Por decisión de una juez de Popayán, que agrupó una serie de demandas contra el Estado, el mismo se salvó de pagar 20 billones de pesos que al menos 75.000 inversionistas exigían como indemnización tras ser timados por empresas captadoras de dinero o pirámides. El argumento de los demandantes era la supuesta falta de supervisión de las autoridades en estas empresas. 

Inversiones Alina, El Trébol, DMG, Drfe, InverBonilla, Mar del Plata y Euroacciones, fueron las empresas en las que los demandantes invirtieron su dinero y tras la estafa, pidieron una indemnización económica al Departamento Nacional de la Presidencia. 

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Según los demandantes el Estado falló por la falta de vigilancia y control y en las "escasas actuaciones para conseguir que las captadoras devolvieran el dinero invertido a los asociados".  La negligencia, según los inversionistas, habría sido por parte del Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera, las Gobernaciones del Valle del Cauca y Cauca, algunas alcaldías y la Fiscalía; aunque a su vez estas respondieron con las acciones que realizaron en su momento, como la advertencia de no invertir en este modelo económico. 

La Agencia de Defensa Jurídica del Estado informó que los inversionistas en pirámides son los que más demandan al Estado y a su vez los que más pierden este tipo de procesos.