Con esto se fijan varios ejes de acción para contribuir, desde el transporte, al objetivo de cumplir el compromiso de reducir sus emisiones contaminantes en un 40% para 2030.
La Comisión Europea (CE) presentó este miércoles una propuesta legislativa para establecer límites más estrictos a las emisiones contaminantes de los vehículos, con la que también aspira a convertir a la Unión Europea en el referente mundial en vehículos eléctricos, frente a la pujanza de Estados Unidos y China.
"El coche se inventó en Europa y creo que también debería reinventarse aquí", declaró el vicepresidente de la Comisión Europea para la Unión de la Energía, Maros Sefcovic, durante la presentación de la iniciativa, coincidiendo con la celebración de la cumbre climática COP23 en Bonn (Alemania).
El plan de la Comisión Europea, que deberá negociarse ahora con el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, que representa a los países, fija varios ejes de acción para contribuir, desde el transporte, al objetivo de cumplir el compromiso adoptado por la Unión Europea (UE) en el Acuerdo Climático de París de reducir sus emisiones contaminantes en un 40% para 2030. Dos años después del escándalo del "Dieselgate", el primer punto de la nueva propuesta de Bruselas se centra en rebajar los máximos de CO2 que podrán emitir los vehículos en 2025 y 2030.
En el primer horizonte, los fabricantes deberán reducir sus emisiones contaminantes en un 15% (hasta los 80 gramos de CO2 por kilómetro frente a los 95 actuales) y en el segundo se pone el listón un 30 % más bajo, en 66,5 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. "Dejamos a los fabricantes que decidan qué tecnologías aplicar para alcanzar los objetivos", señaló el comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, quien indicó que el límite para 2015 servirá para que arranquen las inversiones y el de 2030 para aportar "estabilidad".
La Comisión Europea, según la propuesta inicial, multará a los fabricantes que no cumplan y considerará "vehículos limpios" -sean eléctricos o híbridos- a los que emitan entre 0 y 50 gramos de CO2 por kilómetro, aunque con diferentes tramos intermedios. Además de mejorar la eficiencia de los vehículos impulsados con combustibles fósiles, el primer punto lleva al segundo de los ejes de la propuesta comunitaria: el vehículo eléctrico.
"Europa no está en la senda correcta", dijo Cañete, que recordó que la UE ha reducido sus emisiones globales en un 23% desde 1990, pero las relativas al transporte se han incrementado un 20%, y que las ventas de vehículos eléctricos en la UE no llegan al 1% del total. Para impulsar el vehículo eléctrico, la Comisión Europea ofrecerá hasta 800 millones de euros para reforzar el número de cargadores eléctricos desplegados, y otros 200 millones de euros de ayudas en I+D para los fabricantes que cumplan con los objetivos de reducción de CO2 citados anteriormente.
Se incentivará también que las administraciones nacionales de los países miembros de la UE compren o alquilen más vehículos eléctricos y que recojan en sus licitaciones públicas el espíritu de la CE de impulsar los vehículos limpios. "¿Qué viene antes, el coche o el cargador? Es como el huevo y la gallina", dijo Arias Cañete sobre el desarrollo del sector del automóvil, que supone doce millones de empleos en la UE.
Además, Bruselas incentivará a los fabricantes para intentar que el número de vehículos eléctricos que coloquen en el mercado en 2025 sea, de media, el 15% respecto al total de la flota, y el 30% en 2030.
La Comisión no se plantea sancionar a quienes no alcancen ese objetivo, pero sí recompensará a quienes lo hagan con créditos blandos. Las eurcomisaria de Transporte, Violeta Bulc, señaló que el paquete legislativo en su conjunto recoge "medidas requeridas urgentemente" mientras que la comisaria de Industria, Elzbieta Biezkowska, subrayó que es una herramienta para ayudar a la propia industria en el mercado global.
"Es para vuestra competitividad, para vuestro futuro, para vuestras exportaciones", dijo. El paquete legislativo, de llevarse acabo ahorraría en torno a 6.000 billones de euros al año y aportaría 70.000 puestos de trabajo en la UE, según los cálculos de la Comisión Europea.