El Gobierno venezolano se juega hoy todas sus cartas. Desde el anuncio del presidente de ese país, Nicolás Maduro, de convocar a “todos los sectores de la sociedad” a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para modificar la Constitución Política de 1999, el Gobierno ha dicho que la medida es la única salida a la crisis sociopolítica del país vecino.

En medio de violentas protestas, que ya dejan 108 muertos, y de condenas de la comunidad internacional, la presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, confirmó que todo está listo para que los 19.477.387 venezolanos inscritos en la institución ejerzan su derecho al voto.

Para eso, el ente rector organizó el Plan República, un programa que implicó una inmensa logística para, entre otras cosas, instalar los 14.414 puestos centros de votación con 30.431 máquinas en todo el país y capacitar a 4.677 técnicos y a  27.084 operadores de todo el sistema. 

 “A las 6:00 a.m., la plataforma tecnológica y el sistema electoral estarán dispuestos para que los venezolanos y venezolanas expresen su voluntad soberana a través del sufragio y decidir los destinos del país”, explicó Lucena la semana pasada.

Los objetivos de Maduro

Maduro convocó a la ANC basándose en los artículos 347, 348 y 349 (ver gráfico ‘Bases constitucionales’). “Vamos a consolidarla, mejorarla y reforzarla, porque nosotros la hicimos y la conocemos. La Constitución del 99 es nuestra hija. Nosotros queremos ampliar la vida de nuestra hija con amor, como lo hace un padre o una madre con su hija”. Así, Maduro dio a conocer en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, que los constituyentistas podrán cambiarlo todo por encima de cualquier Ley, a pesar de que el objetivo es modificarla.

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A grandes rasgos, se tratará, según Maduro, de una Constituyente para la Paz, “que aislará a los violentos y reafirmará los valores de la justicia y la no impunidad para combatir el terrorismo”. 
El segundo objetivo será reformar el sistema económico del país  para pasar a uno pospetrolero, teniendo en cuenta que la principal actividad económica es la explotación y exportación de derivados de ese hidrocarburo, por lo que vio su economía afectada por la caída de los precios en el ámbito mundial.

Por último, la ANC constitucionalizará el Sistema Nacional de Misiones, uno de los pilares de la política social de Chávez con el que buscó alfabetizar, educar, dar cobertura médica y erradicar el hambre en Venezuela. En ese sentido, el programa entrará en el bloque de constitucionalidad de ese país para, según el oficialismo, evitar cualquier intento de desfinanciación o privatización.
La duración para redactar una nueva Constitución es incierta. La actual Carta Magna demoró alrededor de un año. Por eso, para diversos analistas, lo más posible es que tenga la misma duración.

Según Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, “la elaboración podría durar poco más de un año. Maduro, seguramente, va a esperar que se calmen los ánimos, que están ahora en su peor momento. Por eso, esta es la última carta con la que el Gobierno se está jugando su futuro. Es una forma de seguir manteniéndose vivo, de distraer la atención de los problemas económicos y sociales del país, porque darle carácter constitucional a las misiones y a los consejos comunitarios desviará los problemas que tienen esos programas. Por ejemplo, los representantes de los consejos comunitarios están en batallas internas y algunos responsables de las misiones están investigados por corrupción”.

Lo que se eligirá 

Los venezolanos elegirán hoy a los 545 responsables de cambiar la Carta Magna, entre al menos 5.500 candidatos que se inscribieron ante el CNE. 

Quienes se postularon, debían inscribirse en una de las dos bases comiciales; es decir, en una de las divisiones técnicas para la candidatura: la territorial o la sectorial (ver gráfico). 
En la primera, se escogerá un representante por cada municipio del país. Es decir, entre más municipios tenga un estado, más representantes tendrá. Las ciudades capitales tendrán dos, exceptuando Caracas, el distrito capital, que tendrá siete constituyentistas.

Como lo escribió Héctor Briceño, investigador del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, para el portal ‘Prodavinci’, “la clave en este diseño electoral está en desvincular el número de escaños o constituyentistas a elegir en cada municipio del peso poblacional de dicho municipio respecto a la nación. En este sentido, las bases comiciales asignaron un constituyentista para cada municipio y dos a los municipios capitales de estado”.

Por el ámbito sectorial, quienes tendrán representantes son los trabajadores, campesinos y pescadores, estudiantes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, pensionados, empresarios, comunas y consejos comunales, que elegirán a un representante sectorial por cada 83.000 miembros del Registro Electoral del sector correspondiente (ver gráfico).

Desde el próximo lunes, los elegidos trabajarán desde el Parlamento venezolano, pero no asumirán las funciones de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.   

El boicot opositor

La oposición aseguró que se trataba de una medida desesperada y fraudulenta para aferrarse al poder y anunció que no iba a participar. 

 Para Rodríguez, la decisión le dará vía libre al oficialismo para cambiar la Constitución a su antojo. “Será una Constitución hecha a la medida de maduro y de los que están en el ejercicio de poder. Eso recuerda a las elecciones parlamentarias de 2005, en el que la oposición, por no participar, provocó que la Asamblea Nacional fuera solo ‘roja’”.

Tony Vitola, líder del partido opositor Voluntad Popular (VP) en Medellín, le explicó a EL MUNDO que la oposición ve con malos ojos la Constituyente de Maduro por dos razones. 

La primera porque, según él, es inconsticional. “Maduro no llamó a las urnas para saber si queríamos o no cambiar la Constitución. Eso es lo que dice el artículo 347”. Agregó que Maduro, según el artículo 348, podía convocar a la ANC, pero es el Pueblo, como constituyente supremo, quien decide si quiere o no cambiar la Carta Magna.

La segunda razón es que “es un proceso con el que buscan eliminar toda la estructura del Estado en Venezuela para convertirlo en uno comunal, en el que todas las propiedades pasan a ser del Estado, similar a Cuba”, agregó el líder político.

La comunidad internacional, con Estados Unidos, la Unión Europea, Colombia y México a la cabeza, presionaron hasta el último momento a Maduro para que desistiera de esta convocatoria. Resta esperar cuáles serán los efectos de las sanciones anunciadas, si se materializan, y del desconocimiento de los resultados que, por lo menos Colombia, anticipó.