Dudas, contradicciones puestas en evidencia y desproporción en lo actuado, son razones suficientes para reclamar que los pasos siguientes en esta causa sean dados con celeridad, máximo apego a la ley, así como respeto a los antioqueños y su mandatario.
Desde todos los sectores ha sido contundente el reconocimiento a la trayectoria de Aníbal Gaviria como servidor público transparente, institucionalista y garante de los derechos de la
Los amplios e inequívocos mensajes de gobernantes, instituciones, gremios, líderes públicos, y ciudadanos conscientes, interrogando la orden de detención preventiva domiciliaria contra Aníbal Gaviria Correa coinciden en ofrecer su confianza en el gobernador de Antioquia y demandar de la Fiscalía, proporcionalidad, celeridad, respeto a los derechos del investigado y objetividad, calidades mínimas del servicio de justicia.
Desde todos los sectores ha sido contundente el reconocimiento a la trayectoria de Aníbal Gaviria como servidor público transparente, institucionalista y garante de los derechos de la ciudadanía. Estas voces nos llenan de orgullo como sus gobernados, y también, como lo hemos dicho en distintas ocasiones, como el periódico en el que inició su carrera profesional como gerente y editor general, en tanto miembro de la familia Gaviria Correa, que hasta 2010, año en que cedió sus acciones a FundaMundo, fue propietaria de EL MUNDO.
Además de su voz de confianza a la figura del gobernador y reclamar que no se afecte al departamento en un momento tan crítico como el de la pandemia por covid-19, las instituciones han expresado importantes interrogantes sobre la actuación del investigador.
Aunque en su directiva 001 del 4 de junio de 2020, el fiscal Francisco Barbosa señaló que “sólo en casos excepcionales, y luego de que el fiscal de conocimiento haga una valoración exhaustiva, pueden solicitarse medidas de aseguramiento”, al día siguiente fue él mismo quien anunció a medios de comunicación la orden de detención domiciliaria al gobernador Gaviria Correa. La actuación es, pues, incoherente, como destacó el comunicado de Proantioquia. Y es desproporcionada, considerando que el mandatario ha asistido a todas las diligencias convocadas por el investigador, aportando en ellas la información solicitada. En ese mismo sentido, no se explica cómo el espectáculo mediático y la detención domiciliaria, con suspensión del cargo, contribuirían a que el investigado explique sus actuaciones; entre tanto, lo obtenido es afectar una noble carrera de servicio público al país y debilitar el importante desempeño de la Gobernación de Antioquia en el manejo de una crisis inédita para la humanidad.
El proceso por el cual se encausa a Aníbal Gaviria Correa se refiere a actuaciones de su primera gobernación, entre los años 2005 y 2007. Han sido, pues trece años de demora injustificada que desdice de todas las declaraciones de interés en la lucha contra la corrupción. Son razonables las suspicacias sobre la forma como se ha llevado el proceso y el momento de toma de una decisión que crea una situación injusta para el afectado y la ciudadanía despojada del gobernante que estaba tomando las mejores decisiones en la crisis presente, además de que también se convierte en medio para disuadir a los ciudadanos honestos de cualquier interés en prestar un servicio público a la sociedad, dejando el camino abierto a quienes, por el contrario, ven el erario como coto de caza. Después de las largas, corresponde ahora a la institución atender el llamado a actuar con prontitud en un proceso que genera inestabilidad al departamento.
La decisión tomada y la forma mediática como se la presentó contrarían principios elementales del derecho como el de la presunción de inocencia del investigado, al presentarlo como responsable ante la opinión pública, cuando la investigación se encuentra en etapa inicial, e imponerle una medida "preventiva" que más bien parece una condena anticipada. El efecto de esta forma de actuar es el error de llevar al público a pensar que el investigado debe demostrar su inocencia, cuando en realidad, es al poderosísimo ente investigador al que le corresponde demostrar si hubo delito en los contratos objeto de investigación.
Por inoportuna, mediática y desproporcionada, la Fiscalía despierta dudas sobre la objetividad y juridicidad de las decisiones adoptadas en este proceso y, consecuentemente, generan preguntas por las verdaderas intenciones tras una medida que ha provocado daño irreparable a la persona y los cercanos a Aníbal Gaviria Correa, y ha puesto en peligro la buena marcha de la Gobernación, en momentos críticos como los presentes. Riesgo que atinadamente se redujo al permitir que el Departamento quedara bajo la guía de Luis Fernando Suárez, leal coequipero del gobernador Gaviria Correa.
Dudas, contradicciones puestas en evidencia y desproporción en lo actuado, son razones suficientes para reclamar que los pasos siguientes en esta causa sean dados con celeridad, máximo apego a la ley, así como respeto a los antioqueños y su mandatario.
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