Por: Johanna Blanco Barreto*

“La educación es lo menos material que existe, pero lo más decisivo en el porvenir de un pueblo, ya que es su fortaleza espiritual” – Ernesto Sábato

Latinoamérica comparte muchos elementos en medio de su diversidad; parte fundamental de esas características compartidas son los retos actuales, de orden social, cultural, económico y político. Basta ver las noticias para decir la coloquial frase: “Si por allá llueve, por acá no escampa”.

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Gran parte de la solución ha estado frente a nuestros ojos: hay evidencia sobre el impacto que tiene la educación en el crecimiento, así como en el desarrollo económico y social de los países, así lo demuestran estudios como Accounting for Cross-Country Income Differences y The Role of Education Quality in Economic Growth, entre otros. En Colombia, por ejemplo, el gasto en educación tiene la mayor tasa de retorno o beneficio directo frente a la inversión. Dicho de otro modo, un mayor porcentaje del recurso invertido se traduce en cambios reales, que para el tema de educación se expresa en términos de desarrollo del capital humano y fortalecimiento de capacidades individuales y colectivas.

Así las cosas, la escuela tiene un llamado ético para contribuir en la formación integral de niños, niñas y adolescentes. La región exige ciudadanos con mayores habilidades para aprender de manera continuada, adaptarse, proponer, crear y ser capaces de vivir en sociedad.

Aunque se han hecho valiosos esfuerzos en los países para garantizar la cobertura, los datos continúan lanzando una alerta: Según cifras del informe Completar la rscuela de Unicef y Unesco en 2015, se debe mejorar la calidad de la educación de aproximadamente 117 millones de niños, niñas y adolescentes en edad de asistir a la educación inicial, primaria y secundaria básica.

En otras palabras, no basta con lograr que los niños vayan a la escuela; es imprescindible transitar del derecho a la educación, que tradicionalmente se ha asociado al acceso y a la permanencia, hacia el derecho a aprender, que incluye: (i) estar y permanecer en la escuela, a pesar de factores de exclusión y discriminación que afectan a niños y adolescentes como el área geográfica donde viven o el estrato socioeconómico al que pertenecen; (ii) garantizar que los estudiantes participen, como elemento determinante en la construcción de una ciudadanía activa, que les permita reflexionar, proponer y que sus ideas sean tenidas en cuenta; y (iii) aprender lo que es pertinente y relevante, que la escuela garantice la formación de ciudadanos con pensamiento crítico y con la capacidad para adaptarse a un medio cambiante.

Pero esto es posible con recursos, resultado de la corresponsabilidad del sector público, el sector privado y la sociedad civil. Aunque la inversión pública en educación ha aumentado en todos los países de Latinoamérica, según el BID, los gobiernos de la región, en promedio, aún solo asignan un cuarto del monto que los países de la Ocde invierten por alumno y, como es de esperarse, tienen resultados educativos mucho más bajos. Por otra parte, esta misma organización señala que, sin embargo, “saber cómo se gasta es mucho más importante que saber cuánto. Desembolsar más dinero no es necesariamente importante”. Es decir, se requiere de una distribución más equitativa y con mayor eficiencia para poder obtener mejores logros con los recursos que siempre son variantes.

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Orientados a garantizar el derecho a aprender, y analizando las cifras y datos de 14 países de la región, la Fundación Sura y la Red Latinoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Educación (Reduca), cuya representación para Colombia está a cargo de la Fundación Empresarios por la Educación, lanzarán el próximo 21 de mayo el documento Aprender es más: hacer realidad el derecho a la educación en América Latina, que visibiliza la situación de la educación y ofrece recomendaciones generales, a partir de los retos identificados y de las lecciones aprendidas en cada país.

Contar con esta información es de gran importancia para comprender de manera integral la situación de un derecho fundamental y motor de desarrollo de una sociedad como la educación. Es determinante tomar decisiones, tanto en las políticas públicas como para la inversión privada, basadas en la evidencia, a partir de datos lo más actualizados posible, y teniendo en cuenta las experiencias, los aprendizajes y los desafíos actuales.

*Asesora en la Fundación Empresarios por la Educación, una organización de la sociedad civil que conecta sueños, proyectos, actores y recursos para contribuir al mejoramiento de la calidad educativa.