Si usted pudiera contemplar toda Medellín en una sola mirada, sus ojos abarcarían 380 kilómetros cuadrados aproximadamente. Una cuarta parte del total del territorio colombiano que está sembrado de coca, según el Informe de Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos publicado en 2018 y según el cual, a 31 de diciembre de 2017, el país contaba con 171.000 hectáreas ocupadas con ese cultivo ilegal.

La deforestación asociada a la siembra de las matas de coca, el uso de precursores químicos para el procesamiento de la hoja -que en muchos casos se hace en el mismo sitio del cultivo-, la instalación de minas para la protección de las áreas cultivadas por parte de los grupos armados al margen de la ley y hasta los métodos usados por el Estado para combatir tales siembras, conforman un coctel tan nocivo para el ecosistema que sus efectos casi podrían calificarse como irreversibles.

Y aunque toda actividad humana genera impactos, a sabiendas de que el ambiente es un sistema en el que hombre es uno de sus componentes, la profundidad de la huella asociada a esos impactos, para el caso de los cultivos ilícitos, radica precisamente en el hecho de que no existe ni el control ni la mitigación con que sí cuentan las actividades legales.

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“Si llega un desarrollo de cualquier tipo a una zona, sea legal o ilegal, y no se hace de manera ordenada; si no se conocen las condiciones del ecosistema, qué se puede utilizar y qué no, va a haber un impacto”, considera el profesor de Ingeniería de Procesos y coordinador de Cultura Ambiental de la Universidad Eafit, Alejandro Álvarez.

“Lo que cambia, en principio, cuando uno dice que la transformación es legal, es que debe haber un control ambiental más juicioso, contar con la protección de especies, con el control de la cantidad y el tipo de sustancias que se utilizan, por ejemplo, para fertilizar el suelo o para hacerle un tratamiento a las plantas”, añadió.

Pero el cultivo ilegal, por definición, pasa por alto todo control y “estamos dando por sentado que no va a haber seguimiento, que no va a haber acompañamiento ni revisión de una autoridad ambiental y estamos diciendo que las actividades ilícitas tienen todavía más afán de obtener rentabilidad a costa de lo que sea”, enfatiza el académico.

Con un agravante: que las acciones del Estado para controlar este fenómeno pueden resultar tan nocivas como el fenómeno mismo, especialmente cuando se utiliza la fumigación con glifosato. “Cuando se habla de la erradicación hay que pensar también en cómo se hace, porque la cura puede salir peor que la enfermedad” si no se contempla un proceso de revitalización de los espacios intervenidos, a juicio de Álvarez.

(Fuente: Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) – Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc), Informe de Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos 2017 - Bogotá, Simci-Unodc, 2018).

Fenómeno creciente

Las cifras del Informe de Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos 2017, publicado por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc), muestran que los cultivos de coca en Colombia han crecido a un ritmo promedio de 45% anual, al pasar de 48.000 hectáreas en 2013 a 171.000 en 2017.

Más allá de las razones del incremento o del hecho de que el mismo coincidiera con el período de las negociaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc, llama la atención que el 33% de los cultivos se encuentre en zonas aisladas a más de diez kilómetros de cualquier centro poblado, que el 34% se ubica en zonas que en 2014 eran bosque y que el 31%  se ubica en áreas de manejo especial como Parques Nacionales Naturales, Resguardos indígenas y territorios ocupados por comunidades negras.

Aunque Simci y Unodc son enfáticos en señalar en su informe que el incremento en los cultivos ilícitos “no se puede asociar a un proceso de deforestación directo”, una mirada al mapa de Colombia muestra que los territorios más afectados son rurales, en departamentos como Antioquia, Putumayo, Norte de Santander, Cauca y Nariño, siendo este último el más afectado.

“La proximidad a zonas boscosas con difícil acceso, baja presencia institucional y otro tipo de condiciones que restringen la operatividad de las acciones de interdicción son aspectos que han favorecido la concentración de cultivos”, señala el informe, que añade que los condicionantes ambientales, económicos y sociales en estos territorios “no responden a economías de producción normal, sino por el contrario, son zonas con características enfocadas a la protección de ecosistemas estratégicos y salvaguardia de poblaciones vulnerables”.

El Informe resalta que de las 59 áreas protegidas del país, 16 contaron con alguna afectación por cultivos de coca en 2017, mientras que de los 188 resguardos indígenas afectados por cultivos ilícitos, en seis de ellos se concentra el 40% de lo cultivado en tales territorios, todos ellos ubicados en el departamento de Nariño.

(Fuente: Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) – Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc), Informe de Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos 2017 - Bogotá, Simci-Unodc, 2018)

Efectos dramáticos

Si se parte del hecho de que hasta los cultivos legales, según el profesor Alejandro Álvarez, puede tener “impactos devastadores en los ecosistemas” por los efectos del cambio en el uso de los suelos, entonces puede dimensionarse el impacto negativo de los cultivos ilícitos, dado que los primeros se ajustan a unas prácticas aceptadas mientras que los segundos no tienen ningún control.

A juicio de Adriana María Castaño, subdirectora de Ecosistemas de Corantioquia, el principal efecto de la presencia de cultivos ilícitos “es la fragmentación de los bosques”, es decir, la apertura de “claros” para establecer los cultivos. “Esos procesos de fragmentación hacen que nuestros bosques cada vez tengan menos densidad de árboles y que la fauna se ahuyente”, afirma.

Y agrega que el efecto nocivo “es el mismo en un área de reserva especial que en una zona rural sin protección”, aunque evidentemente la alarma es mayor para los Parques Naturales porque allí “hay unos recursos que están reconocidos con un altísimo valor”.

“Al tener el cultivo ilícito en una zona de reserva, sabemos que las especies y los ecosistemas que tienen un mayor valor son los que se están poniendo en riesgo. Sin embargo, eso no significa que una zona no declarada de reserva no tenga valor”, explicó Castaño.

La manera en que la fragmentación del bosque afecta a las especies animales radica en la alteración del “efecto borde”, el cual señala la necesidad de muchas especies de vivir internadas en los bosques a más de 20 o 30 metros.

“Si yo lleno un bosque de huecos (claros), muchas de las especies tienden a desaparecer porque habría demasiada luz y no tendrían las condiciones de interior que necesitan”, sostuvo.

El coordinador ambiental y profesor de la Universidad Eafit, Alejandro Álvarez, añade a este respecto que la deforestación afecta la captura de carbono que hacen los bosques, a la vez que genera un problema de erosión de los suelos y de disponibilidad de agua.

“Se afectan en general lo que se puede llamar las funciones ecosistémicas, si tenemos un ecosistema transformado ya no va a cumplir las funciones que cumplía antes y por ende no va a dar los beneficios que nos daba antes”, explicó.

Daño colateral

Otro aspecto a considerar son los precursores químicos utilizados en el procesamiento de la hoja de coca, cuyos residuos terminan en el suelo y en las aguas.

Según un documento denominado Manual de Sustancias Químicas usadas en el Procesamiento de Drogas Ilícitas, publicado por la Comunidad Andina y la Unión Europea en 2013, son por lo menos una veintena las sustancias empleadas en tales procesos, entre ellas los ácidos N-acetilantranílico, Lisérgico, clorhídrico, fenilacético y sulfúrico, la Efedrina, la Ergotamina, el Isosafrol, la Norefedrina, la Seudoefedrina, la Acetona, el Éter etílico y la Metiletilcetona, por nombrar solo algunos.

“En los laboratorios con seguridad no siguen buenas prácticas de manufactura y el uso de sustancias químicas nocivas son de un riesgo mucho mayor”, afirma el profesor Alejandro Álvarez, quien hace notar, además, que el uso de tales sustancias también genera emisiones al aire “porque tampoco tienen filtros para decir que van a  evitar que llegue material particulado a la atmósfera” y que los desechos sólidos que salen de estos procesos “no se van a disponer juiciosamente como desechos peligrosos ni van a ir a un relleno sanitario, sino que terminan en cualquier lugar”.

Para Adriana María Castaño, subdirectora de Ecosistemas de Corantioquia, el uso de químicos comienza desde el mismo proceso de abonar el cultivo ilícito y destaca que en el proceso de transformar la hoja de coca en cocaína, “se hacen unos vertimientos que contaminan las aguas y tienen un impacto en la flora acuática y en la fauna acuática”, pero se lamenta de que “no hemos llegado a hacer unas mediciones precisas para que podamos decir qué especies se están amenazando”.

A juicio de la funcionaria de Corantioquia, no se puede dejar de mencionar que el establecimiento de minas antipersona también afecta a la fauna: “se conoce el impacto que esto tiene en los humanos, sabemos cuánta gente se ha parado en minas, pero no tenemos estadísticas de cuánta fauna silvestre ha caminado sobre una mina y ha explotado; son cosas que todavía no conocemos y que pasan”, señaló.

Otra mala noticia es que la recuperación de los territorios afectados no es tarea fácil. No solo porque, como lo señala el informe de Simci y Unodc, las zonas afectadas son aisladas, sino porque lograr una mitigación implica procesos de recuperación complejos y costosos. Si un territorio se deja a expensas de la sucesión natural, puede tardarse mucho más, “entonces para volver a las condiciones previas de bosque natural puede ser 50 a 100 años, eso es demasiado”, finalizó Castaño.