La rabulería ¿y los intereses? de los magistrados electorales a cargo de sancionar, o absolver, a los responsables de la financiación ilegal de Odebrecht a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga amenaza con desestimar las pruebas aportadas por la Fiscalía y el vencimiento de términos para la actuación judicial, alertado por la Misión de Observación Electoral. Si se impone, el cinismo arrastrará a ese Consejo y lo que queda de confianza ciudadana en el Congreso, elector y controlador de sus magistrados, y en las cortes.

Tras la avalancha de denuncias sobre esas contribuciones ilegales, puesto que el aportante era una empresa multinacional, y después de declarar inhabilitado a un consejero, Alexander Vega, presidente del CNE, anunció que las investigaciones respectivas serían asumidas por dos magistrados conservadores. Ángela Hernández asumió la investigación a las campañas de Juan Manuel Santos en 2010, gerenciada por Santiago Rojas, y 2014, dirigida por Roberto Prieto. Carlos Camargo se hizo cargo de esclarecer los hechos y proponer actuaciones en la campaña de Óscar Iván Zuluaga, en 2014, gerenciada por David Zuluaga. Esta decisión fue anunciada el 31 de marzo. Cien días después de abierto el más importante proceso a cargo de esa entidad, el CNE anunció que sigue buscando pruebas, en un pronunciamiento que confirma interés de silencio, y ausencia, de esa institución en proceso enrarecido luego de que el magistrado Vega informara sobre la recusación al magistrado Novoa del proceso, a pesar de que es quien más exigía celeridad y transparencia a sus colegas.

Vea sobre el anuncio de la Fiscalía

A más de cinismo, los magistrados hacen gala de una descarada distancia frente a la celeridad con que cada país afectado, excepto Venezuela, pretende llegar al fondo de la corrupción de Odebrecht, lo mismo que frente al interés de la ciudadanía porque se produzcan resultados administrativos, penales y en las instancias electorales, con los cuales se castigue a los culpables y se ofrezca reparación a la sociedad afectada. En su distancia de la realidad, olvidan los magistrados que están usando la máxima instancia responsable de la transparencia electoral, el CNE, para abrir la autopista por la que correrán las necesarias presiones de líderes, medios de comunicación y opinión pública, al Gobierno y al Congreso para que acojan, como no lo han hecho, las demandas de la Misión especial electoral para que las elecciones de 2018 sean regidas por un Consejo Electoral independiente y fuerte, que sería controlado por una Corte firme y sin atadura con los jefes políticos.

Sobre las denuncias por corrupción de Odebrecht