A lo largo y ancho de toda la historia de la humanidad se ha venido dilucidando sobre la existencia de la Corrupción y su cómplice más fuerte y poderosa, la Impunidad. ¿Cuál fue primero en el tiempo?, ¿son dos hermanas gemelas? ¿Es un mal social o estatal o de ambos? ¿Podrá existir una sin necesidad de la otra? O, por el contrario, ¿serán dos extremos que a su vez hacen parte de una sola cosa, la malversación de la voluntad y perversidad de nosotros los seres humanos? Son preguntas –aún sin respuesta- que de manera permanente se hacen quienes se han dedicado a estudiar el complejo e incomprensible mundo de la conducta humana y sus más sofisticadas manifestaciones antisociales; entendiéndose este fenómeno como aquel comportamiento que va en contravía del deber ser social e institucional que puede presentarse en el medio donde nos desenvolvemos y nos relacionamos los grupos sociales y los individuos de la especie humana.

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Hemos aludido ya en este importante espacio al fenómeno de la corrupción, alegando que sea cual fuere la expresión que ésta asuma en el comportamiento anómalo de los individuos dentro de la sociedad, hay dos factores fundamentales que la mueven o hacen que aflore en un determinado momento o comportamiento, el poder y/o el dinero. Casi siempre un acto anómalo –corrompido o corruptor- se mueve en una de estas dos direcciones; esto es, hacía la obtención de dinero, sin fundamento legal o sin el cumplimiento de los requisitos o esfuerzos normales o hacia la consecución del poder requerido para manejar una situación o decisión que favorezca el interés así orientado, saltándose de igual forma algunas normas o los prerrequisitos que para tales efectos se necesitarían para alguien que quiere llegar a ello en forma legal y/o normalmente, surtiendo todos los pasos y condiciones que previamente están establecidos por el orden legal para la adquisición en términos legales del servicio u objetivo pretendido.

Ahora bien, la impunidad debe entenderse sencillamente como la evasiva o componenda utilizada para evitar o exonerarse –muchas veces legalmente que es lo que resulta triste y preocupante por la ineficacia de la justicia y el ordenamiento jurídico- de la sanción que conllevaría la realización de una conducta corrupta; esto es, de un delito o de algo ilegal o indebido. Lo más común o usual en la vida real de la praxis social y estatal es que la impunidad se presente cuando, por cualquier razón o causa, alguien –por su comportamiento antisocial e ilegal- resulta siendo el culpable de algo y por su mal proceder no recibe la sanción o la amonestación que en la constitución y en las leyes se han establecido –por la sociedad y el estado- para este tipo de lesivos y anómalos comportamientos.

En resumen, quien acometiendo un delito y/o un acto corruptivo, resultare finalmente no sancionado o castigado por ello, estaría incurriendo en un doble delito y –aún más grave- en una doble ofensa y agravio contra la sociedad y contra el estado, instituciones de las cuales hace parte y, por ello, debiera acatar y respetar acogiéndose integralmente a sus reglas y mandatos.

Estos fenómenos tan delicados y dañinos, pues van como el cáncer carcomiendo desde su interior no sólo al estado y a su actividad administrativa y presupuestal, sino también están en el más profundo interior de la sociedad misma, afectando por igual a las instituciones y, en especial a los ciudadanos de bien que cada día se ven sorprendidos e indefensos ante los escándalos y el creciente accionar de un poder corruptivo que se expresa por medio de las más profusas y sofisticadas formas de actuar delincuencial, haciendo que cada vez sea más difícil y costoso la puesta en marcha del aparato represor y corrector del estado, para el establecimiento de las adecuadas y necesarias sanciones que estos poderosos fenómenos ameritan y que cada día cobran mayor fuerza y capacidad de actuar al interior de nuestro estado y sociedad.

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El poder de la corrupción y la impunidad, ha venido ganándole la guerra al estado y a la sociedad, dejando en evidencia su incapacidad de cumplir con deberes tan importantes como el mantenimiento de la paz, de la seguridad ciudadana, de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos que para la sana convivencia se han consagrado en la constitución y las leyes, y en particular de vigilar que todas las personas bajo su jurisdicción cumplamos y respetemos esas normas, castigando –con ejemplares sanciones- a todo el que infrinja el orden jurídico. Ello para que todos podamos gozar en la práctica de nuestros derechos económicos, sociales, civiles y políticos y de todas nuestras libertades fundamentales, en igualdad de condiciones y no como algunos han querido, que los beneficios sean sólo para “los de la rosca”, dejando “al de ruana” en medio del desconcierto, la incertidumbre y la desazón.

Comentarios:

MARIO
2019-05-22 16:40:55

Por razones obvias prefiero el anonimato publico por favor , pero le narrarè lo vivido . "en dependencias de la Policìa , había ademas de mi interlocutor mas de 15 agentes y a todos para romper el hielo presentè a mi acompañante de quien les manifesté que había prestado su servicio social en esa entidad ,hubo vivas a la Policìa , risas y gran ambiente , agregué que había sido en el transito .... guau, todo cambiò y vinieron frases como -entonces debe ser un ladròn este hp, un hp por que allà son.... y mezclas de esos epítetos con frases muy ofensivas y hasta grotescas en medio de muchas risotadas " . Estaban desvistiendo la corrupción de la que hace poco en otro medio alguien escribía que para acabar la corrupción , lo iniciaran haciendo con la entidad en mención ....Son tantos casos . Uno en que el protagonista dijo " que estaba ofreciendo una muy gruesa suma $$$ por que lo volvieran a su cargo anterior por la importancia $$$ justamente . Gracias .

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