En momentos como el actual, en los cuales se debe sentir con mayor fortaleza la intervención del Estado en la sociedad, y en los que son necesarias medidas que afectan todo tipo de libertades, es donde se requiere de la existencia de unas jurisdicciones constitucional y administrativa fuertes, con capacidad y respaldo suficiente para equilibrar el ejercicio del poder en la sociedad, para ponderar el alcance de la intervención de las autoridades, y para impedir que el ejercicio del poder se concentre en unas solas manos.

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Se trata de lograr un adecuado equilibrio entre las competencias de los gobernantes, la necesidad de su intervención, la protección de diferentes derechos fundamentales, el desarrollo económico y social, la protección de la vida y la libertad, dentro de un complejo sistema de fuerzas que hacen posible la existencia del Estado Social de Derecho.

El reto actual consiste en poner en juego nuestra verdadera fortaleza institucional, de tal manera que las autoridades dispongan de las herramientas suficientes y necesarias para superar la crisis, pero que eso pueda hacerse a partir de consensos democráticos, con la exclusiva finalidad de cumplir los objetivos sociales propios del Estado, sin exceder las competencias que le son propias y con la posibilidad de que jueces autónomos, independientes y neutrales puedan limitar los excesos en los casos en que ellos lleguen a presentarse.

En este contexto es necesario tener en cuenta que, ante le enorme influencia que ha tenido en nuestra sociedad la imposición de un modelo económico basado en la apertura, las privatizaciones, la globalización y la liberalización de los mercados, durante varios años se ha discutido sobre la verdadera vigencia y necesidad de la existencia de la teoría del servicio público, que es la base sobre la que descansa el derecho administrativo, pues para algunos la realidad ha determinado que el desarrollo social solo debe dejarse guiar por las fuerzas del mercado, lo que tendría como efecto aceptar que todas la relaciones jurídicas, estarían sujetas al derecho privado, basado en la autonomía de la voluntad, la libertad y las relaciones contractuales.

Sin embargo, a medida que se desarrollan las condiciones actuales de existencia, que hacen necesaria la intervención de la mano del Estado, para privilegiar la adopción de medidas que restringen algunas libertades absolutas, con el fin de proteger el interés público y social, y se limitan libertades económicas para la protección de derechos fundamentales, y para la adopción de medidas que buscan solidaridad y equidad dentro de la sociedad, se hace necesario, hacer un llamado para evaluar el papel que le corresponde cumplir a las instituciones propias del Estado social de derecho y especialmente al derecho administrativo en ese contexto social.

Es así como la emergencia sanitaria y sus devastadores efectos en la economía y en la vida social, debe producir importantes efectos en diferentes instituciones jurídicas, entre ellas en la teoría del servicio público y la intervención del Estado en la economía, lo que sin duda muestra la vigencia actual del derecho administrativo, en sistemas jurídicos como el nuestro que reconoce su existencia y le da vida autónoma, con independencia de las otras áreas del derecho.

La prevalencia del interés público social, la solidaridad, y la orientación imperativa del Estado para guiar la relaciones de todos en la sociedad, especialmente para redistribuir los ingresos, y permitir que las personas con menor capacidad de pago puedan acceder a los bienes y servicios que les permitan desarrollar su existencia en condiciones dignas, que es lo que justifica la existencia del derecho administrativo, se ha puesto plenamente en juego y en consecuencia es el momento de mostrar sus verdaderas fortalezas y los efectos de su vigencia.

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Es precisamente el momento de resaltar como la “teoría del servicio público”, en el contexto del estado social de derecho, ha logrado construir instituciones como las que en la actualidad demanda el país, pues sin afectar las libertades, ni la protección del interés público social, interviene en la economía con fines de solidaridad y equidad, pero siempre dentro de los limites institucionales propios de su regulación, garantizando la sostenibilidad del sistema. y bajo los controles administrativos y judiciales propios de las sociedades democráticas.