No hay duda de que la mayoría de las encuestas son ejercicios prescindibles que aportan datos interesantes mas no esenciales; datos que permiten tomar decisiones para capotear coyunturas, más que para resolver problemas de hondo calado. Sin embargo, de vez en cuando hay estudios de opinión que arrojan resultados verdaderamente preocupantes a los que hay que prestarles atención.

La minga criminal de los indígenas terroristas y mantenidos del Cauca —un verdadero secuestro colectivo— hizo que pasara casi desapercibido un estudio presentado la semana anterior, llamado Índice de Medición de Reconciliación, que fue realizado en octubre de 2017 mediante una alianza entre la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) y la empresa privada de nuestro país.

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Según este estudio de opinión, el 86 % de los colombianos no confía en las instituciones del Estado; el 83 % no confía en el sector privado; el 84 % no confía en los medios de comunicación; el 73 % no confía en sus vecinos; el 91 % no confía en los partidos políticos; el 92 % no confía en los movimientos sociales (como la minga); el 90 % no confía en los sindicatos; el 87 % no confía en gobernaciones y alcaldías; y el 88 % no confía en jueces y fiscales.

La cosa es tan grave que hay que darle vuelta a la torta para mostrar las instituciones en que más confían los colombianos, pero los resultados siguen siendo desalentadores: en la Iglesia confía el 28 %; en el Ejército Nacional confía el 18 %; y en la Policía confía el 15 %, con la certeza de que episodios recientes, como las multas a las ventas callejeras de empanadas y otras arbitrariedades, le deben estar restando algunos puntos más.

Mejor dicho, en Colombia la gente ya no cree ni en la mamá. Es que es muy difícil que pueda haber confianza en una sociedad en la que se han trastocado tanto los valores, en donde lo que antes era bueno ha pasado a ser malo y viceversa, en donde todo se ha vuelto relativo y a la que se le han enviado unas señales contradictorias y confusas, como cuando se premia a los malos ciudadanos con curules en el Congreso de la República.

Es que no puede haber gran confianza en unas instituciones en las que prima la corrupción, el despilfarro y la ineficiencia; no puede haber confianza en un sector privado que maximiza los beneficios, como hacen los bancos, en detrimento de los usuarios; no puede haber confianza en unos medios mentirosos, que hasta hace poco estuvieron al servicio del gobierno de Santos a cambio de generosa pauta publicitaria (mermelada). No se puede creer en el gobierno cuando un presidente traiciona a todo su electorado y llega a la aberración de desconocer el resultado de un plebiscito.

No es posible creer en una administración de justicia que no se atiene a los códigos y la jurisprudencia, sino que falla con criterios políticos, ideológicos o monetarios. Una justicia pervertida desde las altas cortes hasta los juzgados municipales que deja libres tanto a delincuentes de perfumado cuello blanco como a ladrones de celulares y bicicletas, o a curtidos asesinos que se ríen de la indefensión de la sociedad.

No es posible creer en los vecinos en una sociedad en la que las normas de buen comportamiento son vistas hoy con desdén, como antiguallas ridículas, y donde no hay manera de hacer cumplir las reglas ni imponer sanciones.

En fin, podríamos ejemplificar cada caso hasta el cansancio y solo incurriríamos en una compilación innecesaria de situaciones que han llevado a los colombianos a confiar muy poco en todo lo demás cuando hace décadas vivíamos en un país que se fundamentaba precisamente en la confianza, donde la palabra dada valía más que un cheque en blanco y donde todos respetaban a todos.

Estamos ante un panorama muy peligroso en el que la gente, desesperada y desesperanzada, se puede decidir por un viraje radical eligiendo un gobierno de izquierda sin siquiera sospechar que el mal llamado «progresismo» es el que les ha abierto las puertas a estos desbarajustes sociales con todas las nuevas tendencias —como el fementido «libre desarrollo de la personalidad»— que han destruido los cimientos de una sociedad en donde cundía la confianza.

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Pero quedan esperanzas: mientras en Bogotá 200.000 personas se cuelan diariamente sin pagar en el Transmilenio, en Medellín un experimento social arroja resultados que reconfortan. Se llama “El bus de la confianza”, y cada usuario deposita el valor del pasaje en una caja abierta, saca su devuelta si es del caso y hasta puede embolsillarse el recaudo. El balance de caja ha sido superior al cien por ciento, o sea que, en vez de robar, la gente paga de más. Eso indica que, tal vez, no todo esté perdido.