La petición de la Comisión de la Verdad al Ministerio de Defensa para que entregue sus archivos a ese organismo civil, algunos de cuyos miembros no ocultan sus coqueteos con la extrema izquierda, tiene sustento en el Acuerdo final con las Farc y el decretó que dio vida a esa Comisión. En tales documentos se ha expresado la paridad que el gobierno Santos hizo entre el Estado y las Farc no sólo para negociar un acuerdo de paz, situación que siempre rechazamos, sino también para desarrollar las etapas de posacuerdo y posconflicto, en las cuales tal equiparación resulta contraria a la verdad, la historia y la interpretación de la ciudadanía sobre el conflicto, perspectiva que se ha expresado en las urnas en reiteradas oportunidades.

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Los comisionados, en cuya representación actúa su presidente, padre Francisco de Roux, se han amparado en el decreto presidencial 588 de 2017, que creó el organismo, para presentar una ambiciosa solicitud y, además, notificarla con carácter perentorio so capa de castigar a quien ose controvertir el pedido que, presentado en esos términos, es mandato. Dice el sacerdote que también la han hecho a las Farc y paramilitares, aunque tal solicitud no adquirió carácter público, situación que también exige analizar si las actuaciones de esa Comisión van a tener carácter privado, contrariando su sentido de ser centro de recopilación y análisis, preferiblemente sin sesgos ideológicos e intereses políticos, de las narrativas del conflicto hoy existentes, a partir de las cuales será necesario que Colombia reconozca el papel de los distintos actores y su impacto en la victimización y el daño a la sociedad.

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La solicitud ha despertado inquietudes que trascienden el espíritu del decreto del presidente Santos en el que se está amparando la Comisión y que tienen que ver con el riesgo que implica para las Fuerzas Armadas que la información sobre las decisiones de seguridad, que comprometen tácticas, formas de proceder y acciones todavía en curso contra los GAO residuales de las Farc, el Eln y otros grupos criminales, pierda el carácter de reservada que garantiza que el Estado pueda responder por su obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos respetando los derechos humanos. Las inquietudes crecen razonablemente con la evidencia de que la información sensible puede filtrarse de la Comisión. Ahora, si lo que se pretende es identificar e individualizar a los miembros de la Fuerza Pública responsables de burlar su juramento, esto le corresponde conocerlo a la justicia y la JEP.

Esta clase de solicitudes y actuaciones de la Comisión de la Verdad, lo mismo que las de la JEP, deben ser discutidas por la opinión pública e incluso deben ser de aquellas que el país debe poder exigir revertir de ser necesario. Todo ello ha de lidiarse en el terreno de la argumentación y la racionalidad que debe reconocer la profunda diferencia existente entre las Farc, los paramilitares y las Fuerzas Armadas, pues estos últimos actuaron con la legitimidad de la democracia para defender a la sociedad y han tenido que enfrentar y soportar fallas de algunos miembros que fueron o tendrán que ser judicializados. Una discusión en estos términos debe conducir a auto-reformas o a reformas a la Comisión que le den su verdadero carácter de constructora de las narrativas de la verdad.

En este discutido proceso, el padre Francisco de Roux ha actuado como presidente de la Comisión, o sea como su legítimo vocero. Y lo ha hecho estando de acuerdo con un criterio que, por cierto, representa las dudas y desconfianzas que el país le conoce sobre la clase política, sectores del empresariado y el Estado, así como en expresión de su opción por los pobres. Tener unos ideales y actuar siguiéndolos es legítimo y contribuye a la discusión en democracia. Por eso se extraña, y lamentamos, la manipulación, denunciada por el sacerdote jesuita, del video de una intervención suya reclamándole al Eln cesar la guerra y parar la criminalidad. Además de constituir difamación y seguramente un delito, tergiversar las palabras de una persona que no se ha ocultado para expresar sus ideas es destruir las posibilidades de la argumentación racional que Colombia está reclamando como sustento de la convivencia.

Comentarios:

Álvaro
2018-07-17 11:09:02

¿A quién si no a un gobierno irresponsable, se le ha ocurrido el exabrupto de igualar al Estado de Colombia con un grupo de criminales llamado FARC? Los efectos de ese acuerdo perverso ya se ven. La JEP suspendió la orden de extradición de Santrich, a quien también debieron aplicarle una extradición con proceso fast track y, ahora, la Comisión de la Verdad, creada para que la guerrilla criminal cuente su verdad, le reclama archivos confidenciales a nuestro Estado. ¿A dónde van a llevar la dignidad de nuestro país?

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