Conocidos los datos oficiales sobre el desempeño económico general y por sectores de la economía colombiana en los años 2016 y 2017, así como profusas declaraciones en las que las autoridades ofrecen esperanza por los resultados posibles de 2018, es difícil compartir las expectativas del gobierno sobre un futuro cuyas esperanzas vuelven a afincarse en el comportamiento del precio del petróleo, que rodea los 65 dólares por barril, sin que existan razones para esperar que volverá a superar los 100 dólares, bonanza pasajera que hizo a muchos sentir a Colombia como país rico, y gastar como si lo fuera.

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Como han reiterado los voceros gremiales, el 1,8% de crecimiento del PIB, según reconoce el Dane, o el 1,5% de aumento de la economía, de acuerdo con otros expertos, es insatisfactorio como resultado de un año en el que la economía tuvo las ventajas de la devaluación del peso -hoy en regresión-, el crecimiento en el valor de importantes commodities, y el esfuerzo del Banco de la República para bajar las tasas de interés sin afectar la inflación. Poner la lupa sobre los sectores económicos en que el país ha depositado sus expectativas como motores del desarrollo, acrecienta la preocupación.

En los dos años de peor desempeño de la economía en el gobierno Santos, se han registrado crecimientos, si así se les puede llamar, de 1,9% en 2016 y de 1,8% en 2017. En cada uno de estos períodos, la mediocridad representa el deterioro del sector minero, que en 2016 cayó 6,5% y en 2017 repitió sus pésimos resultados con un retroceso de 5,7%. Ello, a pesar de la recuperación de los precios de los principales productos exportados por Colombia. Estos resultados exigen reconocer que la locomotora minera nunca arrancó. Esto se explica en la falta de continuidad de los enfoques y políticas orientadas por los seis ministros que han ocupado la cartera de Minas durante 8 años en lo que han bullido las consultas populares contra la minería, erráticos fallos de las cortes que han sumido al sector en la inseguridad jurídica y la inexistente voluntad del Congreso para legislar fortaleciendo la legalidad y dando al Estado herramientas para controlar la minería ilegal, desangre de nuestros recursos mineros y una de las principales fuentes de financiación de los grupos criminales.

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En la orilla al frente de la minería, los datos ponen al sector agropecuario, que vio aumentar su crecimiento del precario 0,5% de 2016 al importante 6,3%, que lo convirtió en el sector más dinámico de 2017. Este desempeño no justifica las fiestas del actual gobierno, pues se tiene que explicar en los resultados de las mayores inversiones realizadas una década atrás, cuando la política de seguridad democrática impulsó el retorno de la inversión al campo. Además, el presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya, ha insistido en que la mejor producción no implica mejores resultados económicos para empresarios que salieron a mercados que no respondieron a la oferta.

La mediocridad del desempeño económico ha sido explicada, hasta por el Gobierno, en los resultados de la industria y el comercio, afectados por los primeros impactos de la reforma tributaria aprobada en 2016, así como por el sector de la construcción, en el que la inversión en las grandes obras de infraestructura no logró quebrar el estancamiento de la vivienda. El retroceso en estos sectores tampoco puede desligarse de la inestabilidad en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cartera que ha sido ocupada por cinco personas, cada una de ellas contradictora de su antecesor. En este contexto no se han fijado interlocuciones, garantías para la inversión y políticas que orienten a los actores económicos, como lo reconoce el presidente de la Andi, Bruce MacMaster. En cuanto al turismo, que se ofrece ahora como la actividad empresarial llamada a apalancar el crecimiento económico, como antes se le pidió a la minería, no existen orientaciones claras sobre consolidación de la seguridad y desarrollo de las infraestructuras físicas y de servicios que impulsen la inversión y aumenten su atractivo.

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Los resultados económicos en el cierre del gobierno Santos y el desbordamiento en los gastos del nivel central, le dejan al gobierno entrante una herencia de incertidumbre, que ya han cuantificado las calificadoras de riesgo, y el reto de ser muy creativo para encontrar formas de guiar al país para que obtenga, como se lo han prometido, los dividendos económicos del acuerdo de paz con las Farc.

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