Nicaragua presentó dos demandas contra Colombia, una sobre el supuesto incumplimiento del fallo de 2012 y una nueva solicitando una plataforma continental extendida.
En 2012, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que Nicaragua tenía potestad sobre 75.000 kilómetros cuadrados de mar hacia el oriente de sus costas.
Redacción - EFE
El Gobierno presentó este jueves en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, la respuesta a la demanda que hace cuatro años instauró Nicaragua para que se le conceda una plataforma continental extendida en el mar Caribe.
En el documento "se respondieron todos y cada uno de los puntos y argumentos planteados por Nicaragua en el proceso sobre la 'Cuestión de la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense'", dijo la Cancillería colombiana en un comunicado.
La presentación, agregó el Ministerio de Relaciones Exteriores, "se da en cumplimiento de los plazos establecidos por la Corte luego de que esta se declarara competente para el caso".
Sin embargo, aclaró el despacho oficial, "no significa que hoy se haya tomado ninguna decisión frente a este caso".
Tras la entrega del documento por parte de Colombia, la Corte tiene que decidir si puede proceder a realizar una delimitación de la plataforma continental (subsuelo marino), más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense, y si Nicaragua tiene o no los derechos que alega.
Al respecto, José Alberto Toro Valencia, profesor de la Escuela de Derecho de Eafit dijo que “los Estados tienen una plataforma continental de 200 millas náuticas, pero pueden solicitar extenderla a 350 millas náuticas”.
Para la Cancillería esta reclamación "no tiene ningún fundamento" y se demostró que Colombia "tiene plena e indiscutible titularidad sobre el área marítima reclamada por Nicaragua".
"El Gobierno continúa defendiendo con firmeza los derechos de Colombia en el mar Caribe", puntualizó.
Esa decisión de aumentar las millas náuticas fue considerada "inaplicable" por Colombia porque los límites del país no pueden ser modificados por terceros sino por el Congreso.
Luego del fallo, el país centroamericano presentó dos nuevas demandas. El 16 de septiembre de 2013 instauró una que es la pretensión de la plataforma continental extendida más allá de las 200 millas náuticas, y la otra, del 26 de noviembre del mismo año, argumentando que se ha incumplido el fallo que redefinió los límites marítimos entre ambos países.
En agosto de 2014 el Estado Colombiano presentó excepciones preliminares en el proceso indicando que la Corte no tenía competencia y que la demanda no era admisible.
Sin embargo, el 17 de marzo de 2016 la CIJ rechazó esas objeciones y se declaró competente para juzgar las dos demandas de Nicaragua.
La Corte dio entonces plazo a Nicaragua hasta el 28 de septiembre de 2016 para sustentar su demanda y a Colombia hasta este jueves para presentar su defensa.
Los documentos sometidos a consideración de la Corte este jueves "son de carácter confidencial", pero el Gobierno manifestó que los argumentos que presentó son "científicos, jurídicos e institucionales" e indican "las razones por las cuales esta no puede proceder con una delimitación como lo pretende Nicaragua".
El profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), abogado y experto en Derecho del Mar, Andrés Úsuga Marín, señaló que 1928 fue el año en que se parten las cosas. "El Tratado Esguerra-Bárcenas se firmó después de quince años de negociaciones", a pesar de haberse pactado sin que en Colombia hubiera Armada Nacional.
Sin embargo, fue de suma importancia porque al firmarse este tratado el 24 de marzo de 1928, Colombia reconoció la propiedad y soberanía de Nicaragua sobre las islas Mangle y la Costa Mosquitia, y Nicaragua a su vez la soberanía y propiedad de Colombia sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina y todas las demás islas, islotes y cayos que hacen parte del Archipiélago.
No obstante, el inicio del litigio entre Colombia y Nicaragua se remonta a 1969, pero según el experto, los gobiernos anteriores del país “no dimensionaron" la problemática que se avecinaba.
Ya para 1980 cuando el actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega se tomó el poder mediante un golpe de Estado, le dijo a Colombia que desconocería el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, según el experto en Derecho del Mar.
“El Gobierno de Colombia de la época no hizo mayor cosa, pensó que el mandato de Ortega no iba a ser muy duradero. Precisamente 37 años después todavía gobierna en Nicaragua, aunque hoy ya lo hace con el respaldo popular. Pero en ese momento no se tomaron las medidas pertinentes", agregó.
Llegado el siglo XXI, Nicaragua en 2001 demandó el Tratado Esguerra-Bárcenas, después de que en 1980 este gobierno centroamericano dijera que no lo respetaría. Ante ello, Colombia presentó unas excepciones, “es decir contestó la demanda pero extemporáneamente. Entonces ahí hubo varios errores por parte de quienes estuvieron al mando de la Cancillería”, señaló Úsuga Marín.
El 13 de diciembre de 2007, se conoció el primer fallo de la demanda instaurada por Nicaragua.
No obstante, este caso volvió a sonar y reapareció en 2012, cuando la Corte Internacional de Justicia redefinió la frontera marítima entre ambos países, con la que Nicaragua ganó territorio en el mar Caribe, y excluyó de la discusión a las tres islas medianas de soberanía colombiana que son San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Luego se conoció el fallo de 2012. Según el experto de la UPB este fallo tenía cuatro puntos “todo lo que emerja del agua, hasta el meridiano 82 es soberanía de Colombia (islas, islotes y cayos). Esto es del Tratado de 1928, a pesar de que Nicaragua lo demandó, La Haya dice que está vigente”.
No obstante, como en el Tratado de Esguerra-Bárcenas de 1928 no se delimitó, ni se relacionaron específicamente los referentes geográficos: Bajo Nuevo, Serranilla, Roncador, Bajo Este-Sudeste, Bajo Albuquerque, Quitasueño y Serrana, “porque no tenían nombre propio, sí se hizo una delimitación y allí empezamos a perder territorio”, indicó Úsuga Marín.
Consecutivamente, Sureste y Albuquerque no entraron en discusión por estar más cercanos a Colombia.
Sin embargo, con Bajo Nuevo, Serranilla, Roncador, Quitasueño y Serrana, la Corte empezó a trazar una frontera marítima porque el tratado no tenía "límites marítimos", según el organismo.
Entonces la Corte delimitó con estos cinco referentes: “Empezó a dividir por la mitad la frontera marítima de acuerdo a los puntos entre Colombia y la costa de Nicaragua. Hizo una medición con equidistancia y una proporcionalidad entre las islas nicaragüenses, ubicadas más al Oeste y las islas colombianas, más al lado de Nicaragua”.
Al determinarse las costas pertinentes de Nicaragua, “como las costas no son como una regla sino que tienen bastantes accidentes, trazaron una línea que midió a Colombia y Nicaragua, y se evidenció una desproporción entre los dos países”, manifestó el experto, explicando que adicionalmente la Corte trazó unos paralelos a la línea del Ecuador, “que son los que quedaron y delimitaron el mar que teníamos encapsulando a dos cayos nuestros”, que serían Quitasueño y Serrana. Aunque la problemática radica en que para llegar a estos cayos tendría que usarse un helicóptero porque el mar a su alrededor es nicaragüense.
"Colombia quedó con tres islas medianamente grandes San Andrés, Providencia y Santa Catalina; siete accidentes geográficos entre islotes, cayos y bajos, mar de superficie, mar de la profundidad y lecho marino”, concluyó Úsuga Marín, señalando que este último es importante porque podría tener petróleo o gas.
El 28 de noviembre de 2012, el presidente Juan Manuel Santos anunció el retiro de Colombia del pacto de Bogotá, que tiene como objetivo imponer una obligación general a los países para resolver sus conflictos a través de medios pacíficos.
Además, con este pacto también se les obliga a agotar los mecanismos regionales de solución de los asuntos antes de acudir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
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