El Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Negret, denunció este viernes que luego de los acuerdos de paz la guerrilla del Eln, las disidencias de las Farc y el clan del golfo, ocupan territorios donde violan los derechos fundamentales en su interés de controlar el narcotráfico y la minería ilegal.

Así lo aseguró Negret en Tumaco en donde entregó el informe “Economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo”, elaborado con el apoyo técnico y financiero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

El funcionario solicitó al Gobierno adoptar medidas para prevenir y proteger a la comunidad ante hechos de violencia cometidos por grupos ilegales en varios lugares del país.

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El documento detalla que algunas regiones afectadas por la presencia de grupos armados ilegales que ejercen control sobre economías ilegales como el narcotráfico y la minería aurífera, son el corregimiento de Llorente en Tumaco y el casco urbano de ese municipio.

También ocurre lo mismo en las localidades de Argelia, El Tambo, Suárez, y algunos caseríos de Caloto y Corinto, en el departamento del Cauca; Buenaventura (Valle del Cauca); el caserío La Gabarra, y los municipios de Tibú y El Tarra (Norte de Santander), y en Tarazá, Caucasia y El Bagre, municipios de Antioquia.

“Estas zonas se han convertido en puntos de acopio y centro de transacciones en torno al narcotráfico, la compra ilegal de oro, negociaciones alrededor de insumos, precursores químicos, clorhidrato de cocaína y tráfico de armamento”, dijo Negret en un comunicado de su despacho.

Negret también dijo que es necesario realizar acciones de prevención, protección y disuasión de factores de violencia en sitios donde hay embarque de estupefacientes e importación de armamento, especialmente en puertos del Pacífico y localidades de la frontera con Venezuela.

Según el informe, las regiones del Bajo Cauca y el Nordeste de Antioquia se han convertido en zonas estratégicas para los actores armados ilegales porque sirven de corredor para el narcotráfico, al mismo tiempo que existen explotaciones ilegales de oro.

Allí, dice el informe, “se registran disputas entre el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”.

En cuanto a la minería ilegal, el Defensor dijo que los grupos armados ilegales, a través de hechos violentos, controlan “casi en su totalidad la explotación y comercialización del metal precioso desde la mina” en los departamentos de Chocó, Nariño y Cauca.

Recordó que en 2017 se extrajeron 587 kilos de oro de Tumaco, provenientes en su totalidad de mineros artesanales de los que dijo “son el eslabón más vulnerable a las acciones violentas de los grupos armados ilegales”.

Sólo para Tumaco, esto significa que durante el año pasado estos grupos obtuvieron de la minería ingresos entre 939.000 y 1,8 millones de dólares, a partir de la coacción sobre las comunidades que se dedican a esta actividad.