Entre los puntos que conforman el acuerdo firmado hace un año entre el Gobierno y las Farc, el correspondiente al fin del conflicto es el que encierra los que, hasta el momento, podrían denominarse como avances más significativos durante este año de implementación; el cese definitivo del fuego y la dejación de armas por parte de las Farc.

Este hecho, según destaca el instituto Kroc (órgano acordado por las partes para el monitoreo)  ha permitido reducir la violencia como resultado de la confrontación entre el Gobierno y las Farc a niveles casi imperceptibles, señaló el alto comisionado para La Paz, Rodrigo Rivera, consultado por EL MUNDO.

Rivera agregó que cerca de 11.800 excombatientes han recibido la acreditación como miembros de las Farc, la cual les abre la puerta a proceso de bancarización, el pago único de normalización (dos millones de pesos) y pagos sucesivos mensuales equivalentes al 90 % de un salario mínimo, de los cuales han recibido cuatro hasta la fecha.

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La reincorporación a la vida civil, según indicó el funcionario, se ha empezado a notar en hechos como la entrega de 8600 cedulas nuevas, la afiliación al Sistema de Seguridad Social (salud y pensiones) y la realización de tres censos que marcan  la ruta de reincorporación, partiendo de su nivel de alfabetización, su condición de salud y su saber hacer, de cara a una reintegración productiva.

Al respecto, Joshua Mitrotti, director general de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), agregó que el  proceso de desarme concluyó el 15 de agosto  y desde el día siguiente inició el proceso de reintegración de excombatientes. “Venimos haciendo un trabajo en construir confianza, resolver problemáticas y avanzar en garantías de los derechos de los  excombatientes  para que tengan un regreso armónico a la vida civil”, precisó.

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El politólogo Daniel Castaño Zapata, director de la Maestría en Conflicto y Paz de la Universidad de Medellín, apuntó a la reintegración como un punto trascendental de los acuerdos, “partimos de la idea de que hay tres dimensiones en un posacuerdo; una institucional que se refiere a lo normativo; una social que se refiere a la forma como la sociedad civil y las instituciones estamos recibiendo y permitiendo la llegada de los excombatientes y una subjetiva que es cómo los excombatientes sienten que son percibidos y logran incorporar en su forma de vida las lógicas de la vida civil”.

El académico señaló que en el último año se ha presentado una situación paradójica, dado que, por una parte, el hecho de haber participado en las dinámicas de la guerra, hace que la sociedad civil guarde, frente a los excombatientes, ciertas reservas y se presente un asunto de exclusión, “se percibe en ellos a sujetos criminales y un hecho casi representativo es que muchos entraron a la guerra tras haber vivido procesos de exclusión y al abandonarla se pueden ver enfrentados nuevamente a este escenario”, indicó.

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En consonancia, Mitrotti apuntó que “para no revivir casos de exclusión presentados luego de negociaciones anteriores, actualmente se está trabajando en cinco componentes: salud, enfocado en apoyo psicosocial y pensiones; formación académica, formación para el trabajo, iniciativas artísticas, culturales o deportivas y acciones comunitarias en las que ha habido un avance de formación en economía solidaria”.

Por su parte, Castaño se refirió a la política de reparación de victimas como un hecho determinante en la adecuada reincorporación de excombatientes. “Socialmente no se niega la solidaridad frente a procesos de reintegración sino que esa solidaridad se condiciona a los procesos de asistencia a víctimas y cuando estos últimos no son iguales o mejores a los que están recibiendo los excombatientes, la sociedad no le confiere legitimidad al acuerdo y va a leer como injusta la asistencia a los excombatientes”, concluyó.