La presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Silvia Fernández de Gurmendi, asegura que Colombia "ha demostrado que paz y justicia no son incompatibles", en una entrevista por la celebración del quince aniversario del Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal.

Colombia es el único Estado latinoamericano que actualmente está bajo la lupa de la Fiscalía de la CPI y Fernández contó que, desde La Haya, se ha seguido "con atención" las negociaciones entre su Gobierno y el grupo guerrillero Farc.

"Siempre ha habido discusiones sobre si la paz puede prevalecer o si debe hacerlo la justicia" comentó la jueza argentina, que añadió que "el proceso colombiano, efectuado en el marco de un país que ha ratificado el Estatuto (de Roma) y que es parte de la CPI, ha demostrado que paz y justicia pueden ser compatibles".

La jueza calificó como "muy favorable" el apoyo que la región de América Latina y el Caribe ha prestado al tribunal en sus primeros quince años de vida, y se felicitó porque sus países hayan "ayudado mucho al equilibrio de género de la CPI" debido a que "cuatro de los cinco jueces latinoamericanos han sido mujeres".

Preguntada por la posibilidad de que algún líder latinoamericano se siente en un futuro en el banquillo de los acusados, dijo que "esa es una cuestión para el fiscal".

"A nivel global es una corte general y permanente, con lo cual nada queda excluido de antemano, pero la selección de situaciones de casos es realmente el mandato del fiscal", insistió.

Uno de los problemas a los que se enfrenta la CPI es la no universalización del Estatuto de Roma, pues a pesar de que se han adherido a él 124 países aún no cuenta con la ratificación de potencias militares como Estados Unidos, Rusia, China, Israel, o India, entre otras.

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Fernández, de 62 años, dijo que, de tener delante a sus altas autoridades, les diría "lo mismo que a todos los Estados. Les explicaría que la aplicación efectiva de la justicia por cierto tipo de delitos que afectan a la comunidad internacional es en interés de todos".

Puntualizó que la CPI "no compite con los sistemas nacionales" y que "los Estados mantienen la soberanía y el derecho de investigar y juzgar los hechos cometidos por sus nacionales", por lo que el tribunal de La Haya es sólo un sistema "de último recurso".

Otro país que no forma parte del Estatuto de Roma es Siria, el cual se desangra en un conflicto armado desde hace más de siete años.

"La importancia de lograr asegurar la responsabilidad penal individual por actos cometidos en Siria es un debate constante", comentó la jueza, que recordó que Naciones Unidas aprobó en diciembre de 2016 la creación de una comisión para investigar los crímenes más graves cometidos allí.

Fernández explicó que a pesar de que ese país no puede ser investigado directamente por la Fiscalía de la CPI, esa comisión debe "preservar pruebas para que en un futuro pueda haber sanción".

"El hecho de que no se logre un acuerdo no significa que el concepto de justicia desaparezca. Al contrario, la preocupación permanece", añadió.

Por último, la jueza reconoció que la CPI vivió una "crisis de confianza" a finales del año pasado cuando Gambia, Sudáfrica y Burundi dieron a conocer su intención de retirarse del Estatuto de Roma.

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Estos países acusaron de parcialidad al tribunal debido a que todos los condenados y la gran mayoría de investigados hasta el momento son líderes africanos, pero meses después Gambia y Sudáfrica dieron marcha atrás y anunciaron que seguirían formando parte del tribunal.

Fernández aseguró que esa crisis "llevó a todos a hacer una reflexión importante y positiva sobre lo que significa la CPI", siendo la conclusión que lo ya logrado "debía ser defendido".

Además, añadió que es "inevitable" que en un futuro el tribunal traslade "su atención a otros países del mundo".