Kimberly Cardona Grajales*

Ser un defensor y defensora de los derechos humanos es un riesgo a nivel internacional
En países como Turquía, China, Filipinas, Rusia, Colombia, Malasia y en muchos otros, emprender una labor en pro de la defensa de los derechos humanos es un acto de valentía, ya que en estos lugares no se cuenta con las medidas necesarias de protección para las personas que asumen esa vocación. Los riesgos a los que se enfrentan los defensores de los derechos humanos van desde amenazas, palizas, campañas de desprestigio, troleo, enjuiciamientos por cargos falsos hasta desaparición forzada, y asesinatos. Estos actos mencionados anteriormente son perpetrados por “agentes estatales” y por “agentes no estatales”. Los “agentes estatales” justifican sus actos de agresión hacia los defensores de los derechos humanos en nombre de “la seguridad nacional”, y los “agentes no estatales”, como empresas privadas de seguridad, grupos armados y grupos de delincuencia organizada, en la supremacía de sus intereses particulares, sin olvidar que en muchos casos los grupos armados y de delincuencia organizada reciben apoyo estatal para perpetrar actos atroces en contra de los defensores y la sociedad civil, es decir, que ambos muchas veces actúan de común acuerdo. 

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Pero ¿por qué los defensores de los derechos humanos son hostigados en todo el mundo?  Básicamente porque representan un peligro exponencial frente a los intereses particulares de los “agentes estatales” y “agentes privados”. Ya que los defensores ponen sobre la mesa la importancia de no pasar por encima de los derechos civiles de una población. Se les percibe como una amenaza porque denuncian, cuestionan, visibilizan y exigen los perjuicios que producen en las comunidades las decisiones y acciones públicas o privadas, porque denuncian los actos de violencia contra la población y la corrupción de lo público. Ellos dificultan obtener el dominio total o parcial de un territorio y de la sociedad. Por esta razón se vuelven blanco de múltiples peligros que atentan contra su vida. 
La primera problemática que se puede identificar es la poca atención estatal que se le da a los homicidios masivos de líderes sociales que en su mayoría se movilizan por las defensa de los derechos humanos. Y en segundo lugar la incompetencia de entidades como la Unidad Nacional de Protección (UNP) se queda corta a la hora de abarcar las problemáticas de numerosos líderes sociales que se encuentran en peligro mortal. 
Esto se puede evidenciar con el caso  de Bernardo Cuero Bravo quien fue asesinado el 8 de junio de 2017 en Malambo-Atlántico; perteneciente a la Asociación Nacional de Desplazados había sufrido amenazas y ataques en numerosas ocasiones por su trabajo de defensa de los derechos humanos; se dirigió a la UNP para dar solución a esta problemática y pese a sus reiteradas solicitudes esta entidad no le había asignado medidas de protección para preservar su vida. El Estado es responsable de proteger, abordar de manera efectiva las denuncias y de garantizar que los defensores lleven a cabo su labor en un entorno seguro.

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* Estudiante
Universidad de Antioquia