En las últimas semanas se han divulgado dos estudios que exigen reabrir la discusión sobre la conveniencia e impacto de la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano, principal causante del cáncer de cuello uterino. La primera, que tiene carácter global, compara los resultados de distintas investigaciones sobre la seguridad de la vacuna. La segunda fue realizada por la Universidad de Cartagena con niñas inoculadas, se denuncia que sin recibir consentimiento de los padres, con la vacuna contra el VPH y que han denunciado secuelas de la vacunación.

El estudio Vacunación profiláctica contra el virus del papiloma humano para prevenir el cáncer de cuello uterino y sus precursores, fue realizado por la ONG Cochrane, con sede en Gran Bretaña y financiada, según su página web, por gobiernos, organismos multilaterales y centros académicos. El estudio consiste en una comparación de las conclusiones obtenidas en 26 estudios en que participaron 73.428 mujeres de 130 países. Como fruto de su análisis, la investigación concluye que la vacuna es segura porque no se pueden demostrar efectos secundarios a su aplicación y porque es eficaz para reducir los casos de cuello uterino entre las mujeres estudiadas.

No ha dudas de la validez e importancia de esta investigación en la que por Colombia participó la Universidad Javeriana, mucho menos la hay de la importancia de la metodología que compara distintas investigaciones realizadas cumpliendo los protocolos del método científico. Asimismo, es indiscutible su trascendencia como instrumento científico que responde con datos a las creencias divulgadas por los agresivos movimientos antivacunas que con sus prácticas están poniendo en riesgo miles de vidas humanas y la salud pública. Es sensato, pues, que se hagan los mayores esfuerzos para acoger y divulgar los resultados de la investigación.

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En el proceso de divulgación del estudio en Colombia, algunos medios de comunicación -¿y sus fuentes en el Instituto Nacional de Salud?- aprovecharon para reavivar las crítica, impregnadas de desconfianza rayana en el cinismo, contra las 517 niñas de Carmen de Bolívar, y sus familias, que han denunciado secuelas de la vacunación. Un periódico nacional llegó, incluso, a acusarlas a ellas, y no a los errores del Ministerio de Salud en el manejo de su situación, de la reducción de cobertura de la vacunación, que pasó del 98% de mujeres entre 9 y 17 años inoculadas en 2012 a apenas el 6% de mujeres de esas edades vacunadas en 2016 y 15% de inmunizadas en 2017.

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El pasado 3 de mayo fueron publicados, con escasa difusión, los resultados de una investigación de la Universidad de Cartagena, que estudió a 283 de las niñas vacunadas en 2014 en Carmen de Bolívar, que han presentado síntomas de secuelas por la vacuna. La investigación demostró que, contrario a la tesis de una crisis nerviosa defendida por el Ministerio de Salud, el 90% de las niñas presentan síntomas que aparecieron con la vacunación. Como resultado del estudio, se pidió al Ministerio de Salud diseñar un programa especial de atención a las afectadas; las familias, por su parte, anunciaron que han pedido a la Procuraduría y la Fiscalía General que reabran las investigaciones por este caso.

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Los hallazgos de la Universidad de Cartagena alertan al Gobierno Nacional para que se tome en serio las denuncias presentadas por las niñas y sus familias, atendiendo sus necesidades en salud, eliminando las descalificaciones que las ofendieron y procurando profundizar las investigaciones a fin de determinar las razones precisas por las cuales a esa población, la vacuna segura sí le trajo enfermedades desconocidas, así como los protocolos necesarios para evitar la repetición del hecho.