Un mes después de haberse derribado el edificio Bernavento en el sector de la Loma de Los Bernal, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, confirmó que el costo asumido por este derribamiento no será costeado por los copropietarios sino por la constructora.

Según detalló el mandatario “se habían hablado diferentes alternativas jurídicas frente al tema de los cobros y de los costos del proceso de demolición, una de ellas que es la que más dificultades generaba para los más afectados, pero que dentro de los términos legales era una opción, era que se le llegara a cobrar a ellos el valor de todo lo que se necesitó para la implosión, pero desde la Secretaría General del municipio, desde donde se venía analizando toda esta situación, siempre la instrucción era que miraran las formas legales para no afectar más estas personas y que el cobro vaya directo es a los constructores del edificio Bernavento y no a las familias afectadas, de esa forma va a proceder la Alcaldía de Medellín y se exigirá el pago de los recursos de implosión a las personas que hacen parte de la construcción y no a los propietarios afectados del edificio”.

Federico Gutiérrez resaltó que “hay acompañamiento y después de mirar todas las formas legales del caso se tomó la decisión, como administración municipal, que el cobro se le haga a los constructores y no a quienes son víctimas de estos, los propietarios de Bernavento no tendrán que pagar, sería lo más ilógico y penoso con esta comunidad que sea revictimizada. Hay que seguir el proceso, buscar a los responsables para que respondan no sólo por los recursos que se necesitaron para la implosión sino que le respondan a los propietarios por ese daño patrimonial. Tomamos esa decisión pensando en lo mejor para todos, los vecinos del sector ya pudieron volver a sus propiedades a continuar sus vidas, pero seguimos siendo solidarios con los propietarios del edificio Bernavento”.

El Alcalde aseguró que desde su despacho esperan que “no sólo se avance en este proceso sino también en todo el proceso en contra de los constructores, que generan un grave daño a la comunidad. Ya hay denuncias con anterioridad de los propietarios afectados de este edificio. Esto es un tema legal que se interpone sobre ellos y hay investigación sobre estas personas en la Fiscalía y en otras instancias”. 

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Por último, el alcalde Gutiérrez, agregó que “lo que se quiere es que la constructora responda por todo, el tema no es sólo de cómo nos responde como municipio de los recursos que tuvimos que utilizar para la implosión, aquí el daño más grande se lo han hecho a muchas familias que lo perdieron todo, que lo que ahorraron durante toda su vida lo perdieron ahí, esas personas fueron engañadas y lo que hay que buscar es que los constructores respondan con su patrimonio a estas personas”.

¿Por qué se toma esta decisión? 

La secretaria general de la Alcaldía de Medellín, Verónica De Vivero, explicó que en esta situación del edificio Bernavento “hay un tema que es esencial y es una presunta urbanización ilegal, que es una lucha que desde el estado tenemos que dar contra las construcciones ilegales que se han venido presentando. Hay un tema adicional que fue un costo del derribamiento y el cobro que de él se debe hacer, pero ese no es el tema esencial de este debate, lo importante es tratar de resarcir los perjuicios que han sufrido las familias por parte de quienes les generaron el daño y toda la institucionalidad estar juntos como Estado para que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir”.

Verónica De Vivero afirmó que “el análisis de la información técnica que llegó a nosotros permite concluir que no accionaremos por ahora, dentro de los procesos que tenemos establecidos, a los copropietarios.

Además aseguró que ya “existe una denuncia penal hace más o menos dos años por parte de los copropietarios en contra de varias personas y esa información la conoce la Fiscalía. Lo que tenemos nosotros son elementos técnicos que nos permiten determinar que hoy no habrá un accionar frente a los copropietarios, en el momento de interponer la acción correspondiente dentro del término que tenemos para ello se tendrá claridad de quién es puntualmente, teniendo claro que no son los copropietarios”.

Igualmente dio a conocer que hasta el momento se ha pagado el 50% del costo del derribamiento, “equivalente a $1.236.000.000, el valor total son al rededor de $2.400.000.000, un valor que como Estado tenemos la obligación de entrar a buscar quien reconozca y el término de caducidad es de 2 años de la acción a partir que se realiza el pago”.