Desde 2011, por mandato legal, cada 9 de abril se celebra el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Ese día el Estado lidera actividades de reconocimiento de los hechos que han victimizado a los colombianos y el Congreso se reúne en sesión permanente para escuchar a las víctimas.

Como presidente de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, lideré sesiones, foros regionales, encuentros, audiencias y debates de control político. En estos escenarios pude comprobar los problemas de aplicación de la ley en varios aspectos, sobre todo la falta de presupuesto e inclusión en la sociedad.

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Los reportes oficiales son alarmantes. Hay 8.785.305 víctimas registradas, 8.418.405 por conflicto armado, 7.469.351 desplazados 1.001.100 por asesinato, 402.863 amenazados, 171.567 desaparecidos y otras miles por minas antipersonales, delitos contra la libertad y la integridad sexual, secuestro, actos terroristas, despojo de tierras, entre otros.

La celebración este año se hizo en medio de la polarización y coyuntura que vive el país por las elecciones de autoridades locales que se realizarán en octubre próximo. Las mesas de participación de víctimas -nivel municipal, distrital, departamental y nacional- que son uno de los grandes logros de la ley, están divididas, afectadas y aprovechadas por sectores que buscan satisfacer objetivos electorales particulares.

Los esfuerzos del gobierno deben enfocarse en garantizar medidas de satisfacción para las víctimas; su derecho a la verdad y el deber de memoria del Estado para restablecer su dignidad y contribuir a mitigar su dolor. El presidente Duque antes de convocar a la nación alrededor del fútbol, debe estimular la unidad para reconocer a las víctimas.

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Esta jornada nos invita a la reflexión, a unirnos como colombianos para decir no más, a honrar y reconocer a millones de compatriotas que han sufrido el horror de la guerra. Hago un llamado al Congreso, en especial a su mesa directiva y a las entidades comprometidas en las actividades, para que la celebración se haga en el marco de la civilidad y del respeto, sin que se convierta en un espacio para incentivar los odios, la polarización y la revictimización.