Mientras EPM sigue adelante con la venta de activos en Chile, en la ciudad se mantienen posturas sobre la necesidad de escuchar la voz del Concejo sobre este asunto.
El Concejo de Medellín reinicia esta semana el análisis del proyecto de Acuerdo 150 de 2018 sin que el mismo incluya en su articulado la solicitud de autorización para que EPM venda sus activos en Chile.
Mientras este martes se espera que los concejales reciban algunas de las respuestas solicitadas a EPM sobre el proceso de enajenación, todavía no es claro cuál será la fecha para el primer debate a dicho proyecto de Acuerdo, el más importante del último período de sesiones ordinarias del Cabildo este año junto con el debate al presupuesto municipal de 2019.
La discusión tiene como telón de fondo el anuncio según el cual EPM presentó denuncias penales contra el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, y la concejal de Medellín Luz María Múnera Medina, “porque con sus afirmaciones sin fundamento, relacionadas con la existencia de una presunta ‘lista negra’ en la empresa, han afectado el buen nombre y la reputación de EPM”.
En un comunicado emitido este lunes, EPM indicó que tales imputaciones “desacreditan la manera de proceder de la empresa y sus directivos” y añadió, como ha sido reiterativo en los últimos días, que “las únicas listas que tiene EPM son las listas de las necesidades de las comunidades, por las que durante 63 años de historia ha trabajado para contribuir a su calidad de vida y bienestar”.
Según conceptos jurídicos de EPM y del propio Concejo Municipal, la empresa no necesita permiso del cabildo para salir de sus inversiones en Chile y por ello procederá a enajenar Aguas de Antofagasta y el Parque Eólico Los Coruros en un proceso que comenzará antes de finalizar el mes de octubre.
Sin embargo el exsecretario general de EPM, David Suárez Tamayo, planteó en diálogo con EL MUNDO que sí se necesita dicho permiso, puesto que en los estatutos de la empresa no hay ninguna autorización expresa ni al gerente ni a la Junta Directiva para enajenar o desinvertir.
Los actuales estatutos de EPM son el Acuerdo 12 de 1998, explica Suárez, “y en él hay una norma abierta que dice que se autoriza a EPM a participar en la creación y constitución de otras empresas y de otras sociedades”.
“Digamos que el Concejo dio un cheque en blanco para crear empresa, pero ese Acuerdo no reguló la desinversión, ese Acuerdo no dijo nada sobre la venta de activos o de empresas. Por eso yo soy de la tesis de que sí requiere permiso del Concejo, porque en ninguna parte en las funciones de la Junta dice que pueda autorizar ventas o enajenaciones de activos”, enfatizó y añadió que, ante ese vacío, “hay que acudir a la norma constitucional que dice que el Concejo es el competente”.
María Alejandra Gil, gerente jurídica de crecimiento de EPM, asegura por su parte, que EPM no tiene que pedir autorización para vender puesto que la Ley 226 solo tiene aplicación para las ventas en Colombia.
“Si la ley 226, por el principio de soberanía y territorialidad, no aplica para las ventas en el exterior, EPM no tiene que pedir permiso al Concejo, porque en el Acuerdo que transformó a EPM de establecimiento público a empresa industrial y comercial del estado (Acuerdo 69 de 1997), se le dio la facultad de las adquisiciones a la Junta y otras muchas facultades al gerente como una cláusula general de competencias”.
Y añade que “no estando prevista la desinversión entre las facultades de la Junta, pensaría uno que puede hacerlo el gerente, pero se ha considerado que esta es una decisión de la mayor trascendencia y que conviene que sea analizado por el órgano colegiado que es la Junta Directiva”.
Sobre el argumento de la ley 226, Suárez asegura que, efectivamente, conforme a esa norma, EPM no necesita seguir el procedimiento de venta regulado en dicha ley, pero que “así estén en el exterior, los recursos son públicos y EPM llegó allá con dineros públicos”.
“Esto es más un debate jurídico que un obstáculo para EPM. EPM puede vender, el problema es que alguien demande esa venta o ponga una queja en la Procuraduría o en la Contraloría”, finalizó.
A raíz de los comunicados públicos que EPM ha divulgado, en los cuales ha manifestado su intención de enajenar sus activos en Chile, Aguas de Antofagasta y el Parque Eólico Los Coruros, más de una decena de empresas han manifestado a la entidad su interés en participar en el proceso cuando se inicie de manera formal.
Así lo confirmó a EL MUNDO Alejandro José Jaramillo Arango, vicepresidente de crecimiento de EPM, quien explicó que este proceso de enajenación comenzará una vez se seleccione la banca de inversión que acompañará la operación, algo que ocurrirá dentro de una semana aproximadamente.
“Conjuntamente con ella se estructurará un proceso formal donde estaremos invitando a los interesados a presentar sus ofertas no vinculantes y posteriormente las vinculantes”, explicó y añadió que los interesados se han comunicado vía llamadas telefónicas o visitas a la entidad.
“Todos los interesados son extranjeros, de cuatro continentes; y son más de 15 los que han manifestado interés”, enfatizó Jaramillo Arango, quien dijo que en EPM están gratamente sorprendidos porque el activo “tenga tantas manifestaciones de interés”.