Después de diez días de movilizaciones, con intensidad y calidad disímiles, el Paro nacional se ha desdibujado en su convocatoria, representatividad y carácter pacífico, debido a la radicalidad de organizaciones y políticos convocantes, que se apropiaron de voces y expectativas que nunca les pertenecieron. Entre tanto, y sin mucha alharaca pero sí con efectividad, avanza la Conversación nacional con la que el gobierno del presidente Duque ofrece tramitar los descontentos de amplios sectores ciudadanos con el funcionamiento del Estado en materias tan complejas como la lucha contra la corrupción; la protección a la vida; la mejoría en la calidad de la salud y la educación, y oportunidades de trabajo, salario y pensión; la paz, y la consolidación de las instituciones.

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Las masivas y optimistas marchas del 21 y 22 de noviembre y los cacerolazos posteriores se superpusieron a los repudiables actos vandálicos en Bogotá, Cali, la Universidad de Antioquia, especialmente. Aunque las voces de ese momento la trascendían, había respaldo a una agenda que interpretaba malestares acumulados por ciudadanos que no encontraron en distintos gobiernos, el Congreso o las cortes, respuestas apropiadas a sus expectativas. Ese descontento acumulado le dio a la movilización el carácter político que el Gobierno logró interpretar, convocando la Conversación nacional, que ha iniciado.

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Para esa Conversación, el Gobierno ha propuesto seis grandes campos de discusión que no sólo abarcan sino que amplían las pretensiones del Comité de Paro y reconocen a colombianos ajenos a la movilización que también tienen temas que aportar a un gran proceso de acuerdos nacionales. Para promover su objetividad y buen transcurso, ha llamado a moderadores reconocidos por su independencia, capacidades técnicas y solvencia moral, y ha fijado una metodología que facilita la participación de los colombianos deseosos de poner en común reclamos y propuestas de soluciones a los problemas comunes. Así, el Gobierno ha dimensionado esta como una oportunidad para la participación y la construcción de propuestas amplias, un proceso que demanda tiempo y que ha de fructificar en más participación, equidad, oportunidades y en la verdadera paz, que es aquella que reconoce los derechos de todos, no privilegios a algunos.

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A diferencia de la claridad que ha mostrado el Gobierno, los obnubilados convocantes a las movilizaciones se han ido encerrado en su propio mundo, un lugar desde el que no logran emitir rechazos efectivos, mucho menos parar, la violencia y el vandalismo que han herido o afectado a instituciones respetables, a centenares de ciudadanos y miembros de la fuerza pública, y que han causado gravísimos daños en bienes públicos y privados. Además, ese grupo se abroga facultades no entregadas por la ciudadanía, para hacer groseros desplantes al Gobierno y propiciar hechos que no representan al país, como ampliar los días de paro ¿hasta la infinitud? y los temas de discusión, llegando algunos a proponer un cambio de modelo o a una constituyente, para reformar una Carta Política en la que todos nos sentimos representados.

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En efecto, desde el Comité de Paro se anunció la inclusión de tres nuevos puntos a discutir: el cumplimiento del acuerdo con las Farc, el reinicio de negociaciones con el Eln y el desmonte del Esmad. La discusión del cumplimiento del acuerdo con las Farc, el mismo que fue impuesto por encima de la decisión de las urnas, adquiriría sentido si ella se ocupara de la lentitud de la JEP para atender su obligación de garantizar los derechos de las víctimas, o de quienes han recibido gratuitas curules y oportunidades políticas sin ofrecer a las víctimas verdad, reparación, o garantizar la no repetición, cuando el silencio de las Farc sobre sus actividades de narcotráfico cobija a los disidentes, que retomaron el negocio del narcotráfico y prácticas excecrables como el reclutamiento infantil. En cuanto a la negociación con el Eln, no es tema que competa al Gobierno si no a la banda agrandada por su relación con el narcotráfico y su capacidad terrorista durante las negociaciones con las Farc. Y sobre el desmonte del Esmad, que ya fue llevado por las Farc a la mesa de negociación, se trata de una propuesta inaceptable, que desconoce que los errores de algunos de sus integrantes deben ser esclarecidos por la justicia, sin que ello implique eliminar del Estado una institución necesaria para que atienda sus obligaciones constitucionales de protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos.

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Ahora cuando se afincan grupúsculos radicalizados cuyo único fin es imponer una situación de inestabilidad política, seguimos esperando que la Conversación nacional que ha abierto el Gobierno, sea reconocida como el espacio para plantear las expectativas y esperanzas de quienes marcharon y confrontarlas con las de los respresentantes de otros sectores de la población igualmente multitudinarios, que al no marchar quisieron expresar su apoyo al actual gobierno, pero que de todas maneras siempre están dispuestos a participar en la construcción de una agenda de ajustes y reformas legales que permitan que tanto el poder ejecutivo, como el legislativo y el judicial le cumplan a los colombianos con responsabilidad y sin populismos.

Comentarios:

Edgar
2019-12-01 17:39:14

Eso se llama tener una visión global e imparcial del problema que, ojalá, oigan tanto desde el gobierno como desde los movilizados.

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