La estridente destapada pro Farc de Kai Ambos lo incapacita para ser amicus curiae de la JEP.
Kai Ambos es un jurista alemán de 54 años radicado en Colombia desde hace varios años gracias a los favores de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. El acaba de firmar un violento artículo en inglés contra el gobierno del presidente Iván Duque y en favor de la impunidad para los jefes de las Farc.
La revista Semana publicó inmediatamente una traducción de eso. Utilizaré para esta respuesta el texto de Semana a pesar de sus defectos de traducción y de ortografía pues la versión en inglés, si ella existe, no fue localizada al momento de redactar esta nota.
Sabíamos que Kai Ambos, amigo del exjuez Baltazar Garzón, era un hombre de izquierda que solía defender puntos de vista escabrosos, como es su derecho, valiéndose de un cierto instrumental jurídico. Recordemos, por ejemplo, el discutible texto que difundió en mayo de 2011 para protestar por la eliminación “injusta” del terrorista Ossama Ben Laden. Kai Ambos pretendía que Estados Unidos “no estaba en conflicto armado con Al-Qaïda” y Ben Laden estaba “desarmado” en el momento en que un comando de las fuerzas especiales norteamericanas irrumpió en su bunker clandestino en Paquistán.
Sobre la vida colombiana Kai Ambos ha tenido posiciones menos excesivas. ¿Era solo una apariencia? Yo al menos no había leído un texto de Kai Ambos sobre temas colombianos tan extraño como éste en el que el jurista alemán, por evidente pasión ideológica, rompe con los principios más establecidos del derecho penal internacional, incluso con el derecho que él parece haber impartido en la universidad Georg-August de Göttingen, en 2003.
Ese artículo, que lleva también la firma de Susann Aboueldahab, otra jurista de la citada universidad, no solo es insultante. Es un requisitorio colérico y amenazante contra el presidente Iván Duque por éste haber osado lanzar seis objeciones muy razonables contra los peores aspectos del descarriado estatuto de la JEP (jurisdicción especial de paz).
La Constitución de Colombia es un estorbo
No crea el lector que lo que le publicó Semana a Kai Ambos es un memorial de abogado. Aunque es rico en latinajos (con mala ortografía) destinados a impresionar al auditorio, ese artículo es un ataque político contra el gobierno de un país democrático que, durante años, acogió a ese profesor alemán, poco conocido en su país de origen, con respeto y generosidad.
Este es un artículo no sólo contra el presidente de los colombianos sino también contra el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y contra el partido Centro Democrático y su líder natural, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El artículo de Ambos-Aboueldahab muestra que el pretendido aparato argumental de dos juristas alemanes puede huir de la racionalidad para refugiarse en una diatriba triste. Esta no logra responder a la pregunta de muchos colombianos en estos momentos: ¿por qué la llamada “justicia transicional” y su creatura más grotesca, la JEP, no quieren ajustarse al Estatuto de Roma, el cual exige “penas proporcionales a la gravedad de los crímenes cometidos”? ¿Por qué esa “justicia” insiste en que la única salida para Colombia es que no haya justicia en el caso de los jefes del terrorismo Farc?
“Duque aplicó su derecho constitucional de objetar proyectos de ley por razones de inconveniencia”, admiten Kai Ambos y su colega. Sin embargo agregan: “Existen serias dudas sobre si la aplicación de este derecho bajo las actuales circunstancias implica un desvío de su propósito original para beneficiar la agenda política de Duque”.
Es inútil buscar en esa tautología una explicación jurídica de por qué es “dudoso” que un jefe de Estado colombiano acuda a una prerrogativa constitucional. La única explicación posible es política: el gobierno colombiano debe inclinarse, según Ambos-Aboueldahab, ante un ídolo de barro: el acuerdo final Santos-Farc. Según esos profesores, la Constitución colombiana no vale nada, pues lo que cuenta ahora es el acuerdo de La Habana. Es a la luz de esa siniestra operación de impunidad que el gobierno y el país entero, incluyendo sus juristas y constitucionalistas más distinguidos, deben guiar la acción de la justicia en Colombia de ahora en adelante. Para Ambos- Aboueldahab no hay norma superior al papel firmado por Santos y Timochenko aunque ese documento sea un intento descarado de destruir el Derecho. La JEP, dicen, es “la piedra angular judicial del Acuerdo” Santos-Timochenko.
Empero, las dos eminencias son incapaces de probar lo que proponen. Con gran ceguera aseguran que la JEP es un “mecanismo justamente balanceado” mientras que la Constitución de Colombia es un estorbo “bajo las actuales circunstancias” y que el empleo por parte del presidente de la República de su privilegio de objetar una ley –en este caso la norma sobre la JEP-- resulta “dudoso”. En su perorata, ellos no explican en qué consiste exactamente la “duda” sobre la aplicación de una norma colombiana vigente de rango constitucional frente a una norma de rango inferior.
Lo que demuestra que la incursión de Kai Ambos contra el gobierno colombiano obedece a motivaciones extra jurídicas y extra académicas es un párrafo muy pensado que incluyen al final del texto. Allí los dos autores hacen un llamado al golpe de Estado.
Ambos-Aboueldahab plantean, en efecto, lo siguiente: “Las anteriores consideraciones evidencian que el Presidente Duque aprovechó un derecho constitucional para promover su agenda política que es incompatible con el Acuerdo de Paz”. Oigan bien. La agenda del gobierno Duque -no solo una medida sino su periodo presidencial-, es incompatible con el acuerdo de paz. Los autores del libelo dicen que los colombianos eligieron mal a su presidente y que la salida es derrocar al gobierno, pues la agenda de éste es “incompatible con el acuerdo de paz”. Ante esa situación, uno de esos factores debe ceder el paso ya que no puede haber coexistencia entre ellos. Esa es, ni más ni menos, la idea principal del mensaje Ambos-Aboueldahab que la revista Semana difunde sin la menor nota crítica.
Gran hallazgo jurídico: no combatir el crimen
Escribir tal disparate muestra que los dos abogados alemanes y el Instituto Colombo-Alemán para la Paz (Capaz), con sede en Bogotá, están decididos a acompañar una aventura golpista con tal de que las ambiciones de las Farc salgan victoriosas.
Para los dos abogados alemanes, metidos, no se sabe bien por qué, ni cómo, en los destinos estratégicos de Colombia, el pacto urdido secretamente en La Habana, y firmado luego por alias Timochenko y Juan Manuel Santos en el Teatro Colón, es superior a la Constitución de Colombia. Ese pacto es, además, intocable, para ellos. Por eso no es difícil afirmar que Kai Ambos ha roto con la racionalidad jurídica para endosar la irracionalidad de un proyecto totalitario.
Kai Ambos llega incluso a negar el principio universal de que el crimen debe ser combatido por el Estado democrático. El pretende que “exigir una persecución criminal estricta en este sentido es de corta vista, además no está conforme con el Sistema de Justicia Transicional del país y pone en peligro el Proceso de Paz en su conjunto.”
Es cierto que la fiebre de Kai Ambos contra los enemigos del pacto de La Habana era alta desde el comienzo. Pero en 2017 subió fuertemente cuando vio que la inadmisible injerencia de extranjeros en los asuntos de la llamada “justicia transicional” en Colombia iba a ser recortada. Como Kai Ambos resultó siendo designado como uno de los cuatro amicus curiae de la JEP, su interés radica ahora en ayudar a darle a esa figura del viejo derecho romano un estatuto distinto y hasta abusivo. Desde ese día, la línea del profesor Ambos fue tratar de hacer creer que la creación de la JEP iba a darle un “nuevo concepto”, como él dice, a la figura del amicus curiae.
En derecho romano, y en derecho occidental moderno, el amicus curiae es una expresión que ilustra el acto de una jurisdicción de consultar excepcionalmente la opinión de un perito en algún tema, en calidad de “amigo del tribunal”. Para resumir: el amicus curiae no es un juez, ni un conjuez, ni un testigo, ni un experto. Es sólo alguien que puede dar una luz sobre un punto litigioso para ayudar a que el proceso sea equitativo.
Kai Ambos pretende, en cambio, que los amicus curiae de la JEP tengan poder y terminen siendo, ante la desmovilización jurídica e intelectual de sus adversarios, conjueces o mediadores con poder de decisión.
Al asumir tales posiciones, Kai Ambos destapó su juego: él no es imparcial, ni “amigo del tribunal”, sino lo contrario: amigo de una de las partes y adversario resuelto de la otra. Conclusión: Kai Ambos no puede seguir siendo amicus curiae de la JEP, pues está cargado en favor de las Farc y es un enemigo del gobierno colombiano y de todo intento legítimo para impedir que la impunidad para los peores criminales de Colombia salga vencedora.
Kai Ambos protege los activos de las Farc, los ocultos y los entregados. Él dice que las exigencias del presidente Duque a ese respecto son “obsoletas”. El texto Ambos-Aboueldahab es, como si fuera poco, una acumulación vergonzosa de ataques a la legislación internacional sobre los crímenes de guerra, de lesa humanidad, de agresión y de genocidio. Ellos exigen que esos crímenes, que son imprescriptibles, no sean siquiera sancionados en Colombia.
El artículo de Ambos-Aboueldahab equivale a un acto de repudio del derecho, a una salida estrepitosa del ámbito jurídico. Después de ese texto no puedo imaginar cómo Kai Ambos puede aspirar a seguir enseñando en una facultad de Derecho y cómo puede querer dirigirse a un alumnado que debe recibir conocimientos jurídicos decentes.
El singular tándem evade continuamente los derechos de las víctimas en general y no habla de los crímenes de las FARC. Usa en cambio la frase disimuladora de “crímenes del conflicto armado”, mientras que se permite especular sobre las pretendidas “víctimas de crímenes de Estado”. ¿Cómo un amicus curiae puede jactarse de tener una visión así de polarizada?
¿El extraditable es una víctima?
Contra lo que dicen los juristas colombianos y la Fiscalía General de la Nación, Kai Ambos quiere banalizar otra enorme desviación y uno de los peores errores de la JEP: que la justicia penal ordinaria no pueda realizar diligencias relacionadas con los crímenes de las Farc. También aboga contra la extradición de nacionales que cometieren crímenes y delitos en dos o varios países. Quiere que esa clase de delincuencia pueda ser protegida ante un pedido de extradición alegando que la “jurisdicción” JEP es la que decide.
El Herrn professor y la doctora Aboueldahab hacen enunciados inexactos, cuando no tendenciosos: “La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia ya clarificaron que la extradición debe suspenderse hasta que se dé una verdad completa, lo cual es una garantía de las víctimas y de la sociedad en su conjunto”. Falso. A lo de la “verdad completa” le falta algo. La JEP sólo puede examinar la fecha del delito cometido por la persona pedida en extradición. Kai Ambos ve al extraditable, o al pedido en extradición, como una “víctima” que debe ser favorecida a ultranza, y al Estado que pide la extradición como una entidad nefasta. Ese enfoque es antijurídico.
El doctor Ambos es un enemigo de la extradición en general: él le reprocha a Colombia haber extraditado a los jefes paramilitares durante los gobiernos de Álvaro Uribe. El aduce que esas extradiciones “han detenido la narración de verdad (sic) de estos líderes y han sido fuertemente criticadas, no solamente por las organizaciones de víctimas.” Que extraño. Kai Ambos deja de lado lo esencial: la sanción penal fue perfeccionada con esas extradiciones y la justicia eliminó, con ese acto y por un buen tiempo, uno de los factores principales de la violencia extrema en Colombia. Lo de “detener la narración de [la] verdad” es una argucia de tinterillo frente a lo que esas extradiciones le aportaron a la paz del país.
Kai Ambos tiene una visión anómala de la separación de poderes. Él se queja de que el presidente Duque quiera que la oficina del comisionado de paz pueda verificar la lista de los miembros o ex miembros de las Farc que están bajo la órbita de la JEP. El rechaza esa inspección en nombre de “la independencia de la JEP”, de una independencia absoluta. Esa visión exagerada de la separación de poderes no es la que preconiza Montesquieu. La autonomía total de la justicia frente al poder ejecutivo es una visión errada, de origen anarquista. Esa escuela ve los tres poderes públicos no como factores dialogantes y de autolimitación sino como islas rivales y desconectadas, como poderes sagrados que van cada uno por su lado, como autómatas incapaces de gerenciar su propio desorden. Esa falsa visión descarta que tal “independencia” tenga efectos adversos sobre la sociedad y sobre los poderes legítimos. Lo de Kai Ambos es una falacia más, una caricatura de la sociedad democrática.
El espantapájaros
El artículo que publicó Semana tiene un objetivo final: meter miedo. “La Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) ha estado monitoreando profundamente los desarrollos recientes y ha demostrado en múltiples ocasiones su apoyo a la JEP”, estima Kai Ambos. Y remata así: “Tal vez ahora [las] cartas enviadas a las Autoridades Colombianas no sean suficientes y se requieran acciones reales.”
Levantar el espantapájaros de la CPI para intimidar a las autoridades de Colombia, en lugar de buscar una sanción real para la criminalidad narcoterrorista, es hacer un acto de inversión de conceptos que va a crear gran malestar en La Haya. Ambos y Aboueldahab olvidan un detalle: que una onda de descrédito recorre los pasillos de la CPI desde que la fiscal Fatou Bensouda, acérrima partidaria de la JEP, se vió involucrada con su marido en un obscuro pleito por estafa de 16 millones de dólares. La señora Bensouda tuvo que admitir, además, que en un proceso contra un expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, ella había cedido ante las presiones políticas de un gobierno europeo. Gbagbo fue absuelto en enero de 2019 a pesar de las presiones para que fuera condenado de parte del multimillonario George Soros, importante financiador de la CPI. Bensouda es conocida a su vez por hacer oídos sordos ante los crímenes de masa de la dictadura venezolana.
Por eso es que quizás los dos abogados alemanes no mencionan a la fiscal gambiana sino al vice-fiscal canadiense James Stewart, quien reincide en la posición errada de la señora Bensouda. Stewart dejó muy mala impresión cuando viajó a Bogotá, en octubre pasado, con el propósito de impedir que la soberanía colombiana, el senado colombiano, modificara la estructura de la JEP para impedir que ésta continúe la labor subversiva de minar las bases de las Fuerza Armadas de Colombia. Stewart quiere someter los militares colombianos a la JEP, una justicia paralela, de dudoso origen y concebida por La Habana, para dejar sin protección militar a Colombia.
Ese es el propósito de la monserga de Kai Ambos contra la decisión del presidente Duque de pedir la reforma de la JEP y cuando anuncia que “los esfuerzos velados del Gobierno de obstruir el trabajo de la JEP cuestionan seriamente su voluntad de investigar y juzgar crímenes internacionales”. ¿Qué anuncia esa frase? ¿El profesor alemán de la Universidad Sergio Arboleda quiere llevar ante la CPI al presidente Iván Duque? Grotesca pretensión. Lo que hace el gobierno de Iván Duque al tratar de corregir las aberraciones de la JEP merece el respaldo unánime de la CPI: impedir que los grandes criminales en Colombia escapen a la justicia y sean protegidos por una ideología inhumana que trabaja para abolir los seres humanos y reemplazarlos por algo mejor: el “hombre nuevo socialista”. Kai Ambos y consortes deberían volver a sus estudios y dejar la baja politiquería.
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