El esperado informe de la estadounidense Oficina de política nacional para el control de drogas, dependencia de la Casa Blanca, es un baldado para Colombia por lo que de él se esperaba, acerca de su ratificación sobre el crecimiento de los cultivos ilícitos y la capacidad de producción de coca por el país, hechos que implican el fracaso de la política antidrogas del gobierno Santos, y por la notificación al mundo, y sobre todo a los países productores, del retorno al enfoque de guerra contra las drogas en el que los consumidores estadounidenses son asumidos como víctimas, mientras se atribuye a los productores el rol de victimarios.

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Así el gobierno Santos se resista a admitir las cifras de Estados Unidos sobre cultivos ilícitos y capacidad de producción de coca, ellas son más creíbles que los cálculos a ojo de las autoridades colombianas. De ese modo, hay menos credibilidad en el dato del Mindefensa que declara que hay en el país 180.000 hectáreas sembradas de coca, que el del Gobierno estadounidense, que declara que entre 2016 y 2017 los cultivos ilícitos crecieron en 11%, lo que implica que hoy el país tiene 209.000 hectáreas sembradas de coca y una capacidad de producción de cocaína aumentada en 18%, pues llegó a 921 toneladas métricas en 2017, frente a las 772 toneladas métricas estimadas en 2016. Basada en sus propias estadísticas, esta oficina estadounidense señala que en los seis años corridos entre 2016 y 2018, coincidentes con la negociación con las Farc y el posacuerdo, los cultivos ilícitos crecieron en 160%.

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Dado su reconocimiento a Colombia como aliado de Estados Unidos, hoy necesario en una región incendiada por el antiimperialismo, la Oficina contra las drogas confirma su interés en las relaciones bilaterales. No oculta, sin embargo, su exigencia de que el país corrija los yerros en una política que favoreció las siembras en Parques Naturales Nacionales, en territorios indígenas y afrodescendientes, así como la resiembra en zonas donde se han podido adelantar las difíciles políticas de sustitución de cultivos y erradicación forzosa, combatida esta con la mayor agresividad de los erradicadores, y de sus financiadores, por supuesto.

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El documento estadounidense ha sido divulgado públicamente un par de días después de que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, presentara en sociedad los drones para fumigación con glifosato, instrumento contemplado en el Documento blanco para la erradicación de cultivos ilícitos en Colombia: plan quinquenal 2018-2023 que el gobierno, fracasado en su enfoque antidrogas, se propone heredarle al presidente Iván Duque. El uso de drones, o cualquiera otro mecanismo tecnológico, o humano, para asperjar pequeños o medianos cultivos de coca con glifosato, implica el reconocimiento, tácito porque no se prestan para hacerlo públicamente, de que el glifosato no es el agente carcinógeno que pone en riesgo la vida de fumigadores, habitantes y cultivadores, como el Gobierno lo presentó en 2013. Este paso atrás para retomar el uso del eficaz herbicida parece dar la razón a quienes lamentaron que el desecho de ese agente, con el que Colombia había logrado importantes avances en erradicación de cultivos ilícitos, obedeció a presiones de las Farc en el proceso de negociación.

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Al presentar los que llamó “inaceptables” crecimientos de cultivos de coca y capacidad de producción de cocaína, Jim Carroll, subdirector de la Ondcp, responsabilizó a Colombia del crecimiento en 81% de nuevos consumidores de cocaína entre 2013 y 2016.  La forma de enfocar esa tragedia sí que es una mala noticia para Colombia, en tanto ella representa la recuperación a rajatabla del enfoque de guerra contra las drogas, que anteriores administraciones habían moderado usando conceptos de corresponsabilidad y prevención. Para Colombia, tal enfoque significa la derrota, sin que haya empezado, de la campaña por la legalización razonable de los sicotrópicos y alucinógenos, y, peor aún, la pérdida de sus esfuerzos políticos y pedagógicos de los últimos treinta años, para hacer que los gobiernos y el pueblo estadounidense la reconocieran víctima, y no victimaria, de los consumidores del Primer Mundo.

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En ese contexto, lo que menos parece aceptable es que un gobierno fracasado en todos sus enfoques e intentos contra las drogas pretenda imponerle a su sucesor, que llegará en apenas mes y medio, la agenda de lucha contra un fenómeno causante de violencia, deforestación, miseria y graves dificultades en las relaciones con su aliado internacional más confiable.