El altro tribunal determinó que hubo responsabilidad administrativa de la Policía y el Ejército en la muerte de José Ignacio, José Francisco y Nidia Reyes Gordillo, a quienes no protegió el Estado.
Grupos paramilitares y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado asesinaron a por lo menos 3.500 militantes de la UP en Colombia.
El Consejo de Estado de Colombia condenó este jueves a la Nación a pagar una millonaria indemnización a la familia de tres hermanos asesinados en 2011 en el departamento del Meta a manos de paramilitares, quienes los señalaban de pertenecer al Partido Comunista y a la Unión Patriótica (UP).
Así lo reseñó la providencia del alto tribunal, que determinó que hubo responsabilidad administrativa de la Policía y el Ejército en la muerte de José Ignacio, José Francisco y Nidia Reyes Gordillo, a quienes no protegió el Estado.
La Policía y el Ejército, según el fallo, deben sufragar los gastos para la realización de un artículo académico en el que se estudie el impacto de la omisión del deber de protección del Estado en el exterminio de la Unión Patriótica.
El crimen de los hermanos Reyes Gordillo ocurrió en cercanías al municipio de San Juan de Arama por su militancia en el Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica, teniendo en cuenta que ellos continuaron con el trabajo político de dos de sus tíos, quienes también fueron asesinados por su actividad proselitista, añadió el Consejo de Estado.
"Considera la Sala que la Nación, representada por el Ejército Nacional y la Policía Nacional, tenía una obligación de proteger a los hermanos Reyes Gordillo, como quiera que sobre ellos se cernía un riesgo alto por pertenecer a una minoría política, la Unión Patriótica, respecto de las cuales existía una regla jurídica especial que obligaba al Estado a acometer su protección", puntualizó la providencia.
La UP se fundó en 1985 como parte de un proceso de paz iniciado un año antes por las Farc con el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur.
Según denuncias hechas por militantes de la UP, grupos paramilitares y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado asesinaron a por lo menos 3.500 miembros del partido, entre ellos dos candidatos presidenciales, los abogados Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa.
También perdieron la vida ocho congresistas, trece diputados, 70 concejales y once alcaldes.
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