tardará años en recuperarse.
En noviembre de 1985, la Corte Suprema de Justicia fue atacada por la entonces alianza narcoguerrillera del M-19 con el cartel de Medellín.
El país lloró a sus magistrados caídos en la brutal acción y reacción. Eran hombres que nunca estuvieron en la picota pública por corrupción, ni la Corte estaba de boca en boca porque allí estuviese rondando el cartel de la toga. En aquellas épocas llegaba la crema y nata de los jurisconsultos del país a la alta magistratura como los tribunales regionales.
En la década de los 80 y 90, igualmente, en las regiones tanto en los juzgados o en los tribunales locales eran atacados por la mano negra de la corrupción mafiosa del país. Muchos de jueces y magistrados cayeron a manos del sicariato de los carteles de la droga del país, unos por recibir y otros por no recibir.
Con la Carta Magna de 1991 se escinde la Sala Constitucional para crear la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia continua con las salas especializadas en las diferentes ramas del derecho. Pero algo pasó en el siglo XXI y no hay solo un día en que, sea por los medios de comunicación o en los corrillos privados que la justicia no esté con un manto de dudas.
Pero no sólo de las manos oscuras de la delincuencia la Corte Suprema de Justica ha sufrido ataques, la misma institucionalidad se ha prestado para atacarla, no olvidemos los escándalos de las chuzadas del desaparecido DAS con una espía a su interior se encargaba de poner una grabadora en la mesa principal de la Corte Suprema de Justicia (Revista Semana 9/11/2010).
La Fiscalía General de la Nación tampoco ha estado ajena a los hechos de corrupción, v.i. el caso del Fiscal Anticorrupción qué está temperando en USA con la pijama de rayas.
A tan solo casi dos años de destaparse el cartel de la toga, la justicia vuelve a estar en el ojo del huracán, esta vez es la Justicia Especial para la Paz –JEP-, con la atrapada con las manos en la masa del fiscal de esa institución el señor Carlos Julio Bermeo y otros cómplices, entre ellos el exsenador Luis Alberto Gil, con un pasado bastante oscuro. Pero desde sus comienzos, la JEP ha estado envuelta en casos poco santos de manejo de contratos. Pero como es costumbre en el país al “caído a caerle”, la fuerza opositora aprovecha la tormenta para demandar el cierre de esta.
Ante ese panorama duele la justicia, y más dentro de esta, que unos pocos se encarguen de dañar la imagen de miles de magistrados, jueces, fiscales y personal de apoyo que día a día se parten el lomo para que el legado de la diosa Temis se imparta: “justicia y equilibrio”.
Se requiere de una reforma a fondo de la manera como se hace el proceso de selección del talento humano de la justicia, debe estar afincada en la realidad y no solo en un deber ser la separación de los poderes. El poder judicial debe estar a kilómetros del poder político y del poder ejecutivo porque si siguen en concubinato, la moral de la justicia tardará años en recuperarse y la institucionalidad estará debilitada en los cimientos de la sociedad civil.
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