Entre la última semana de diciembre y los primeros días de enero, el Ministerio de Salud decretó el inicio del proceso de declaratoria de interés público del acceso a los “antivirales de acción directa para el tratamiento de la hepatitis C”; además, determinó incluir en el régimen de intervención de precios a 225 medicinas que eran comercializadas en Colombia a precios superiores a los que tienen en 17 países de referencia, elegidos por esa dependencia desde 2013. Con estas medidas, el Gobierno profundiza sus políticas de facilitación del acceso a los medicamentos mediante el control a los precios y a su eficacia, la apertura a la competencia y la creación de un termómetro virtual que permite a usuarios hacer vigilancia de precios y comparación de marcas.

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Si bien impone recortes importantes en los precios de las medicinas, el control de precios no ha encontrado grandes objeciones del sector farmacéutico. No ocurre lo mismo con la apertura del proceso, solicitado por la ONG Infarma, para declarar de utilidad pública las moléculas que combaten la hepatitis C, un peligroso virus que puede provocar cáncer, cirrosis y otras enfermedades mortales. De ocurrir la declaratoria que el Gobierno estudia, las moléculas que atacan ese virus entrarían al régimen de control de precios y el país podría permitir la importación de moléculas semejantes, de efectividad comprobada, como las que ya existen en India, para tratar la hepatitis C. La decisión en proceso se puede comparar con la tomada en 2016 con el imatinib, molécula que ataca algunas formas de leucemia. Por el fuerte control que ejerce sobre la molécula para tratar la hepatitis C, la posibilidad de dictar esta disposición encontró una fuerte reacción del gremio PhRma, lobista internacional de las farmacéuticas de innovación, que mediante amplia carta acusó a Colombia de violar el TLC con Estados Unidos además de amenazarla con impedir que sea integrada como miembro de la Ocde, como lo está buscando desde hace ocho años.

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La respuesta de la industria revela la importancia que ese sector económico da a su batalla por las patentes de procedimientos y medicinas. Su defensa es razonable, y equitativa, cuando se fundamenta en que le sean reconocidos los esfuerzos realizados en el largo proceso de investigación y creación de soluciones médicas; desde ese sentido, le quita razón a extremistas que ahora exigen que en materia de medicamentos sólo sean pagados los costos de producción, o sea los industriales, no los de investigación, o sea de creación de conocimiento médico. Pero la industria incurre en irracionalidades que la OMS bajo su actual dirección, y muchos gobiernos, le han tolerado. Estas ocurren cuando pretenden convertir la investigación en una especie de impuesto que obligatoriamente deben pagar los compradores, generalmente los sistemas de salud, so capa de arriesgar la vida o la salud. Y suceden, con suma frecuencia, cuando realizan cambios menores a sus productos y reclaman que se les reconozca nuevamente la patente, con el beneficio de exclusividad en producción y venta, lo que sería equivalente a que a un autor se le reconociera como una nueva obra lo que es sólo una segunda edición con cambios cosméticos en la portada, la dedicatoria o una frase. Para contener esos injustificables abusos, el Gobierno mantiene las políticas de control de precios y de su divulgación para facilitar el conocimiento público de las diferencias entre marcas.

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En su respuesta a la carta de las farmacéuticas, el ministro Alejandro Gaviria ha tildado a esta que ha dado por poner en cintura los precios de los medicamentos, como una batalla de David, el Gobierno de Colombia, contra Goliat, la industria farmacéutica, que hace parte de las cinco primeras industrias con mejores utilidades en el mundo. Por el gigante que enfrenta y por los beneficios en acceso a la salud y economía del sistema en el país, esta lucha es una importante contribución a mejorar la salud de los colombianos. Sin embargo, no puede ocultar las deficiencias del gobierno Santos en materias tan importantes del sector salud como el ordenamiento jurídico, administrativo y financiero de un sistema con prestadores dudosos, hasta los recién aceptados, o al borde del colapso. Tampoco minimiza la incapacidad de poner orden en el otorgamiento de tutelas que otorgan privilegios innecesarios en materia de cuidado de la vida y garantía de su razonable calidad, los cuales disfrutan algunos accionantes en contra de las mayorías que sufren la falta de acceso o la deficiente prestación de los servicios de salud.