Un sistema de producción que piense en generar menos impactos en el medio ambiente, y un sistema educativo que haga mayores inversiones en ciencia, tecnología e innovación son algunos de los retos que, según expertos, representa el ingreso de Colombia en la Ocde.
En los últimos días, el presidente Juan Manuel Santos firmó el ingreso oficial de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), una entidad de cooperación internacional cuya misión es promover y compartir políticas que, según la misma organización, “mejoren el bienestar económico y social de las personas en todo el mundo”.
Colombia fue examinada por 23 comités en un proceso que duró siete años y medio, durante los cuales el Gobierno Nacional tuvo que aprobar nuevas leyes y poner en marcha mejoras en sus regulaciones.
Tales mejoras incluyeron el fortalecimiento de la capacidad del Ministerio de Trabajo, con miras a reducir la informalidad, generar la independencia de algunos órganos de control, como lo son las superintendencias, y el robustecimiento de la supervisión para los conglomerados financieros.
A este respecto, el presidente Santos señaló, en su discurso frente a la Ocde, que Colombia también aportará su experiencia “para enriquecer el trabajo de esa gran organización”, cuyo foro de análisis podrá revisar de manera permanente las políticas que implementan los países miembros.
Pese al largo proceso que enfrentó el país para acoplarse a las prácticas de la Ocde, el camino apenas empieza. Pero no solo en materia de políticas laborales, fiscales o económicas, sino también en aspectos como la educación y el cuidado del medio ambiente, elementos claves para el desarrollo del país.
Una de las prácticas de la Ocde frente a los procesos de producción y el cuidado del medio ambiente es el Crecimiento Verde, un proceso estratégico que busca propiciar el crecimiento económico en tanto se asegure la protección de los recursos naturales para que estos, en términos de la Organización, “continúen proporcionando los recursos y los servicios ambientales” de los que depende el bienestar de la sociedad.
Igualmente, el Banco Mundial se refiere a este término como una alternativa para transformar el modelo de crecimiento económico que, durante muchas décadas, estuvo centrado en la explotación de los recursos naturales.
Para cumplir con esas políticas de crecimiento verde, Giovanni Montoya Aldawe, economista y director del contenido del Grupo Ágora, señala que la economía colombiana tendría que pensarse desde “un esquema de producción más limpia”, lo que implica que las compañías “soporten técnicamente su producción para ofrecer el menor impacto ambiental”.
Frente a esto, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha venido liderando desde noviembre de 2015 y hasta mayo de 2018 una estrategia denominada Misión de Crecimiento Verde. Esta iniciativa tiene como objetivo primordial definir los lineamientos de la política pública para encaminar al país hacia el Crecimiento Verde en el 2030.
Con esta Misión, el Gobierno Nacional busca enfocarse en tres ejes: primero, la productividad en el uso de la tierra, el agua y la eficiencia energética, así como la adopción de una economía circular donde los productos sean diseñados para que se facilite su reciclaje; el segundo, la apertura de nuevas oportunidades económicas como la bioeconomía; y tercero, el uso de energías renovables y no convencionales.
Pese a todos estos esfuerzos, para Jahir Alexánder Gutiérrez, docente investigador de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad CES, Colombia “tiene todo por aprender” en materia de crecimiento verde, pues todavía hace falta una mayor articulación de los esfuerzos y “falta un mayor reconocimiento de las riquezas naturales y cómo explotarlas de manera adecuada”.
Por su parte, Montoya Aldawe, señala que este proceso puede durar décadas y que el cumplimiento de las normativas dependerá no solo del Estado sino también del compromiso de las empresas, que tendrán que pensar en el cuidado ambiental como uno de los ejes más importantes a la hora de producir.
Así, el Crecimiento Verde propone una serie de reestructuraciones al sistema productivo y económico que Colombia conoce desde hace décadas. Por este motivo, expertos señalan que tanto las empresas como los ciudadanos deben estar comprometidos con el cumplimiento de dichas regulaciones.
Raúl Cardona Montoya, jefe del pregrado de Finanzas de la Escuela de Economía y Finanzas de Eafit, enfatiza que las empresas privadas tienen una corresponsabilidad a la hora de implementar estas regulaciones, pues tendrán que “plantear sus proyectos en pos del cumplimiento de las normas ambientales”, y tendrán que enfrentar el reto de “disponer recursos para trabajar en producción sostenible”.
Igualmente, Cardona Montoya advierte que el papel de la ciudadanía es vital en ese proceso, pues tendrá que tomar conciencia de que acciones cotidianas como reciclar y no desperdiciar agua tienen un impacto directo con el cuidado de los recursos naturales.
En 2016, la Ocde realizó una revisión de las políticas nacionales de educación y recopiló dicho análisis en un documento titulado La educación en Colombia. En este informe, el organismo señala que en las últimas dos décadas el país mejoró en la cobertura de educación, representada en un mayor número de estudiantes matriculados en todos los niveles académicos, así como una mayor participación de la ciudadanía en la Atención Integral y Educación de la Primera Infancia (AIEPI) y en la educación superior.
Sin embargo, también mencionó dos retos que Colombia tendrá que solucionar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos: cerrar las brechas en términos de participación y mejorar la calidad de la educación, pues persisten las desigualdades en el acceso y permanencia en el sistema educativo.
El economista Giovanni Montoya Aldawe recalca que el tema de la educación debe ser atendido de manera estructural, pensando en la educación básica, secundaria y universitaria, y promoviendo en todos los niveles la innovación, la ciencia y la investigación. En la actualidad, el presupuesto destinado para estos aspectos es de solo el 0.5% del PIB nacional, mientras que en algunos países de la Ocde, el presupuesto ronda el 4.5% del PIB.
Para el experto, en la educación primaria deben reforzar temas como las matemáticas, la ciencia y la tecnología, lo que implica “contar con docentes que tengan grandes habilidades en estos campos”. Por su parte, en la secundaria debería promoverse la investigación y la generación de productos innovadores, y en niveles de educación superior, articular la academia con las necesidades de la sociedad.
Sin embargo, para que una reestructuración en la educación sea posible, es necesario pensar en los docentes. Al respecto, Montoya Aldawe subraya que hay que acercar a los profesores a la tecnología y “entregarles las herramientas para que ellos puedan transmitir un conocimiento útil y moderno”.
Así mismo, Raúl Cardona Montoya, jefe del pregrado de Finanzas de Eafit, señala que el Estado tendrá que apoyar con mayor fuerza la formación de los docentes de todas las áreas del conocimiento, pues esto puede impactar positivamente en la calidad de las investigaciones que surgen en las instituciones educativas.
Igualmente, Cardona Montoya recalca la importancia de que el Estado invierta en mejorar la educación financiera de los estudiantes, pues es uno de los aspectos en los que los jóvenes tienen más dificultades: “deberíamos enseñarles a nuestros niños y jóvenes que el dinero hay que cuidarlo y saberlo gestionar, pues esto es fundamental para cumplir con las metas a corto, mediano y largo plazo”.
A este respecto, el profesor Cardona señala que pese a que el decreto 457 del 28 de febrero de 2014 planeta las disposiciones para que la educación financiera sea dictada en Colombia, las instituciones muchas veces no tienen los profesores preparados en el área, así como no cuentan con el acompañamiento estatal “lo que impacta negativamente nuestro desempeño en pruebas internacionales”.
Sin embargo, Cardona Montoya también señala que la educación ciudadana es vital para mejorar el sistema, pues muchas de las reformas que se tendrán que abordar implican el compromiso de la ciudadanía y que estos “comprendan la importancia de ser un ciudadano transparente”.