De acuerdo con el Cric, que reúne a casi el 90% de los cabildos indígenas del Cauca, en 2019 han sido asesinados 50 indígenas de ese departamento, dato que la Fiscalía deberá confirmar garantizando que su incertidumbre no se use para minimizar la gravedad del asolamiento de las bandas asociadas a las rentas criminales sobre los caucanos. El exministro de Defensa, Guillermo Botero, renunció tras conocerse errores de su despacho en la comunicación al país sobre la muerte de ocho menores de edad durante un bombardeo militar, el pasado septiembre, contra el campamento de alias gerardo cucho, jefe de un grupo disidente de las Farc. La pérdida de vidas humanas, la afectación a los territorios amenazados por el crecimiento de cultivos ilícitos durante la negociación con las Farc y el deterioro del Estado evidenciados por estas crisis coexisten como reto emergente para el que resultan insuficientes las soluciones tradicionales y contraproducente la agresividad política polarizadora que ha sustituido la conversación pública.

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La crisis del departamento del Cauca reedita la historia de agresiones por motivo del narcotráfico, en especial ejecutadas por las Farc o sus disidencias, que indígenas caucanos han tenido que enfrentar en las últimas décadas. No obstante un cierto aire de revival de esta situación, son notorios la amenaza a líderes de otras comunidades regionales, así como la inédita actitud anti-Estado de algunos líderes indígenas, que hoy hacen a un lado sus reclamos ancestrales sobre la tierra, el derecho a la vida o el respeto a su soberanía, para filar con los sectores de oposición radical al gobierno.

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En la situación del Cauca, la generalización de la amenaza y riesgo de desvío de algunos miembros de la organización indígena obligan a la construcción de acuerdos multipartitos, los que podrán ser posibilitados con la Mesa de Trabajo sobre el norte del Cauca convocada por la Procuraduría y con el Plan de Acción Social decidido por el presidente Duque para que esté bajo responsabilidad de Miguel Cevallos, alto comisionado de Paz, quien ha trasladado su despacho a ese departamento. En la construcción de una respuesta integral al antiguo problema es preciso contar con todas las agencias del Estado, encabezadas por el Ejército y la Policía, que tienen las competencias y herramientas para proteger la vida y los territorios, así como con los distintos actores de la sociedad caucana: pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades campesinas y élites tradicionales, quienes necesitan ponerse por encima de los conflictos que los han enfrentado, reconociendo que sólo juntos podrán enfrentar la seria amenaza contra esa región, que llega de la ilegalidad, no con o por el gobierno del doctor Duque.

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La muerte de ocho menores de edad que tenían entre 12 y 17 años, tras un bombardeo del Ejército al campamento donde permanecían reclutados, deja duras lecciones al Estado, las familias y la ciudadanía. Esas vidas no están más con los suyos por acción de las disidencias de las Farc que los reclutaron, continuando una política de esa organización que no fue debidamente reprobada por la opinión pública ni antes, ni como incumplimiento a lo pactado en el Acuerdo de Paz, y no ha sido rigurosamente sancionada con ajuste a los tratados internacionales. Con esos reclutamientos, que vienen creciendo desde 2017 (ver gráfico), se desata el más atroz robo de su infancia y juventud a las víctimas por medio de acciones descritas, con las sanciones que acarrean, en el Estatuto de Roma: trabajos forzados; violencia y esclavitud sexual; aborto forzado, y uso de personas protegidas como escudos humanos. La gravedad de estos crímenes ha quedado oculta en el debate político al ministro de Defensa por su delicado error al guardar silencio sobre la muerte de los menores en el bombardeo militar.

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El creciente reclutamiento de menores de edad, que ha pasado de los 50 hechos en 2018 reportados por Coalico a los 125 hechos reportados entre enero y agosto de 2019 según el Icbf (y es muy posible que el sub registro de casos sea alto), impone al Gobierno Nacional, las autoridades regionales y municipales, y las organizaciones sociales y ciudadanas, la construcción y seguimiento permanente de una ruta de protección, denuncia, recuperación y atención de las nuevas víctimas de este ominoso crimen que ha permanecido oculto por las discusiones interesadas sobre el estado actual del país.

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Con enorme descuido y bastante irresponsabilidad, agentes políticos, medios de comunicación e influenciadores en redes sociales usan la tragedia que atraviesa el Cauca y el desgraciado reclutamiento forzado de menores de edad como argumentos de una hirsuta oposición que cierra posibilidades de diálogo y argumentación razonable, así como niega oportunidades para identificar la gravedad de la amenaza de las organizaciones que detentan las rentas del narcotráfico, la minería criminal, la extorsión y otras actividades criminales, y que generalizan la violencia contra las comunidades más vulnerables e invisibles. Son los agentes del crimen y la inseguridad los objetivos razonables a enfrentar por una sociedad amenazada que necesita acuerdos fundamentales para su supervivencia.