Privilegiar los impuestos y dejar de lado la política de seguridad democrática creó desconcierto en la sociedad y en el mismo partido que lo llevó a la presidencia, el Centro Democrático, del ex presidente Álvaro Uribe. Y el terrorismo se deslizó por esa brecha.
Horror absoluto. La explosión de una camioneta que irrumpió violentamente en la Escuela de Policía General Francisco de Paula Santander, de Bogotá causó la muerte de 21 personas. Las autoridades hablaron inicialmente de nueve muertos. En pocas horas esa horripilante cifra subió más del doble. Los heridos son 68, según un informe médico provisional. Horror absoluto.
Colombia no había recibido un golpe terrorista de esas proporciones desde el 7 de febrero de 2003 cuando las Farc hicieron estallar en Bogotá un carro bomba en el Club El Nogal que mató a 36 personas y dejó heridas a 158 más.
El atentado del jueves indica que Colombia retrocedió muy rápidamente en materia de seguridad nacional y que el “proceso de paz” del ex presidente Juan Manuel Santos fue una gran impostura.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, dio el jueves mismo el nombre del chofer que condujo el vehículo antes de morir en la explosión. José Aldemar Rojas Rodríguez, de 56 años, aparentemente no tenía antecedentes criminales. Fuera de eso nada substancial se sabe. El fiscal no dijo si Rojas hizo parte de un movimiento terrorista. No indicó si Rojas se suicidó o si la bomba fue activada a distancia por una tercera persona. No ha dicho si las características de la bomba abrió una pista para los investigadores.
Al momento de escribir esta nota, son pocos los elementos confirmados por la policía. Esta deduce que la camioneta venía de Arauca, pues sus revisiones técnicas recientes habían sido efectuadas en ese departamento fronterizo con Venezuela. Afirman que el vehículo contenía 80 kilos de pentolita de tipo militar, que los vigilantes de la Escuela de Policía, gracias a un perro antiexplosivos, descubrieron que la camioneta debía ser examinada, pero que el conductor, al verse descubierto, los embistió y que los que trataron de detenerlo murieron cuando estalló la bomba, luego de que el auto virara bruscamente a la izquierda y se estrellara contra uno de los dormitorios de los cadetes. Una ceremonia oficial iba a ser realizada horas más tarde en esa Escuela.
No se sabe de dónde salieron los explosivos. Tampoco si la camioneta pudo recorrer más de 500 kilómetros con o sin esa carga letal sin que las fuerzas de seguridad hayan podido interceptarla. Las autoridades no han dicho si la camioneta en cuestión entró alguna vez a Venezuela.
Ante la falta de datos confirmados, los rumores crecen. Unos creen saber que Aldemar Rojas militó en las Farc, en el grupo de alias Grannobles, jefe del sector que asoló el sector de Arauca. Otros dicen que Rojas podría ser alias mocho kiko, un miembro del Eln que había perdido la mano derecha en una explosión.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo hizo saber, después del atentado, que ella había lanzado una nota de alerta el 13 de diciembre pasado. Según ésta, seis grupos armados ilegales estaban aglutinándose para cometer atentados con explosivos en barrios periféricos de Bogotá. Un noticiero radial recordó, luego del atentado, que un documento de 50 páginas de la citada oficina asegura que el Eln está organizando un “frente de guerra urbano” y que en ese proyecto estarían involucrados “desmovilizados de las Auc y de las Farc”. ¿Tal advertencia cayó en oídos sordos o propició investigaciones que no llegaron a nada?
Una cosa es cierta: el atentado del 17 de enero revela que existen deficiencias graves en los dispositivos de seguridad de Colombia. Los terroristas probaron que pueden dar golpes extremos en la capital del país.
Ese sangriento atentado cierra el primer periodo del gobierno de Iván Duque. Su cándida línea de “superar el clima de polarización” que creó el gobierno Santos con la firma de los “acuerdos de paz” con las Farc, y su idea de “conseguir la equidad” a todo precio, llevó a Duque a subvalorar el tema de la seguridad. El resultado está a la vista. Su invitación a “evitar la polarización” suena hueca. El país ve que el tema más crucial para la población, la seguridad, fue dejado en segundo plano.
La caída de popularidad de Iván Duque antes de cumplir sus primeros 100 días de gobierno fue una advertencia de que ese enfoque era errado. Privilegiar los impuestos y dejar de lado la política de seguridad democrática creó desconcierto en la sociedad y en el mismo partido que lo llevó a la presidencia, el Centro Democrático, del ex presidente Álvaro Uribe. Y el terrorismo se deslizó por esa brecha.
Otros factores podrían ser tenidos en cuenta al examinar lo que acaba de ocurrir.
1.- La muy lenta transición de la cúspide de las Fuerzas Armadas dejada por Juan Manuel Santos a una cúspide militar renovada por el gobierno de Iván Duque.
2.- Duque prometió “corregir” los acuerdos de Santos con las Farc pero no ha hecho nada en ese sentido.
3.- La aún más lenta reorganización de los servicios de inteligencia civil y militar, y de contrainteligencia, ambos dejados en estado agónico por el gobierno de JM Santos.
4.- La impericia ante la existencia de redes de inteligencia, influencia y tráfico de dinero sucio por cuenta de redes cubanas y venezolanas, como dejó ver la expulsión sin más de un espía venezolano, Carlos Manuel Pino García, el 19 de diciembre pasado.
5.- Los altibajos en el combate militar y judicial contra las organizaciones narco-terroristas más activas: el Eln –cuyo bastión se encuentra precisamente en Arauca aunque sus jefes de esconden en territorio venezolano--, como también las llamadas “disidencias de las Farc”, el Epl, y las Bacrim.
6.- La inexistente acción contra los jefes de las Farc que regresaron a la clandestinidad luego de haber jugado un papel en las discusiones Santos-Farc en La Habana y que ahora están ocultos, sin que los servicios colombianos los haya capturado. Entre ellos figura Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias el paisa, el organizador del atentado contra el Club El Nogal. El otro es Luciano Marín Arango, alias iván márquez, quien cinco días antes del atentado en la Escuela General Santander envió un mensaje en el que gesticuló: “la paz fue traicionada por el Estado colombiano”; las Farc “se equivocaron al entregar las armas” y las Farc van “a dar la pelea para tratar de recomponer las cosas”. ¿La matanza del 17 de enero es el primer paso de esa nueva estrategia?
7.- El inmovilismo del gobierno ante el rumbo escandaloso que toma la JEP, un pseudo organismo de “justicia reparativa” que fue diseñado para garantizar la impunidad a los jefes y demás criminales de guerra y de lesa humanidad de las Farc.
8.- El lánguido proceso de reconstrucción de las relaciones diplomáticas y militares de Colombia con Estados Unidos. El gobierno de Santos instaló el malestar entre Bogotá y Washington por su orientación pro Chávez-Maduro y, sobre todo, por el gran aumento de los cultivos ilícitos en Colombia desde 2013.
9.- El gobierno de Iván Duque no ha logrado instaurar un clima verdaderamente favorable con Washington. Su corto encuentro en Cartagena con el secretario de Estado Mike Pompeo no superó la temática habitual de “la crisis de Venezuela y la lucha contra las drogas”, temática idéntica a la tenida por Duque durante su contacto con Donald Trump en Nueva York, en octubre pasado.
10.- Mientras tanto, Colombia está cada vez más amenazada por el dictador venezolano Nicolás Maduro sin que Bogotá haya hecho nada para trabajar con Washington en un tratado de defensa mutua que permita neutralizar los desequilibrios bélicos que hay entre Colombia y Venezuela, sobre todo desde el momento en que Maduro hace ostentación de su amistad con la Rusia de Putin, quien envió a Venezuela, por segunda, aviones de guerra capaces de lanzar armas nucleares.
11.- Bogotá descuida también las relaciones con el nuevo gobierno de Brasil. El presidente Duque se abstuvo de asistir a la ceremonia de posesión de Jair Bolsonaro quien parece tener la posición más firme del hemisferio contra la tiranía de Maduro. Brasil es la octava o novena economía del mundo.
¿Quién podría apartarse del clamor actual que pide que el sacrificio hecho por las 89 víctimas del atentado de ayer no termine siendo inútil? El gobierno debe tomar conciencia de la gravedad de lo ocurrido y obrar con determinación y sin perder tiempo. Cuatro años son muy poco tiempo frente a la cantidad de desafíos. Destruir la estructura que realizó en atentado de ayer y restaurar la seguridad del país debería ser su prioridad. Sin ello no hay posibilidad alguna de alcanzar la paz, la equidad y la prosperidad que Duque prometió antes de llegar a la Casa de Nariño.
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