Determinar las responsabilidades sobre la contingencia que afecta al proyecto Hidroituango, que está próxima a cumplir un año de haberse iniciado, será un proceso largo y complejo que se va a resolver en los estrados judiciales o, eventualmente, en un tribunal de arbitramento, y va a generar unos costos que hoy resultan imposibles de establecer.

A esa conclusión llegaron dos expertos en derecho administrativo consultados por ELMUNDO.com después de que se conociera durante el fin de semana la respuesta que la firma de ingenieros consultores Integral y el consorcio diseñador del proyecto Hidroituango, Generación Ituango, le enviaron a EPM como respuesta al estudio de la firma noruego-chilena Skava, en la cual señalan de manera tajante que no aceptan que se les impute responsabilidad por la ocurrencia de la contingencia.

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Como lo informó ampliamente ELMUNDO.com, el estudio causa-raíz concluyó que “la hipótesis más probable” para establecer la causa de la crisis, fue la obstrucción del túnel auxiliar de desviación (GAD) debido a la “erosión progresiva de una zona de cizalla a nivel del piso de la GAD” para la cual “el diseñador-asesor no dispuso el tratamiento”.

La respuesta de Integral y del Consorcio Generación Ituango califica la conclusión de Skava como una “hipótesis no probada y carente de rango cuantitativo” y señala que la metodología usada por la firma noruego-chilena fue aplicada “de manera no ortodoxa, sin el rigor científico debido y las formalidades metodológicas requeridas para cualquier estudio de este tipo”.

Es de anotar que, en su comunicación, Integral recalca que ya en el mes de marzo pasado había expuesto lo que consideraba “una serie de errores e inconsistencias en el estudio de Skava”, las cuales no han sido respondidas por EPM, entre las cuales enumera “serias deficiencias en la aplicación del método científico”, “uso inapropiado de la metodología del Árbol de Falla”; “desconocimiento de los roles contractuales de todos los actores del proyecto”; “errores en la modelación de las presiones del macizo”, y “discrepancias, dentro del mismo informe, del cálculo y uso posterior de la Potencia Erosiva”, entre otras.

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Cabe recordar que EPM, mediante comunicado a la opinión pública emitido el pasado 9 de abril, anunció que comenzaría a dar traslado a la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., propietaria del proyecto, de “todos los costos originados por la contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango, es decir, los generados a partir del 28 de abril de 2018”.

“EPM seguirá al frente de la atención a la contingencia, como lo ha hecho desde su inicio; sin embargo, se hace necesario realizar el traslado de los valores mencionados, teniendo en cuenta que los mismos corresponden a costos propios de la construcción del proyecto”, señala la comunicación que, según añade, está enmarcada en lo dispuesto por el contrato Boomt (sigla en inglés de “construir, operar, mantener, explotar comercialmente y devolver” -a los 50 años- la central) “y se deriva de los resultados obtenidos del análisis de causa raíz realizado por la firma noruego-chilena Skava Consulting”.

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Concluyó EPM que, de acuerdo con la matriz de riesgos del contrato BOOMT, “los riesgos asociados al diseño y al diseñador-asesor son responsabilidad de Hidroituango S.A. E.S.P., sociedad de la que son sus principales accionistas el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA; el Departamento de Antioquia y EPM”.

Disputa de largo aliento

Poco tiempo pasó después del inicio de la contingencia para que saliera a la luz pública el tira y afloje por la responsabilidad de lo sucedido entre la Gobernación de Antioquia, como accionista mayoritario de la Sociedad Hidroituango a través del Idea, y EPM.

De hecho, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, ha sido reiterativo en su idea de hacer efectivas las cláusulas penales de apremio, basado en un estudio que el Dapard contrató con la Universidad Nacional para que estableciera las causas de lo sucedido entre el 28 de abril y el 12 de mayo de 2018, días en los que tuvieron lugar los principales hechos de la crisis.

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Dicho estudio, que sirvió de insumo para un libro publicado por Pérez Gutiérrez y titulado Errores constructivos de Hidroituango, le ha permitido al mandatario regional señalar que EPM es el responsable de lo sucedido en la obra, mientras que la entidad, que hace las veces de contratista, ha insistido en que no se ha establecido la responsabilidad de lo ocurrido.

“Este cruce de comunicaciones, esas cuentas de cobro que se han enviado, todo esto hace parte de un juego en el que todas las partes dejan constancia, todos dejan ver sus posturas, pero nadie va a pagar nada; nadie puede decir quién tiene la razón”, coincidieron en explicar los expertos consultados por ELMUNDO.com, quienes en razón de su ejercicio profesional prefirieron omitir su identidad.

De hecho, vaticinan, las aseguradoras también mostrarán sus cartas, pues “no se espera que se  allanen tan fácilmente” a las reclamaciones de EPM.

“Nadie va a aceptar una responsabilidad cuando no se sabe cuál es el valor; por eso este asunto va a ser de largo aliento y solo los jueces serán los que determinen en última instancia la responsabilidad de cada quien”, expresó otro de los consultados.

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Pero tal vez no sean solamente los jueces los que intervengan, pues en opinión de uno de los expertos, otro escenario al que se podría llegar sería un tribunal de arbitramento o un centro de conciliación, figuras ambas que no son de buena recordación para la sociedad antioqueña teniendo en cuenta los antecedentes de la disputa que por casi dos décadas enfrentaron el Metro de Medellín y el Consorcio Hispano-Alemán, Metromed, constructor del sistema de transporte masivo.

“La pregunta clave es quién demandaría a quién y por cuánto dinero. Porque el que demande se echa el conflicto a sus espaldas y, de alguna manera, acepta un grado de responsabilidad en lo sucedido”, según manifestó la fuente.

Lo que sí es claro es que esta disputa no se va a resolver en un solo campo sino por lo menos en dos distintos: el judicial, en el que se dirimirán los intereses de los afectados por la contingencia y los posibles responsables, y el administrativo, que puede derivar en el tribunal de arbitramento, en el que se dirimirán los intereses entre los posibles responsables.

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Ahora bien, según lo establecido por ELMUNDO.com, las responsabilidades que se podrían dirimir en el ámbito penal, que son las penales, las fiscales y las disciplinarias, podrían resolverse relativamente pronto pues sobre ellas recaen unos términos que ya están corriendo.

En este sentido, la Fiscalía y los jueces pueden intervenir, como de hecho ya está ocurriendo, para establecer responsabilidades de tipo penal; la Procuraduría deberá establecer cómo fue el ejercicio de las funciones de los directivos, los integrantes de juntas directivas y los gobernantes y, finalmente, la Contraloría General de la República tendrá que establecer el daño ambiental y, en sus averiguaciones, podría establecer responsabilidades también por parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y la Contraloría Seccional.

Otra es la historia con las responsabilidades patrimoniales, que son las que deberán establecer en algún momento quién debe pagar los platos rotos.

“Hoy no se sabe el valor del daño, pero si se sabe, porque la ley lo establece, que si en desarrollo de una obra pública se causa un daño, debe haber una reparación”, dijo uno de los expertos consultados por ELMUNDO.com.

Así las cosas, seguramente en las próximas semanas se seguirán conociendo comunicaciones y puntos de vista sobre lo ocurrido. De hecho, Integral anunció en su respuesta a EPM que desde el 27 de febrero tiene listo su propio estudio de causa-raíz, que se hará público una vez se culmine un informe complementario del mismo “que analiza algunos aspectos y deficiencias” del informe de Skava.