La decisión del Senado de la República ante propuesta del partido Cambio Radical, de introducirle un listado de inhabilidades a los candidatos ya seleccionados, para la Justicia Especial para la Paz –JEP– y que obviamente les impediría a algunos de ellos tomar posesión del cargo, es un exabrupto que algunos no entendemos y que envía un mensaje muy preocupante tanto dentro del país, como fuera de él.

“De acuerdo con lo aprobado, ninguno de los juristas –ya elegidos–que haya tenido vínculos con procesos relacionados con el conflicto, que hayan llevado procesos legales en contra del Estado o que hayan participado de la negociación del Acuerdo de Paz, todo esto durante los últimos cinco años, no podrán posesionarse como magistrados”. (El Espectador noviembre 16/17). Alarma que ser defensor de derechos humanos se convierta en un baldón para quien lo ejerce. Increíble que un Estado que se precia de ser Social de Derecho y protector de los derechos humanos incurra en semejante despropósito.

¿Qué pensarán allende nuestras fronteras con semejante decisión? Deja un pésimo sabor pensar que Cambio Radical es hoy una opción de poder cierta y que tan poca estima tenga por los profesionales del derecho que han defendido con ahínco la vigencia y el respeto por los derechos humanos. ¿Qué podremos esperar los colombianos de un hipotético gobierno de quienes así procedieron en el Senado de la República? Me resisto a creer que Germán Vargas Lleras y lo digo por conocimiento de causa, tenga este tipo de concepciones.

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Otro adefesio es prohibirles a juristas que hayan participado de la negociación del Acuerdo de Paz llegar a la JEP. En ese orden de ideas deberían pensar en ampliar la inhabilidad para quienes aspiren a ser congresistas o presidentes de la República. Raro disponer que no puedo ser magistrado de un tribunal especial pero si primer magistrado de la nación, si participé en una negociación para lograr la paz en Colombia. Le hubiera resultado más fácil y cómodo al Senado de la República disponer que solamente puedan acceder a la JEP quienes sean declarados enemigos de la paz.

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Afortunadamente quedan dos espacios para enmendar semejante estropicio: los debates en la Cámara de Representantes y el control previo de constitucionalidad que sobre leyes estatutarias, como es el caso que nos ocupa, debe hacer la Honorable Corte Constitucional antes de la sanción presidencial y la vigencia de la ley. Estoy seguro, como lo afirmó la presidente de la JEP, doctora Patricia Linares, de que algunas de estas inhabilidades no resisten el menor análisis de constitucionalidad. Así lo han afirmado igualmente connotados constitucionalistas que ya se han pronunciado sobre el tema.

Legisladores extraños que repudian a sus defensores de derechos humanos, cuando deberían protegerlos y llevarlos a las altas dignidades para que honremos los mandatos constitucionales que pregonamos defender.