El Estado poco ha avanzado en el cumplimiento de sus responsabilidades de investigar penalmente el desplome y los homicidios por él provocados
El pasado miércoles 11 de julio ocurrieron dos hechos producto de gravísimos errores de ingeniería que pusieron al país frente a algunas de las más deplorables facetas de la necesaria actividad constructora, la de la irresponsabilidad consciente de grandes y poderosas firmas que osan pasar por encima de ciencia, técnica, ley y ética, de un lado, y la de la indefensión de víctimas que a la pérdida de los suyos y sus bienes tienen que sumar la indiferencia del Estado y buena parte de la sociedad frente a su drama.
Vea: Dejan en firme condena a responsables por desplome de Space
En sentencia de segunda instancia, para la que cabría casación ante la Corte Suprema de Justicia si así lo deciden los condenados, el Tribunal Superior de Medellín confirmó, con algunas modificaciones benévolas a los reos, la sentencia de la juez primera penal del circuito de esta ciudad que impuso condena por homicidio culposo en la persona del joven Juan Esteban Cantor Molina a los ingenieros Pablo Villegas Mesa, representante legal de Lérida CDO; María Cecilia Posada Grisales, directora de obra en el edificio Space, y Jorge Aristizábal Ochoa, calculista del edificio que colapsó el 12 de octubre de 2013.
De su interés: Lecciones de justicia y verdad en Space
A esta ejemplarizante, aunque tibia, decisión que deja algunas verdades sobre la construcción de la obra y mínima justicia, se llegó gracias al sacrificio, tenacidad y heroísmo de la familia Cantor Molina, que no se allanó a conciliar con una firma que logró obtener tan grande favor de once familias que también perdieron a un ser querido, 9 trabajadores y dos celadores. Sin esa determinación de los admirables deudos de Juan Esteban, la justicia penal hubiera precluido una investigación por homicidio que la ley penal le exige adelantar, así en el proceso no hubiese existido alguna víctima que se constituyera en parte civil.
Lo invitamos a leer: Justicia a medias para afectados por CDO
No obstante su importancia al determinar responsabilidades de los diseñadores y constructores de viviendas con el cuidado de la vida y la seguridad de trabajadores y habitantes, las decisiones de la Fiscalía en la acusación y la Justicia en la tipificación del delito y el monto de condenas a prisión y pecuniarias merecen mayor debate en tanto resultan contraevidentes con sus argumentaciones, en particular aquellas en las que los operadores judiciales señalaron que diseñador y constructores “incumplen con el deber de cuidado” en la ejecución de un proyecto en el que fueron determinadas “5.655 transgresiones al régimen de sismo-resistencia”, situación provocada por “error ostensible” en el cálculo estructural y ausencia del “control a que estaba obligado el constructor”.
Vea además: No olvidar a las víctimas de CDO
El mismo día en que cerraba uno de los capítulos más difíciles en la serie de omisiones, transgresiones y errores de la constructora CDO y el ingeniero calculista que contrataba, fue realizada la implosión de la pila que había quedado en pie tras el desplome de la otra en el imponente puente Chirajara, en la vía Bogotá-Llanos Orientales, tragedia que el pasado 18 de enero provocó la muerte de nueve trabajadores. La implosión de la pila que representaba un riesgo para la vía actual y un bloqueo a las decisiones de retoma de las obras de modernización de esa carretera fue convertida por la prensa nacional -¿y hábiles relacionistas públicos?- en un espectáculo para aumentar sintonías y minimizar la gravedad del hecho, porque pocos fueron los que intentaron retomar la pregunta por las responsabilidades por lo sucedido. El puente colapsado era construido por Coviandes, filial del grupo Sarmiento Angulo, que además de tener cuantiosa participación en el sector de la construcción, controla 28 medios de comunicación, entre ellos el diario de mayor circulación nacional, y maneja el 33% del sector financiero.
Puede interesarle: ¿Quiénes son los temerarios?
Aunque se han desarrollado análisis técnicos sobre las causas del desplome del puente, el Estado poco ha avanzado en el cumplimiento de sus responsabilidades de investigar penalmente el desplome y los homicidios por él provocados, causa que estaría en cabeza del fiscal Martínez Neira, exasesor de cabecera del grupo Sarmiento Angulo, y de exigir a los contratistas la presentación de nuevos cronogramas de obra y compromisos de rectificación de los errores cometidos, decisiones que el gobierno Santos descuidó para dedicarse a atender demandas de las Farc y proponer soluciones inciertas al baño de coca en que dejó al país. Corresponderá, entonces, al gobierno de Iván Duque emprender el camino de aclaración, sanciones y reparación por los daños del puente de Chirajara. Tan ardua tarea le demandará valentía, independencia y mucha serenidad para defender el bien común y la ingeniería que Colombia merece volver a tener.
Lea también: Atención a curadores urbanos