Apenas unos minutos después de que la Justicia Especial para la Paz (JEP) le anunciara al país y al mundo la garantía de no extradición para el exjefe de las Farc alias jesús santrich, solicitado por la justicia de Estados Unidos por narcotráfico, el Fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez Neira, renunció irrevocablemente a su cargo mientras que la Procuraduría General de la Nación anunció que apelará la decisión de esa instancia de la justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Santos y el hoy desmovilizado grupo guerrillero.

Alias santrich, hoy recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, fue capturado por la Fiscalía el 9 de abril de 2018 tras ser señalado y requerido por un juzgado de Nueva York de participar en el envío de droga a Estados Unidos, según las autoridades, en hechos ocurridos después de la firma del Acuerdo de Paz, por lo que perdería todos los beneficios consignados en ese documento firmado para la terminación del conflicto, pero que según el exguerrillero “se trata de un montaje orquestado por la DEA y la Fiscalía colombiana”.

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Garantía de no extradición

En un comunicado, la Sección de Revisión de la JEP anunció que mediante decisión mayoritaria aprobada hoy -tres votos a favor y dos en contra-, resolvió “aplicar la garantía de no extradición a favor de Seuxis Paucias Hernández Solarte”, alias jesús santrich.

Agrega la información que esa decisión de no extradición se fundamentó en que la Sección no pudo evaluar la conducta para determinar la fecha precisa de su realización, dado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América no remitió las evidencias solicitadas y a que en las interceptaciones telefónicas de otro caso enviadas a la JEP por la Fiscalía no se reveló la conducta atribuida a Hernández Solarte en la solicitud de extradición.

Dijo la JEP que para la Sección de Revisión, el juzgamiento del compareciente en Colombia es la manera más efectiva de garantizar la consolidación de una paz estable y duradera, y el goce de los derechos del solicitante de la garantía de no extradición, en cuanto a su seguridad jurídica, y también los derechos de las víctimas a la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No Repetición.

Asimismo, la Sección de Revisión de la JEP le ordenó al Fiscal General de la Nación disponer la libertad inmediata de Hernández Solarte.

También, la Sección de Revisión determinó que Hernández Solarte siga a disposición de la JEP conforme al régimen de condicionalidad que les exige a todos los comparecientes, entre otras cosas, aportar a la verdad plena, la no repetición, la no reincidencia y la reparación a las víctimas.

Renuncia irrevocable

“Progresivamente se consolida en Colombia un estado de cosas antijurídico que conjura contra el estado de derecho y expone a la sociedad frente al crimen, en medio de las advertencias de la Fiscalía General de la Nación. En el futuro la reincidencia en el secuestro y la extorsión, entre otros delitos, podrá convivir con los privilegios de la justicia transicional; en adelante los delitos permanentes de narcotráfico no podrán ser investigados por la justicia ordinaria y se juzgarán por la JEP con un sistema de beneficios, pese a que el colectivo social está amenazado como nunca por el cultivo y tráfico ilícito de drogas; las facultades de investigación de la Fiscalía respecto de los crímenes ocurridos durante el conflicto quedaron emasculadas y se abrió una puerta falsa para restringir la extradición. ¡¡¡Todo esto en nombre de la paz!!!”, observó el ahora exFiscal General Martínez Neira al comunicar su renuncia.

En ese mensaje indició que “la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz adoptó una decisión que desafía la evidencia aportada por Estados Unidos y por esta Fiscalía; hace trizas la cooperación judicial internacional; desdice de las obligaciones contraídas por Colombia en los tratados internacionales sobre la materia; confronta abiertamente la Constitución Política (art. 19, A.L. No. 1 de 2017) y, lo más grave, destruye la muralla que construyó el Acuerdo de Paz entre la reinserción y el narcotráfico, cuya promiscua relación constituye una amenaza para la democracia”.

Y ante ese panorama, con voz enérgica, exhortó “a la ciudadanía a movilizarse con determinación por el restablecimiento de la legalidad y la defensa de la paz, en un marco de justicia especial que exhale confianza para todos los colombianos y no para unos pocos y, particularmente, para todas las víctimas del conflicto”.

Y a la renuncia del Fiscal inmediatamente se sumó la renuncia de la vicefiscal María Paulina Riveros.

La Procuraduría apelará

Ante estos hechos, la Procuraduría General de la Nación anunció que apelará inmediatamente la decisión de la JEP porque considera que la competencia para continuar con el estudio de este caso de alias Santrich le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, dado que los hechos investigados ocurrieron con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz.

El ministerio público, en cabeza de su titular, Fernando Carrillo Flórez, indicó que “este trámite se inició en abril de 2018, desde entonces la Procuraduría ha insistido en que la Sección de Revisión de la JEP cuenta con los elementos probatorios suficientes para verificar la fecha de ocurrencia de los hechos, por los cuales alias santrich es solicitado en extradición por el Tribunal del Distrito Sur del Estado de Nueva York en los Estados Unidos, requisito indispensable para la concesión de la garantía de no extradición”.

Apuntó que la Procuraduría ha sido enfática en que la acusación de la autoridad judicial extranjera contra alias santrich goza de presunción de legalidad; y que la valoración de las pruebas que reposan en la JEP deben orientarse a establecer si los hechos investigados ocurrieron con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz.

Insistirá el Ministerio Público que, de acuerdo con las reglas de procedimiento de la JEP y las normas ordinarias que regulan el trámite de extradición, el caso de alias santrich debe continuar su estudio ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que tendrá la decisión final sobre la situación jurídica del ex guerrillero; asimismo, reiterará la importancia de que se protejan y ponderen los derechos de las víctimas en los procedimiento que siguen.

Fevcol pide una constituyente

La decisión de la JEP también motivó un enérgico pronunciamiento de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc -Fevcol-, que dicen sentirse burladas y atropelladas por “un sistema de justicia que brinda total impunidad a las Farc”.

“El primer paso que hemos decidido dar es pedirle al señor presidente Iván Duque que convoque a una constituyente lo más pronto posible, porque vemos que ya no hay ninguna garantía para las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición en el marco del sistema de justicia transicional”, dijo el director de Fevcol, Sebastián Velásquez.

Manifestó, además, que “lo único que queremos decirle al Gobierno y al Congreso es que se unan al apoyo a las víctimas y a los colombianos que rechazamos enfáticamente la burla y los atropellos que la JEP y sus magistrados están haciendo con las víctimas”.

"Por eso nos unimos a las muchas voces que hoy claman al Gobierno convocar una constituyente, porque no hay ninguna garantía para las víctimas en la implementación del Acuerdo de Paz”, aseguró.

Comentarios:

Adolfo Muñoz Acosta
2019-05-19 11:13:08

El Sr, Nèstor Humberto Martìnez Neira, es un fiscal con muchìsimos lios y conflictos por la corrupciòn que como abogado de Corficolombiana y el grupo Aval, conociò y patrocinò desde su estatus de abogado. Los Colombianos, en un 98%, lo consideramos muchìsimo màs inmoral y dañino que Jesus Santrich.

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