La inequidad es hoy el fantasma que ensombrece el mundo laboral en Colombia. En el país, dice Alicia Arango, ministra del Trabajo, el 44% de las personas que trabajan no cotizan para obtener una pensión, debido a que sus ocupaciones informales no están regladas por el Código Laboral, razón por la cual son invisibles para el sistema de seguridad social e incluso para el propio Ministerio de Trabajo.

A partir del reconocimiento de la enorme brecha que será particularmente vistosa cuando las personas lleguen a su vejez, la ministra Arango se ha propuesto activar la concertación para el reconocimiento y transformación de la informalidad laboral, de modo que sea posible generar oportunidades de acceso a los Beneficios periódicos para la vejez, Beps, para esos veinte millones de trabajadores que no están ahorrando en el sistema pensional.

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El camino empieza en el tripartismo

La apuesta que tiene la ministra Arango no es fácil de realizar. Se trata, según su criterio, de “avanzar en la defensa de un derecho, no de los excesos” de algunos. Significa que ella espera acuerdos que reconozcan que todos los trabajadores deberían acceder a un beneficio pensional una vez cumplida su edad de jubilación, lo que implicaría sacrificar algunos excesos.

¿Existe alguna amenaza a los trabajadores formales de hoy?, Alicia Arango no lo cree, pues considera que “los derechos adquiridos por los trabajadores se deben respetar, pero también es necesario entender que las formas de empresarismo y desarrollo laboral han cambiado”.

¿Qué significa la visión de la ministra para empresarios y trabajadores? Ella explica que está trabajando de manera permanente en la Mesa de concertación de políticas laborales y salariales, que antes apenas se reunía en diciembre para tratar de concertar, la más de las veces sin acuerdo, el salario mínimo.

El propósito de las reuniones, sobre las que anuncia que está contando con la presencia en el más alto nivel de los gremios económicos y el sindicalismo allí representado, es construir un acuerdo en el que empresarios y trabajadores, con la mediación y el apoyo del Gobierno, a la construcción de alternativas para el 44% de los trabajadores colombianos que “tiene ingresos por debajo del salario mínimo, están por fuera del sistema de seguridad social en salud y no tienen acceso a beneficios de vejez”.

Se busca, entonces, que para esas personas que tienen como única esperanza de futuro el acceder a los beneficios de Colombia Mayor, se puedan construir “los beneficios especiales pensionales”, que serán mecanismos “para dar un paso a la formalidad para los trabajadores que están en la informalidad y a quienes hay que diferenciar de la ilegalidad”.  ¿Quiénes son ellos?: los independientes, los que trabajan por cuenta propia, simplemente los que están en la total informalidad.

Legislar para la mayoría

La idea de que se creen estos beneficios especiales ha encontrado eco en los empresarios, que encuentran allí formas de generar oportunidades. Para el sindicalismo, la flexibilización, señala la ministra, genera temores de que llegue a convertirse en una forma de “precarización laboral”, temor que la ministra Arango desvirtúa mostrando el compromiso del Gobierno con la exigencia de que “las labores misionales se realicen bajo el contrato laboral”. La garantía de cumplimiento de este compromiso la respalda en las acciones realizadas en su cartera en procesos de formación, la mayoría de ellos virtuales, de los inspectores de vigilancia y control “para que tomen decisiones en el marco de la ley, no ideológicas, para que sean imparciales”.

A pesar de oposiciones y temores de los trabajadores sindicalizados, la ministra de Trabajo señala que el camino que recorre busca respuesta para el 65% de las empresas del país que son informales, así como para el 97% de las empresas del país que son pequeñas y medianas y que, a pesar de su tamaño, tienen al 80% de los trabajadores colombianos.

Para esas empresas pequeñas y medianas, la ministra propone otro camino de flexibilización: el de las normas de seguridad en el trabajo, dado que hoy se hacen las mismas exigencias a grandes compañías que a aquellas que no tienen las necesidades ni los recursos para inversiones locativas de alto costo.

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Mientras el diálogo social en la Comisión de Políticas Salariales y Laborales avanza, la ministra también busca iniciar conversaciones con los congresistas, para que conozcan y discutan lo proyectos de reforma integral a la protección a la vejez, que es la llamada reforma pensional, que espera presentar a finales de 2019; y el de normas de formalización laboral, que espera presentar en 2020.