La verdad no la tiene un solo bando cuando son varios de ellos los que están enfrentados en un conflicto. Cada uno tiene su verdad.

En palabras de Sebastián Bitar Giraldo, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y doctor en Relaciones Internacionales de la American University, de lo que se trata es de desentrañar esas verdades, compararlas y entregarlas tal cual a la sociedad para que las conozcan y en todo caso, los hechos violatorios de derechos humanos y fundamentales no se repitan.

“Una comisión de la verdad funciona así. Son temporales, investigan violaciones ocurridas en un espacio de tiempo, entregan un informe al final de su trabajo, que dura entre dos y tres años y hacen recomendaciones. No se conforman estas para castigar y hacer justicia”, agregó Bitar Giraldo.

“De allí es posible construir una memoria histórica, una memoria colectiva que coadyuva a identificar el origen del conflicto y evita que en el futuro se repita este. Para esta comisión recién creada en Colombia por el Comité de Escogencia no deberá ser difícil cumplir con esa tarea, pues no tendrán que juzgar a nadie”, sostuvo el académico de la Universidad de los Andes.

Dentro de las medidas de reparación integral que contempla el Derecho Internacional Humanitario están las garantías de no repetición. Y dentro de ellas, la obligación de un Estado de investigar la verdad de los hechos y determinar los responsables. Eso por una parte. Por la otra, por el de las sanciones, es a un tribunal al que le corresponde, es decir, a otra instancia. En algunos casos, ese tribunal se crea por sugerencia de la comisión y en otros, surge a la par de la comisión, como ocurre actualmente en Colombia con la Jurisdicción Especial de Paz, JEP.

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En cuanto a las comisiones, la investigadora mexicana Eva Leticia Orduña Trujillo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, reseña en el libro: “América Latina: las caras de la diversidad”, que existen diferentes experiencias en América Latina. Sostiene que unas comisiones surgieron por presión de asociaciones de defensores de derechos humanos, tras acuerdos políticos, negociaciones o por ley. En todas ellas, el principal argumento fue la ineficacia de la justicia frente a las violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, en Brasil, bajo la dirección del cardenal Evaristo Arns, de la Arquidiócesis de Sao Paulo, una comisión elaboró el Informe Brasil Nunca Más, que registró las torturas, las desapariciones y las prisiones arbitrarias ocurridas entre 1964 y 1985, durante la dictadura militar. En Bolivia, el Comité Impulsor del juicio contra el general Luis García Meza Tejada, logró que se iniciara un proceso judicial contra el militar (presidente en 1981), quien fue condenado a 30 años junto a otros 50 implicados. En Paraguay, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencias, Cipae, publicó sus investigaciones sobre la dictadura del militar Alfredo Stroessner Matiauda (presidente entre 1954 y 1989), en el informe Paraguay Nunca Más. Y en el informe Uruguay Nunca Más se consignaron las atrocidades denunciadas durante la dictadura militar (1973 – 1985) entre las cuales están: prohibición de partidos políticos, sindicatos, medios de prensa y la persecución, encarcelamiento y asesinato de opositores al régimen.

Añadió Bitar que en el caso colombiano, el modelo comisión-tribunal es novedoso, puesto que en experiencias anteriores, como con las comisiones que se crearon en Argentina, Chile o El Salvador, ellas investigaron, recogieron testimonios y posteriormente a la entrega de los respectivos informes sugirieron la creación de tribunales para investigar, juzgar y castigar.

Con la desmovilización de los paramilitares en la primera década del siglo XXI, hubo verdad, aunque poca. Y luego hubo condenas para muchos de los desmovilizados. “En Latinoamérica hay muchos ejemplos de amnistía para muchas personas y muy poca verdad. Es así entonces como cada país encuentra una fórmula que le permita encontrar una paz”, destacó Bitar.

Uno de los procedimientos adelantados por las comisiones permite revelar nombres y hasta a los señalados se les da la oportunidad de responder por las acusaciones en su contra.

Las investigaciones realizadas por la comisión y las que adelanta un tribunal deben ser independientes la una de la otra y, principalmente, no tomar partido.

“Ese podría ser uno de los problemas. Se le conoce como sesgo partisano, que consiste en que la comisión toma parte a favor de uno de los bandos, lo que inevitablemente conlleva a que la información presente inclinaciones, datos contaminados, realidades a medias y terminan siendo historias incompletas o ajustadas con mentiras”, explicó por su parte Carlos Alberto Patiño Villa, profesor de la Universidad Nacional, experto en conflictos internacionales contemporáneos.

Patiño se refirió a lo sucedido en Perú, donde la comisión Uchuraccay se creó para cubrir evidencias, para apoyar una verdad a la que denominaron oficial, pero que carecía precisamente de eso, de verdad.

“En Colombia aún quedan muchas dudas. La Corte se acaba de pronunciar respecto a la JEP. Pero no sabemos si quienes estén obligados a declarar tendrán que desplazarse hasta Bogotá o si habrá comisiones que se desplacen hasta las regiones. Si tendrán un equipo para investigar o retomarán lo adelantado por la Comisión de la Verdad. Es peligroso si estas dos instancias no trabajan independientemente, con autonomía y separadas a su vez de las partes interesadas. En Centro América hay ejemplos de unas comisiones que se politizaron y lo que pasó posteriormente es que esos conflictos se recrudecieron por falta de claridad”, recordó Patiño Villa.

“En nuestro país aún hay una situación complicada. Tal vez no las dejen trabajar o ese trabajo se complique por razones de inseguridad o la coyuntura política o los diferentes intereses en juego. Lo importante es que se tome conciencia colectiva de que la verdad nos permitirá hacer duelos que no han sido posibles por la ausencia de procesos que permitan conocer lo que pasó, que se puedan conocer los sitios donde reposan los restos de los seres queridos, solo así se podrán cerrar las heridas de un conflicto. El olvido prolonga la violencia indefinidamente”, dijo el profesor de la Universidad Nacional.

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Los informes

En muchos países del mundo se han creado comisiones de la verdad que han investigado las infracciones al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos. En el caso de América, destacamos lo ocurrido en Argentina, Chile y El Salvador, en los que las comisiones trabajaron con el objetivo de esclarecer los hechos con un ánimo reparador y cada informe motivó una acción legislativa a favor de la no repetición.

En el caso de Argentina, el informe, denominado “Nunca más: Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Conadep”, entregado en septiembre de 1984 después de nueve meses de trabajos, debía responder al objetivo de “esclarecer los hechos relacionados con la desaparición de personas y, si fuera posible, determinar dónde se encuentran sus restos”. La Conadep fue creada durante el mandato de Raúl Alfonsín con el objeto de investigar los acontecimientos violatorios de los derechos humanos entre 1976 y 1983, durante la dictadura militar que pretendía acabar con los grupos guerrilleros en suelo argentino. Efectivamente, según el mismo informe se consignaron miles de declaraciones y testimonios en los que se entregaron las direcciones de los 340 lugares en los que fueron detenidos clandestinamente 8.960 personas señaladas por la dictadura de pertenecer o favorecer a los subversivos. El informe fue la base del juicio adelantado a las tres juntas militares que gobernaron durante nueve años.

En el caso chileno, la elaboración del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y reconciliación, conocido como Informe Rettig -que al igual que en Argentina demoró nueve meses su construcción-, se registraron 3.550 denuncias sobre violaciones a los DDHH y 2.296 casos de homicidios calificados. En el informe, entregado en febrero de 1991 al entonces presidente Patricio Aylwin, se hicieron recomendaciones que fueron convertidas en ley para su cumplimiento inmediato a través de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que entre 1992 y 1997 realizó las acciones consignadas en el informe.

Finalmente, en El Salvador, el texto “De la locura a la esperanza: Informe de la Comisión de la Verdad sobre la guerra civil salvadoreña”, fue elaborado durante ocho meses por una comisión que preguntó en 1993 por la suerte de 22.000 desaparecidos. Esa comisión surgió tras la firma del Acuerdo de Chapultepec, entre el Gobierno y el grupo subversivo Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el 27 de abril de 1991 en México. La ONU designó al expresidente colombiano Belisario Betancur, al venezolano Reinaldo Figueredo, al estadounidense Thomas Buergenthal y a la argentina Patricia Tappatá de Valdez para que integraran la comisión, que pretendía superar la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos. El informe motivó la aprobación de la Ley de la Reconciliación Nacional.

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Villatina, a 25 años de la masacre

El domingo 15 de noviembre de 1992, a las 8:30 p.m., después de salir de misa en la iglesia Nuestra Señora de Torcoroma, en las afueras de un local ubicado en la calle 54 con carrera 17, barrio Villatina, Medellín, sicarios que se movilizaban en tres vehículos dispararon ráfagas de fusil Galil contra nueve personas: Ricardo Hernández, 17 años; Ángel Barón, 16 años; Marlon Álvarez, 17 años; Nelson Flórez, 17 años; Geovanni Vallejo, 15 años; Jhony Cardona, 17 años; Johana Mazo, 8 años; Oscar Ortiz, 17 años y Mauricio Higuita, 20 años.

El 2 de enero de 1998, el Estado colombiano reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la participación por parte de miembros de las fuerzas policiales y militares en la masacre de Villatina. Uno de los actos reparadores del Estado fue la elaboración de una escultura que fue ubicada en el Parque del Periodista. Por lo demás, aunque no hubo una comisión que investigara, sí hubo una verdad, pero no condenas, ni siquiera capturas.