Los Concejales citantes del debate del sábado, en el cual se analizó el estado del Plan Parcial de Naranjal y los proyectos urbanísticos a desarrollar en el sector, a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), expresaron su preocupación ya que, a pesar de que la actual Administración recibió el proyecto en condiciones poco favorables, no se vislumbran a futuro soluciones de fondo que contribuyan a mejorar la situación de los afectados.  

Al respecto, el corporado Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, de la bancada citante, manifestó que el proyecto Naranjal y todo el proceso de renovación urbana, que fue adjudicado a Cass Constructores – Carlos Alberto Solarte Solarte, no es exitoso como han sido otros, ejemplo Ciudadela del Río.

Investigaciones han demostrado que Cass venía unido con Odebrecht para movilizar recursos y este proyecto llamó su atención para invertir y continuar su negocio, aunque Cass sabía mucho de vías, no tenía conocimiento o experiencia en la construcción de vivienda como la advirtieron en su momento La Lonja de Propiedad Raíz y Camacol.

Aseguró también que ahora la EDU corre con el riesgo de perder credibilidad, además, “a la fecha la obra está inactiva al pasar de tener 400 a 40 trabajadores, es necesario cumplir las promesas realizadas a los compradores y declarar el incumplimiento del contrato por parte de Cass”, enfatizó.

Con respecto a la construcción de las redes de Epm, Guerra Hoyos aseveró que ejecutarlas, se deben surtir ciertos obstáculos como la reubicación de los moradores en sitio y la construcción de redes primarias desde el Cerro Nutibara de aproximadamente tres kilómetros, “dadas estas condiciones no se vislumbra que este plan de renovación urbana llegue a feliz término” afirmó el corporado.

Para el concejal Jesús Aníbal Echeverri, segunda bancada citante, la EDU fue irresponsable al fungir como socio, operador urbano, gerente y comercializador del proyecto Naranjal; también en entregar la construcción a una empresa sin experiencia en construcción de vivienda, “lo único que debían hacer era acompañar la comunidad y garantizar la protección a los moradores, la EDU se debe dedicar sólo a ser operador de proyectos urbanísticos”, manifestó.

"Muchas personas hicieron préstamos, entregaron una cuota inicial y a la fecha no se les ha entregado la vivienda o el local comercial, por esta razón solicito conocer un informe detallado en el cual se brinde claridad sobre qué pasará con los moradores, vehículos livianos y pesados, comerciantes, escrituras, compradores, sobre el futuro que les espera con este proyecto". Preocupa también la confianza que genera la EDU para realizar los otros planes de renovación urbana dispuestos en el POT y cuál será el futuro de los mismos, “no existe confianza inversionista”, puntualizó.

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Por su parte, el corporado Carlos Alberto Zuluaga Díaz, tercera bancada citante, hizo un llamado sobre cómo recuperar la confianza de la EDU y volver a las raíces de su creación únicamente como unidad ejecutora.

Pidió a funcionarios de la Alcaldía presentes un informe en el cual se describa cuántas personas se han devuelto del negocio porque sintieron que el Estado los engañó, y analizar las acciones pertinentes para solucionar este inconveniente y avanzar de forma exitosa en el proyecto y en la protección a los moradores.

El subgerente de operaciones urbanas de la EDU, Andrés Uribe, aseguró que el proyecto está bien estructurado y los recursos se encuentran en la Fiducia Central como tranquilidad para los clientes. “Si es algún momento el proyecto llegará a ser involucrado por los casos de Odebrecht, este no podrá ser requerido para extinción de dominio, podrán embargar las utilidades al final del ejercicio, pero no afectará los bienes inmuebles”, indicó.

Hoy la EDU tiene demandado a Cass para que venda, ceda o entregue el contrato. Es verdad que el proyecto tiene un desorden ordenado, pero estamos comprometidos en sacarlo adelante y llevarlo a feliz término para todos, a pesar de los riesgos de reclamaciones y credibilidad institucional, explicó el funcionario.