Las teorías de la representación política son cuatro: 1) uno gobierna por todos; 2) uno gobierna a todos; 3) algunos gobiernan a todos; y 4) algunos gobiernan por todos. Esta última teoría es la que se practica en la democracia representativa para gobernar el equilibrio entre los intereses múltiples y diversos de todos y el interés común asignado al Estado. Es la menos imperfecta entre todas las formas de gobierno conocidas porque aunque sabemos que su defecto estructural consiste en la imposibilidad de que coincidan los miles de intereses de la sociedad con el interés común asignado al Estado, también sabemos que la técnica más correcta para paliar ese defecto consiste en priorizar los intereses mas generales manteniendo el mayor grado de equilibrio posible, y estamos además avisados de que la forma más incorrecta y perversa de solucionar ese defecto -y la más usada-, consiste en priorizar los intereses mas fuertes, influyentes o propios, imponiendo un equilibrio falsete mediante la fuerza o el engaño.

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La democracia representativa es una modalidad de democracia política, que será más o menos perfecta dependiendo de: 1) la técnica que asegure transparencia y seguridad antes y despues del acto de elegir representantes; 2) el valor cualitativo y cuantitativo que se le asigne al elector; 3) el valor cualitativo y cuantitativo que se le asigne a los elegidos. 
Desde 1810 está legalmente instituida en Colombia esta forma de gobierno según la cual algunos gobiernan por todos. Pero existe un gran contraste entre el progreso de la democracia política cada vez mas incluyente y transparente, con el pobre desarrollo de la democracia social cuando se supone que van de la mano. 
Para explicar este aserto aclaremos tres conceptos. 1) El sufragio universal en su sentido mas moderno y democrático presupone la igualdad de las personas y por ello le asigna a cada persona un voto con independencia de procedencia, raza, sexo, creencia o condición social y económica. Solo desde 1957, es decir, hace 61 años, se practica en Colombia. 2) El voto cualificado o censitario es aquel cuyo valor depende de la calidad de los votantes y ésta a su vez de jerarquizaciones sociales, culturales, de género, de edad y otras. Si las personas no son iguales, no lo son tampoco los votantes ni los votos. Por ello la calidad del votante amplía o restringe el universo de electores. Si hay exclusión social hay exclusión electoral. En Colombia, hasta 1954 y con efímeras excepciones, el voto ha sido cualificado o censitario como expresión de diversas formas de jerarquización y de exclusión social. 3) La representación política es un sistema de gobierno indirecto según el cual algunos gobiernan por todos o representan a todos. Pero es muy distinta la representación basada en el sufragio universal igualitario a la del sufragio censitario porque con este solo una parte muy cualificada de esos “algunos” gobiernan por una parte muy cualificada de ese “todos” y aquellos pocos terminan gobernando para estos pocos aunque se engañe con la malapalabrosa generalización según la cual “todo el mundo” son los cuatro catrines que conforman la sociedad de las mejores personas. Pues bien, si contamos desde 1810 cuando fue instituido el sistema de representación política mediante elecciones, hasta 1954 cuando fue instituido el sufragio universal pleno, 144 años de la historia política de Colombia han estado conminados por el voto cualitativo.
Desde 1945 se amplió a plenitud el sufragio universal con el voto femenino y más aún cuando se incorporó la ciudadanía juvenil en 1975. Pero antes, desde 1810, se instituye un censo electoral que se mantendrá vigente hasta muy entrado el siglo XX con algunas variaciones y en el cual se califica a los electores (primarios, secundarios y terciarios) delimitados por territorio y representatividad desde la parroquia hasta la nación y jerarquizados por la propiedad y la renta. Las primeras tasas censitarias fueron de $500 de propiedad o $300 de renta anual para electores primarios y de $1.000 de propiedad y $500 de renta anual para secundarios. Además se excluyen del electorado primario esclavos, mujeres y analfabetas, aunque se exime de la exclusión electoral a los analfabetas ricos presumiendo que, al menos, leían letras de cambio. La república empieza, pues, como “rex” de ilustres machos ricos. Hasta 1853 el 5% de los hombres ejercía el derecho al voto, el otro 95% no participaba del sufragio por las restricciones legales, es decir, sociales.  A partir de ese año y hasta 1886 se produjo lo que se ha dado en llamar un “veranillo” porque aumentó el universo de votantes como consecuencia de una mayor inclusión social pero manteniendo modalidades del voto indirecto y censitario, aunque en la más radical época liberal federalista se dieron extraños y efímeros casos como el de la Provincia de Vélez donde se concedió el voto a las mujeres y a los jóvenes casados. Desde 1886  y hasta 1910 se mantuvo la ciudadanía para los hombres mayores de 21 y alfabetas, pero se reivindicaron calificaciones de electores basados en la propiedad ($1.500) o  renta anual ($500). Con algunas variaciones el sistema de voto cualificado se mantuvo hasta 1936. 

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¿Cómo explicar, pues, el contraste entre el hecho de que la muy poco selecta mayoría de hoy pueda votar de manera directa, fácil y cada vez más segura y sin las restricciones censitarias de 1810, pero siga votando con la cultura casi intacta de esa época? ¿Que, a pesar del progreso en la modernización y en la democratización del sistema representativo desde hace unos 61 años, la democracia social siga siendo censitaria como si no pudiera despegarse totalmente de 1810?