Electricaribe suministraba electricidad a 2,5 millones de clientes, muchos de estos de bajos recursos económicos, en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar, Córdoba, La Guajira y Sucre.
El contralor general, Edgardo Maya estimó que el "daño fiscal" ocasionado por Electricaribe, filial de la española Gas Natural Fenosa, puede superar los $200.000 millones (US$66,4 millones), y no los US$25,9 millones estimados inicialmente.
"Nosotros consideramos en nuestros cálculos que esos son más de $200.000 millones", declaró Maya e indicó que revisarán las cuentas de los últimos cinco años, por lo que consideró que "va a ascender a un costo mayor".
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La Contraloría dijo la semana pasada que investiga si Electricaribe utilizó indebidamente esos dineros de los subsidios para disminuir sus pérdidas en el país.
"La norma dice que esos dineros tienen que ir a los estratos 1 y 2. No, ellos no los enviaron, se quedaron con los dineros, entonces ese es un tema de falta de cumplimiento de las normas legales", agregó el contralor, quien consideró que "eso origina" un "daño fiscal".
Maya aseguró que procederán a la apertura de un "juicio de responsabilidad fiscal" a los "responsables de estos dineros".
"Esos dineros son públicos, esos dineros son de los colombianos, esos dineros no son de la concesión, esos dineros los entregaba el Estado colombiano para que los transfiriera para aliviar el costo de las tarifas de la población más pobre de los siete departamentos de la costa", agregó el funcionario.
Ante las denuncias de la Contraloría, Gas Natural Fenosa ha negado que su filial Electricaribe, intervenida en noviembre pasado y ahora en proceso de liquidación, usara dinero público destinado a subsidiar a usuarios de bajos recursos para disminuir sus pérdidas en el país.
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El Gobierno ordenó el pasado 14 de marzo la liquidación de Electricaribe, cuatro meses después de que fuera intervenida y luego de una fallida negociación para intentar una solución concertada con Gas Natural Fenosa.
En respuesta a la liquidación, la compañía española dio a conocer su intención de reclamar 1.000 millones de euros (US$1.155 millones) al Gobierno a través de una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), que depende del Banco Mundial.
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