En la medida de aseguramiento se tuvo en cuenta el testimonio del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien declaró que ayudó a obtener parte de los $2.000 millones del soborno.
La Corte Suprema de Justicia ordenó medida de aseguramiento contra Musa Besaile al establecer que, efectivamente, el congresista pagó un soborno al magistrado Gustavo Malo, por medio del abogado Luis Gustavo Moreno, para frenar un proceso de ‘parapolítica’.
“Para evitar su aprehensión y que se profirieran decisiones de ese tipo, decidió pagar una muy importante suma de dinero a través del abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, entre otros, al magistrado Gustavo Malo Fernández”, dice el auto del alto tribunal.
Asimismo, destaca que de “la entrega del dinero no hay duda”, dejando claro que el motivo del pago se hizo para entorpecer a la justicia y no como motivo de una extorsión, como se lo dijo Besaile a la propia Corte.
“La coacción para pagar una suma de dinero con el fin de detener una decisión judicial es una disculpa inaudita. El acto de pagar a los jueces es un acto ilegal y desestabilizador de un Estado cuya legitimidad se sustenta en la construcción del orden justo, algo que seguramente un senador no puede ignorar”, aseguró la Sala.
Además, el alto tribunal es implacable al aseverar que las precisiones de Luis Gustavo Moreno, plenamente documentadas, permiten inferir que la relación entre él y Besaile no fue fortuita, ni el resultado de ocasionales coincidencias, y que sus sórdidos pactos no fueron el producto de la ‘coacción’ de un fugaz conocido, sino la concertada negociación entre personas con indiscutible grado de confianza.
Dice también la Corte que el dinero con el cual se pagó este soborno, y según la declaración que se tuvo en cuenta por parte de Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, provino de recursos de ciencia y tecnología de ese departamento.
“La admisión de responsabilidad de Lyons acerca de la comisión de dicha conducta y la forma como se concertó y se llevó a cabo la planificada apropiación de los recursos, es una prueba irrefutable del compromiso que le compete al senador en relación con la tipicidad del delito de peculado por apropiación”, señaló la Sala.
Finalmente, cabe mencionar que el magistrado Gustavo Malo pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara una ampliación de su indagatoria para entregar nuevos elementos a esta investigación, solicitud que fue aceptada por la célula legislativa y pactada para este jueves 19 de octubre.