Los participantes del diálogo entre el Gobierno y la oposición de Venezuela que se realizará desde este viernes y hasta mañana sábado en Santo Domingo, empezaron a llegar a la sede de la Cancillería del país vecino.

Los primeros en llegar fueron el canciller dominicano, Miguel Vargas, y el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero (izquierda en la imagen), quien junto con el mandatario dominicano, Danilo Medina, auspicia el diálogo.

Ambas partes se reunirán en un encuentro que se espera comience hacia el mediodía para iniciar una nueva ronda de negociaciones y buscar una salida a la grave crisis política y económica que atraviesa el país.

El canciller dominicano, Miguel Vargas, afirmó esta semana que ya están consensuados los seis puntos principales de la agenda del proceso de diálogo entre las dos partes, mientras que Medina dijo este jueves tener la esperanza de que en estas reuniones podamos sacar algo importante para el pueblo de Venezuela.

A este diálogo -al que se oponen líderes antichavistas como María Corina Machado o Antonio Ledezma, que lo consideran una estrategia del Gobierno- acuden los partidos con más diputados de la oposición venezolana, con la esperanza de lograr garantías electorales de cara a los comicios presidenciales previstos para 2018.

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Las conversaciones contarán con la participación de los países acompañantes del proceso, representados por sus cancilleres.

Chile, México y Paraguay son los países observadores del diálogo a instancia de la oposición, mientras que Bolivia y Nicaragua son los invitados por el Gobierno de Nicolás Maduro.

No obstante, Paraguay no participará en estas reuniones debido a los procesos internos en ese país por las elecciones del 17 de diciembre, según informó el pasado miércoles en Caracas un portavoz de la alianza antichavista Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

La alianza opositora MUD acudirá al diálogo con una delegación presidida por el jefe del Parlamento, Julio Borges, y en la que estarán representados sectores económicos y de la sociedad civil.

Por parte del Gobierno venezolano está previsto que asistan la presidenta de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez; el ministro de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez; el ministro de Educación, Elías Jaua; y el diplomático venezolano Roy Chaderton.

La oposición ha dicho que sus principales demandas en el diálogo son la apertura de un canal humanitario que permita el envío de medicinas y alimentos, un cambio en la composición del Consejo Electoral, la liberación de los encarcelados que consideran son presos políticos, y la restitución de unos poderes constitucionales de los que fue despojado el Parlamento.

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Abusos sistemáticos en Venezuela

Human Rights Watch (HRW) entregó a la Corte Penal Internacional (CPI) un informe sobre “abusos sistemáticos y generalizados” contra los opositores en Venezuela que elaboró con la organización venezolana Foro Penal.

“Hay una represión brutal que arranca en abril de este año, muy graves violaciones a los derechos humanos, abusos generalizados y cometidos de manera sistemática, detenciones arbitrarias masivas, torturas, ejecuciones, golpizas brutales, exceso en el uso de la fuerza, de proceder con tribunales militares, algo propio de las dictaduras militares”, indicó hoy el director para América de HRW, José Miguel Vivanco, en la presentación de la investigación, un trabajo exhaustivo de 73 páginas que documenta 88 casos de 314 personas en Caracas y 13 estados de ese país entre abril y septiembre de 2017.

HRW compartirá las conclusiones de la investigación con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, este viernes y espera que el documento sirva de insumo para el informe que prepara el equipo del excanciller uruguayo sobre las audiencias de Venezuela en el organismo.

Almagro promovió esa iniciativa insólita este otoño y se espera que en el próximo mes el panel de expertos independientes que nombró determine si hay base para denunciar a las autoridades venezolanas ante el tribunal de La Haya.

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Además de los testimonios de víctimas, militares, jueces y políticos recogidos en las audiencias, los expertos tendrán en cuenta el material aportado por organizaciones como HRW y otras entidades de la sociedad civil.

HRW empezó a trabajar en este informe en abril, cuando comenzaron las fuertes protestas gubernamentales en Venezuela, indicó hoy la autora del reporte, Tamara Taraciuk.

“Al cometerse los abusos en distintos lugares del país, por distintas fuerzas de seguridad, durante varios meses y en marcos controlados como instituciones militares, concluimos que los abusos son una práctica sistemática y generalizada”, explicó.

“El Gobierno dice que respondía a las manifestaciones violentas pero lo que vemos es una respuesta totalmente desproporcionada a lo que estaba ocurriendo en las calles. Los disparos a  quemarropa, con perdigones, canicas, vidrio, metal solo están destinados a causar dolor. Es un trato cruel, degradante y en algunos casos tortura", añadió.

HRW y Foro Penal cifran en más de 5.400 las detenciones arbitrarias en Venezuela desde abril y destacan la colaboración de "los colectivos armados por el Gobierno" con las fuerzas de seguridad en esta tarea.

“Hablamos de ciudadanos comunes, de a pie, que critican al Gobierno, también a través de Twitter, y eso los lleva a ser detenidos por los servicios de inteligencia”, apuntó la experta.

Lo que quiere HRW es que este informe sea utilizado para que los responsables sean llevados ante la Justicia y que, si el Gobierno de Venezuela demuestra que no quiere o no puede hacerlo, la comunidad internacional ejerza su responsabilidad.

“Ojalá que algunas de las personas que se mencionan en este informe estando en el extranjero puedan ser capturadas y procesadas por los delitos que se les imputan en múltiples informes, no solo los nuestros, sostuvo Vivanco.

“La Convención contra la Tortura en su artículo 5 dice que los países miembros tienen la obligación de juzgar o extraditar a personas implicadas en casos de tortura, por eso hacemos énfasis en los casos de tortura”, anotó Taraciuk.

HRW enfatiza que la responsabilidad de estos abusos llega hasta las más altas instancias del Estado.

“Todo eso no pasa sin que la gente se entere, saben o deben saber las más altas autoridades, la evidencia indica y sugiere que las autoridades o sabían o debían saber y no hicieron absolutamente nada ni para prevenir ni para sancionar, de esa manera es que nosotros construimos la responsabilidad estatal a los más altos niveles", concluyó la experta.