En noviembre de 2012, un fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya le quitó a Colombia unos 75.000 kilómetros de mar Caribe y se los entregó a Nicaragua. Es cosa juzgada.

Antes, en 2007, ese mismo Tribunal aseguró mediante sentencia que el meridiano 82 no era una frontera marítima. El meridiano, una línea imaginaria, determinaba desde el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 los límites marítimos entre estos dos países.

La Junta de Gobierno de Reconstrucción que se instauró en ese país centroamericano en 1979 invalidó el Tratado, asegurando que la firma de este se dio bajo presión de los países que invadieron Nicaragua: Inglaterra y Estados Unidos. En la Corte los escucharon.

La decisión desfavorable de 2012 llevó al Gobierno de Juan Manuel Santos a no acatarla, por lo que los nicaragüenses actuaron en consecuencia. De nuevo acudieron a la CIJ, esta vez para presentar dos demandas en 2013. La primera, de octubre, por incumplimiento, la segunda, de noviembre, para que el organismo internacional fije el límite de su plataforma continental, que Nicaragua reclama sea de 350 millas -150 millas adicionales a las ya obtenidas-. Es decir, ya tiene el cuerpo de agua, ahora quiere el cimiento, la parte baja, donde se asegura existen grandes yacimientos de gas y petróleo cuya explotación los centroamericanos entregarían a China.

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En marzo de 2016, la CIJ aceptó revisar las demandas de Nicaragua y dio como plazo el jueves 28 de septiembre de 2017 para que ambos países presenten sus alegatos en este sentido.

Después de este jueves, la fase final de este proceso se podría tardar muchos años. En 2012, una vez conocida la decisión, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que el país no acudiría más a la Corte y que denunciaba el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas “Pacto de Bogotá” -en el que se entregó competencia a la CIJ- por lo que la asistencia al Tribunal esta semana sería un simple formalismo y una no renuncia al derecho de defensa.

Además, el Senado se opuso a actuar de conformidad con lo previsto en el Artículo 101 de la Constitución Política de Colombia y lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-269 de 2014, según lo cual, esa determinación se debe incorporar mediante un tratado debidamente aprobado por el Congreso y ratificado por el Presidente de la República.

En lo que respecta a las recientes demandas, la Cancillería indicó que Colombia presentó excepciones preliminares referentes a la competencia de la CIJ, así: Para el caso denominado: ‘Delimitación de la Plataforma Continental entre Nicaragua y Colombia más allá de 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense’, la defensa jurídica colombiana consideró la pertinencia de presentación del escrito de excepciones el 14 de agosto de 2014. Y en el caso denominado ‘Supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marinos en el mar Caribe’ se presentaron excepciones preliminares el día 19 de diciembre de 2014. Con las excepciones preliminares se le comunicó a la Corte que ella no puede conocer de las demandas de Nicaragua.

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El 4 de mayo de 2016, la CIJ respondió a Colombia: que en Resolución del 9 de diciembre de 2013, el Tribunal fijó el 9 de diciembre de 2014 y el 9 de diciembre de 2015 como plazo para la presentación de dichas memorias, pero que en vista de las excepciones preliminares presentadas a la jurisdicción de la Corte, el plazo se corrió; que el 28 de septiembre de 2017 es el nuevo plazo para que el país presente una contramemoria; y que mediante sentencia de 17 de marzo de 2016, el Tribunal con base en el artículo XXXI del Pacto de Bogotá, conoció de la primera solicitud presentada por Nicaragua en su demanda y que esa petición era admisible.

Es decir, con las excepciones preliminares no se resolvió nada, solo se consiguió que se corriera un plazo.

El senador Luis Fernando Velasco Chaves, integrante de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, aseguró al periódico EL MUNDO que, sin embargo, los documentos, contramemorias y pruebas están listos para acudir al Tribunal y realizar una buena defensa.

Se demostrará más allá de toda duda razonable que no solo Nicaragua no puede obtener 350 millas de plataforma continental, que extendería sus derechos a zonas muy cercanas a las costas colombianas, sino que lo logrado por ese país con el fallo de 2012 no le pertenece. “Las plataformas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se unen con la de la costa Caribe colombiana, lo que hace impensable que Nicaragua pretenda llegar hasta allí. Asimismo, la CIJ no es la competente para definir esos límites. Se trata de defender la soberanía, no solo declararla”, aseguró Velasco.

El senador fue enfático al declarar que “si la Corte evalúa con rectitud nuestros argumentos jurídicos, que están sustentados en pruebas técnicas, tengo la confianza de que habrá un fallo favorable para nuestros intereses”. Y sentenció: “Los nuevos límites de nuestro país solo pueden concretarse con un tratado que hoy no existe. Podemos estar seguros de que el Congreso no le va a entregar el territorio a nadie, no nos vamos a prestar para eso. Colombia no ha perdido nada y así será”.

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Voces pesimistas frente al diferendo advierten que Colombia no asistirá a la Corte para que se reverse lo ya decidido en noviembre de 2012. No es posible. Los 75.000 kilómetros cuadrados de mar se perdieron y acudir al Tribunal es ratificar esa decisión. Lo que se discute ahora es la nueva pretensión nicaragüense.

Sebastián Bitar Giraldo, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y doctor en Relaciones Internacionales de la American University, insiste en que lo grave de la actual demanda es que es muy probable que se falle a favor de Nicaragua, pues las tres últimas pretensiones frente a Colombia fueron decididas positivamente para el país caribeño.

No es tan descabellado pensarlo. La CIJ falló en 1986 a favor de obligar a Estados Unidos a pagar una millonaria indemnización porque financió una guerra interna en Nicaragua y ordenó bloqueos que perjudicaron al país centroamericano. Sin embargo, la indemnización fue perdonada por la presidenta Violeta Barrios de Chamorro en 1991. No ha faltado quien asegure que ese favor es el que se ha retribuido de alguna manera con las sentencias favorables antes mencionadas.

En todo caso, de perder en esta nueva demanda, San Andrés quedaría encallada en el mar de otro país. “Eso desconectaría a San Andrés de nuestras costas. Ya Colombia no recuperará lo perdido, así fue fallado y se debe respetar la decisión porque el país se acogió a esos mecanismos”. Advierte Bitar que, sin embargo, Colombia tiene la opción de desconocer el fallo y hacer presencia en la zona con sus fuerzas armadas. “No creo que haya sanciones para Colombia, a menos que haya un incidente grave en el que barcos de Colombia y Nicaragua se disparen y que otros países se vean afectados. Esas decisiones si quiere el país no las acepta. Crea un mal precedente sí, como un país que no respeta lo que aseguró respetaría. Pero Estados Unidos lo hace todo el tiempo, utiliza los mecanismos internacionales a su conveniencia: cuando los necesita acude a ellos, cuando no, inaplica, rechaza o ignora”.

Desconocer un fallo, sin embargo, deja a Colombia mal parada internacionalmente. Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de Política Exterior Comparada en la Universidad del Rosario, lo cree así. “Colombia cometió un craso error al denunciar al Pacto de Bogotá pensando que así esquivaba su responsabilidad o evitaba el fallo internacional. Luego salimos a decir que el fallo es legítimo, pero no lo aplicamos. Por la vía jurídica ya llevamos las de perder. La imagen que se tiene hoy es de un país que no respeta el Derecho Internacional Público. La incertidumbre en San Andrés es inmensa. Los pescadores artesanales no tienen garantías. La armada nicaragüense los hostiga todo el tiempo, no los deja trabajar en aguas que desde 1810 son de ellos, nuestras, colombianas”.

Jaramillo propone una negociación política. Así como ocurrió con Ecuador y las aspersiones aéreas. “Se negoció, indemnizamos y evitamos sanciones”.

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Jaramillo y Bitar coincidieron en que Colombia no solo pierde soberanía sino recursos de fondos marinos y reservas de hidrocarburos.

En el año 2003, Nicaragua otorgó licencias para la exploración de petróleo en la plataforma continental que disputa con Colombia a cuatro compañías norteamericanas: Infinity Inc. de Oklahoma; MKJ Exploraciones Internacionales S.A. de Louisiana; Greathouse Trust 2000, de Texas; e Industria Oklahoma-Nicaragua S.A. de Oklahoma.

El país centroamericano inició una nueva ronda de licitaciones para que desde 2006 se explore en aguas colombianas, repitiéndose esta situación en el año 2008.

Asimismo, no sobra recordar que en 2013, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que su país daría inicio a un megaproyecto denominado Gran Canal Interoceánico, una competencia del Canal de Panamá, para lo cual entregaría a la empresa china HKND la construcción del mismo.

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Hay una gran riqueza en el subsuelo que reclama Nicaragua, con amplios yacimientos de gas y petróleo. Al menos así lo creen en ese país, por lo que han autorizado en los últimos años a multinacionales para que exploren la plataforma marítima que aún no les pertenece y que esperamos no les sea concedida.