A menos de cincuenta días para terminar el actual período presidencial, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, a través de su ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dio a conocer la estrategia “Documento blanco para la erradicación de cultivos ilícitos en Colombia: plan quinquenal 2018-2023”, en cuya presentación saltan a la vista dos hechos que no podemos dejar pasar desapercibidos: en primer lugar, el Gobierno termina por reconocer el aumento de los cultivos ilícitos, especialmente durante las negociaciones de paz con las Farc en La Habana y, en segundo lugar, deja en evidencia que no posee cifras precisas sobre el número de hectáreas cultivadas con hoja de coca en el país, lo que subsanó, en un súbito alarde de improvisación, con un ajuste “a ojo” de las cifras emitidas por Naciones Unidas sobre la situación de 2016, según las cuales las hectáreas cultivadas con hoja de coca en el país ascendían a 148.000.

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En declaraciones dadas ayer a la emisora Blu Radio, el ministro Villegas afirmó que “a eso le sumamos 30.000 (hectáreas) que creemos es lo que ha aumentado el problema”. A decir verdad no sabemos qué nos genera mayor desconfianza: si del hecho de que el Gobierno, que se empeñó durante los últimos años en negar el crecimiento de los cultivos ilícitos, salga ahora a admitir que los mismos se han incrementado “para evitar la controversia de si subieron o no”, según lo afirmó el mismo Villegas el jueves durante la presentación del llamado “Documento Blanco”, o de las cifras con las que, sin rigor ni fundamento alguno, y como a la carrera, se construyeron los cronogramas, los presupuestos y la asignación de recursos humanos, económicos y tecnológicos para poner en marcha la nueva estrategia.

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El peritaje oficial, que ha tasado en 180.000 las hectáreas cultivadas con hoja de coca, puede ser fácilmente cuestionado, no solo por el hecho ya señalado de que no tiene bases en las cuales sustentarse sino porque el dato no guarda relación con los Resultados del Monitoreo de la Deforestación 2017, presentados por el Ideam el mismo jueves y según los cuales el fenómeno creció en 41.376 hectáreas entre 2016 y 2017, pasando de 178.597 a 219.973. De modo que el aumento del territorio cultivado con hoja de coca bien puede ser mucho mayor, especialmente si se tiene en cuenta que, según el mismo informe oficial, los cultivos de uso ilícito son uno de los núcleos principales de la deforestación, directamente asociado con la producción de coca, la consolidación de economías ilegales y la reconfiguración de actores armados.

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Estos tres fenómenos, que conforman una de las cadenas de eventos asociados a la deforestación junto a la expansión de la frontera agropecuaria, la tenencia y renta de predios con expectativa de titulación o valorización, la extracción ilegal de minerales, las obras de infraestructura y la extracción de madera, están directamente asociados a otro indicador del informe del Ideam denominado “Posibles factores de aceleración” de la deforestación que incluyen: 1. Usurpación de baldíos de la nación. 2. Desafíos en la implementación de los acuerdos de paz. 3. Cambio en las reglas locales de uso del suelo (presencia/ausencia actores armados). 4. Inversiones para realizar talas y quemas "controladas" en amplios territorios, incluso en PNN (Parques Nacionales Naturales). 5. Necesidad de locales de mejorar la conectividad entre centros poblados históricamente aislados. 6. Flexibilidad de los procesos notariales para la compraventa de tierras. 7. Intereses especulativos sobre la tierra y 8. Programas que funcionan como incentivos perversos.

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Con relación a los factores 2  y 3 de aceleración vale anotar que el propio ministro Luis Carlos Villegas reconoció en su entrevista con Blu Radio que “hubo una zona gris entre 2013 y 2015 cuando se dispararon los cultivos”. Fueron los tiempos del desescalamiento del conflicto con las Farc, lo que conlleva el reconocimiento de la trampa que la guerrilla le hizo al Gobierno, pues si entonces el crecimiento de las hectáreas cultivadas fue del 100%, al pasar de 50.000 a 100.000, no se puede decir que esto fue obra de las disidencias o de los nuevos  jugadores ilegales llegados a los territorios abandonados por la guerrilla, pues para entonces los combatientes de las Farc no se habían concentrado.  Con relación al factor número 8 de aceleración, ya el presidente Santos había hecho un mea culpa en Madrid, a mediados de mayo, cuando dijo que él asumía la responsabilidad de que los cultivos ilícitos hubieran crecido en los últimos años  “por imponerle a las Farc en la agenda el tema del narcotráfico”. Eso, dijo el propio Santos, fue un “incentivo perverso puesto que muchos campesinos dijeron ‘va a haber una sustitución voluntaria y va a haber beneficios para quien esté cultivando coca, pues vamos a cultivar coca’”.

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Ahora bien, la estrategia planteada en el “Documento blanco” está condenada al fracaso, a nuestro modo de ver, puesto que mantiene las mismas premisas que nos han llevado al escenario actual y que no son otras que las definidas en el punto cuarto de los acuerdos de La Habana, denominado “Solución al problema de las drogas ilícitas”, pues en el mismo se promueve la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos y la erradicación manual, además de mantener la prohibición de la fumigación aérea con glifosato. Si bien la información oficial señala que el año anterior se erradicaron 53.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, es decir 3.000 hectáreas por encima de la meta, y que en lo corrido del año se han erradicado 30.000 de las 70.000 hectáreas previstas para 2018, no hay datos sobre las hectáreas resembradas, como no hay información de las nuevas siembras. Surge, otra vez, la falta de confianza en los datos oficiales.

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Será en otro momento que analicemos la hoja de ruta planteada en el “Documento blanco” para reducir los cultivos de la hoja de coca a la mitad de aquí a 2023, misma que al decir del ministro Villegas queda financiada y muy adelantada para el nuevo presidente de Colombia. Sólo nos queda decir que no somos optimistas frente a que esta estrategia logre restituir el inmenso daño que le ha hecho al país la política antidrogas de los últimos ocho años, siendo este el peor problema que tiene el país en tanto es el generador de buena parte de las diferentes formas de violencia y corrupción que sufre Colombia.  A primera vista, la estrategia marca un retorno al viejo modelo de guerra abierta promovida por quien ha dado señales de que se va a dedicar, como expresidente, a promover la legalización de las drogas. Pero  las circunstancias han cambiado. Nos preguntamos entonces, ¿qué se juega en esta partida de póker el señor Santos? ¿Asegurarse la cooperación económica y la no descertificación por parte de los Estados Unidos? Amanecerá y veremos.