Juan Pablo Cortés Herrera*

De acuerdo con un informe publicado el 26 de julio de 2019 por el Indepaz (Instituto de estudios para el desarrollo y la paz) desde la posesión del actual presidente de nuestra república Iván Duque Márquez ocurrida el 7 de agosto de 2018 hasta la pasada fecha del 26 de julio de 2019, han sido asesinados 229 líderes y lideresas sociales en nuestro país; una cifra más que alarmante si se tienen en cuenta los sucesos políticos que han acontecido antes de que tal cantidad de defensores de los derechos humanos, civiles, políticos, culturales y económicos fueran asesinados de manera sistemática.

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Nuestros defensores de los Derechos humanos y líderes sociales han sido generalmente asesinados por sicarios o presuntos militantes de grupos armados al margen de la ley presentes en nuestro territorio. En muchos de los casos, antes de que fuesen asesinados, los líderes sociales eran amenazados apelando a sus idearios, presentando su labor como negativa y necesariamente contraria a la de los distintos grupos ilegales que perviven en cada recodo de nuestro país y que en su mayoría poseen una ideología de extrema derecha que reniega de cualquier reclamo ante el Estado y ante los líderes políticos, que reniega de la defensa de los derechos de las poblaciones afectadas por el conflicto de nuestro país (destacando necesariamente a nuestras poblaciones indígenas, afros y campesinas sometidas todas al dolor y la humillación), y, del disenso y odia la divergencia.

Entre noviembre de 2016, cuando se firmó el histórico acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-ep, y el mes de julio del presente año, han sido asesinadas 627 personas involucradas en la defensa de nuestra gente, sobre todo en los departamentos del Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Norte de Santander y Córdoba. De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo son 462 los líderes que han matado, y a pesar de que aparentemente el Gobierno Nacional está dispuesto a atender a esta problemática, afirmando que se deben mejorar las medidas de protección para los líderes amenazados, los asesinatos no paran de ocurrir y es que ante las denuncias de estos actores de paz parece hacerse caso omiso, de tal manera que sólo se sabe de las amenazas una vez que los líderes han muerto.

El presidente Iván Duque Márquez afirmó en mayo de este mismo año que los asesinatos de los líderes sociales han disminuido, según informes que la Fiscalía le habría proporcionado. Podemos entonces preguntarnos ¿realmente se han implementado las herramientas necesarias para que no sigan ocurriendo estos asesinatos?, la respuesta parece ser una rotunda negativa, pues la voluntad de paz luego de que el actual presidente ganara las elecciones (como fuese que las ganara) y luego de su posesión, parece haberse ido a pique pues entre los 229 líderes sociales asesinados había 55 exguerrilleros de las ya desmanteladas Farc-ep al igual que han sido asesinados otros 138 exguerrilleros en proceso de reincorporación y 36 familiares de exguerrilleros de esta misma organización.

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Es lamentable que nuestro actual presidente considere de mayor prioridad fortalecer y establecer relaciones económicas con otros países que atender las propias necesidades en materia de seguridad y calidad de vida para nuestros campesinos, nuestros indígenas, nuestras comunidades étnicas y sus defensores. Es también lamentable que el presidente parezca hacerse el ciego sobre los asesinatos que ocurren continuamente. No ha terminado el año que corre y muertos cada vez hay más. La pregunta que debe quedarnos es: ¿hasta cuándo va a seguir pasando esto? ¿hasta cuándo lo vamos a seguir permitiendo? y ¿hasta cuándo el gobierno va a fingir interés en este asunto?

Estudiante de filosofía, UDEA