Las últimas decisiones judiciales relacionadas con el Acuerdo de Paz firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las Farc, aumentan la tensión y extreman cada vez más las antagónicas posturas en que se debate el país.

Hace diez días, la Corte Suprema de Justicia decidió ratificarle a alias jesús santrich la investidura de congresista que le habían reconocido el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral, por lo que ordenó su libertad inmediata, de paso negando la competencia de la Fiscalía en un caso de narcotráfico por el que es investigado el exlíder guerrillero y por el que la justicia de Estados Unidos lo requiere en extradición.

Providencia que además le da hoy la garantía a alias santrich de posesionarse como representante a la Cámara y gozar de un fuero que le asegura que sólo el máximo tribunal pueda investigarlo o juzgarlo en desarrollo de los hechos que se le imputan o de cualquier conducta que se le atribuya aunque no tenga relación alguna con sus funciones.

A todo eso se suma que este jueves, después de varios meses de intensos debates políticos y jurídicos, el presidente Iván Duque firmó la Ley Estatutaria de la JEP -Jurisdicción Especial para la Paz-, luego de que la Corte Constitucional le ordenara sancionarla al considerar que las objeciones que presentó a seis de los 159 artículos fueron hundidas en el Congreso.

Lea: Corte Suprema llama a indagatoria a alias santrich

En desacuerdo

Con la sanción de la Ley Estatutaria, la JEP completó su marco normativo, pero antes el presidente Duque había expresado su “desacuerdo con la decisión de la Corte” y su deseo de “defender la legalidad y la justicia que reclama el pueblo colombiano”.

“He sido siempre un respetuoso de la institucionalidad y he sido siempre un respetuoso de la independencia de poderes. Pero también me corresponde a mí hablar como colombiano y expresar que el narcotráfico es un delito que le ha hecho un daño enorme a esta sociedad. Es un delito que tenemos que enfrentar con firmeza y con determinación, sin aspavientos y sin dubitaciones”, dijo antes de la firma de esa Ley.

En ese sentido, el mandatario de los colombianos aseguró que el país tiene que ser capaz de corregir las cosas que están saliendo mal en la implementación del Acuerdo de Paz, haciendo referencia directa no sólo al narcotráfico sino al secuestro y a los abusos sexuales contra menores de edad, que dijo no pueden ser conexos al delito político de rebelión en desarrollo del conflicto armado.

“Hoy lo puedo decir con la frente en alto: la decisión que toma la Corte Constitucional la acato como colombiano y defensor de la legalidad, pero nunca dejaré de defender los principios que han motivado al pueblo para que tengamos una paz con justicia y así seguiré procediendo todos los días de mi vida”, aseguró Duque en el foro Hablemos de la protección social en Colombia, que se realizó en Bogotá.

Además recordó que no quería que se le quitara al Alto Comisionado para la Paz la posibilidad de presentar ante las autoridades a delincuentes que quisieran entrar al sistema de tratamiento diferencial judicial y que no pertenecieran a ese grupo.

“Presentamos también la objeción para que no se limitaran los trámites ni las diligencias de la Fiscalía, tendientes a que se hiciera justicia oportuna, y a que cesáramos ese limbo según el cual los que cometieran crímenes de lesa humanidad también tuvieran una obligación clara y diáfana ante la justicia”, agregó.

“No se trata de hacer trizas ni rizas el Acuerdo de Paz”, dijo Duque en su momento y explicó que el Gobierno no está para hacer trizas ni destruir un proceso de reincorporación que es la esencia de la construcción de la paz, pero tampoco está para permitir risas que lo único que pretenden es burlarse de la justicia y de las víctimas.

Y también aseguró que con las objeciones buscaba que no se afectara la extradición como un mecanismo de cooperación judicial, ni que se permitiera que los narcotraficantes se aseguraran de no ser extraditados sólo por prometer contar la verdad ante la JEP.

Parámetros claros

“A partir de esta decisión, la JEP cuenta con todos los instrumentos constitucionales y legales para aplicar criterios y concentrar así el ejercicio de la acción penal respecto a quienes tuvieron participación determinante en los hechos más graves y representativos del conflicto armado”, consideró la Jurisdicción Especial tras la sanción presidencial de la Ley Estatutaria.

La Ley 1957 del 6 de junio de 2019, como será conocida la sanción presidencial que también fue firmada por el presidente del Senado, Ernesto Macías; por el de la Cámara, Alejandro Chacón y por todos los ministros del Gobierno, fija parámetros claros para la atención de las víctimas y la materialización de sus derechos, al tiempo que garantiza plenamente los derechos de las víctimas a lo largo de todos los procesos que allí se adelanten, asegura la JEP.

Además, precisa que, es importante destacar que la Ley Estatutaria también afianza la seguridad jurídica para 11.805 comparecientes que están sometidos a este modelo de justicia.

Según la Jurisdicción, la Ley Estatutaria deja claro que la JEP atenderá con un enfoque diferencial los crímenes de violencia sexual y de género ocurridos en el conflicto armado.

“Nos da tranquilidad que con la Ley Estatutaria se despeja el camino para que la JEP cuente con un marco normativo completo”, reiteró Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial.

En defensa de los acuerdos

Pero en frente de la posición del Gobierno también hay múltiples voces que claman porque no se insista en procesos que alteren los Acuerdos que son la esperanza de la paz que espera el país, entre ellos un amplio grupo de intelectuales que apunta a que, esa profunda discrepancia, tiene hoy a Colombia en una oscura encrucijada.

“Una nación erosionada en su suelo vital, esquilmadas sus riquezas por la avidez ilimitada de recursos que sólo benefician a una minoría. Una sociedad apaleada por exclusiones casi irremediables no ha permanecido impávida, trata de reaccionar y reconstruirse de manera persistente. Diversos esfuerzos hemos hecho para integrarnos, labores constitucionales, reclamos por la vía de los hechos y el uso legítimo del derecho a la desobediencia y la protesta se han convertido en guerras y conflictos pues siempre los derechos fundamentales han sido negados o postergados”, dicen los firmantes al argumentar su postura.

“Hoy nuevamente nos encontramos en una encrucijada”, advierten, “y las fuerzas disgregadoras que impiden la reconciliación vuelven a tomar la iniciativa para destruir los logros, resultado de enormes esfuerzos. Los agentes de la disgregación no se han detenido y hoy exhibimos ante el mundo altas las cifras de muertes programadas de líderes y ciudadanos que se niegan a aceptar la disociación total. Estamos ante un genocidio en proceso y ello es tan grave como los frustrados esfuerzos por aglutinar y consolidar pactos mínimos para una convivencia pacífica. Los amantes de la guerra, los fundamentalistas del conflicto, como manera de lograr el cambio, siguen implantando su visión destructiva”, aseguran.

Y avisan que “trabajadores de la cultura, intelectuales y ciudadanos nos negamos al destino implacable que nos quieren imponer. Hacemos un llamado urgente para detener la destrucción de los mínimos logros obtenidos en la consolidación de una nación atormentada por el egoísmo feroz de depredadores insensibles al clamor de millones de colombianos que preferimos la paz a una guerra que sólo garantiza la destrucción, la muerte y la hegemonía de una élite mundial que sólo parece aspirar a la destrucción de la tierra”.

Finalmente, señalan que “por todo ello los colombianos y el gobierno debemos unidos apoyar el Acuerdo de Paz y la JEP acordados en La Habana, que ya fueron refrendados por la ONU, la Unión Europea y la Comunidad internacional”.

Entre los firmantes de esta invitación están Juan Manuel Roca, Pablo Montoya, Alberto Salcedo Ramos, Lasse Soderberg, Lisandro Duque Naranjo, Patricia Lara Salibe, Juan David Correa, José Antequera, Marco Raúl Mejía, Mario Serrato, Carolina Sanín, Antonio Morales, Juan Guillermo Cano Busquets, Patricia Nieto, Carlos Naranjo Ossa, Alberto Rincón Cárdenas, Enrique Patiño, Nelson Romero Guzmán, Hernán Darío Correa, Heriberto Santacruz Ibarra, Álvaro Medina, Fabio Martínez, Luz Mery Giraldo, Gabriel Arturo Castro, Amalia Carrillo Díazgranados, Milciades Arévalo, Luis Alfonso Ramírez Peña, Manuel Pachón, Eufrasio Guzmán Mesa, Ivonne Wilches, Lilian Silva, Johny Martínez Cano, Joan Camilo Bolaños, Ángela García, Álvaro Marín, Alberto Tejada Uribe, Rosario Sanabria, Iván Graciano, Wilmer Echeverri, Jorge Sierra, Lilian Silva y Benhur Sánchez Suárez.

Referendo, otra mirada

Desde otros sectores, en cambio, se reclama la ruptura de los acuerdos y se propone un Referendo por Colombia, derogatorio de la JEP y reformador del Congreso y las Altas Cortes, pues según sus postulantes “la crisis institucional, política y judicial que atraviesa el país está al descubierto con la enorme incertidumbre que dejan las decisiones de las Cortes, y por cuenta de los graves vacíos que ponen en riesgo la seguridad nacional y los derechos y garantías de no repetición para las víctimas” del conflicto armado.

En su mensaje, el comité promotor de esa iniciativa advierte que “los fallos con jurisprudencia carente de bases jurídicas consecuentes y sólidas, agravados por la falta de seguridad jurídica que causa cada pronunciamiento judicial con inspiración torcida, inclinados a favor de los victimarios y en contra de los derechos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas, lo único que hacen es amparar la impunidad de narcotraficantes y violadores de derechos humanos”.

Ante este oscuro panorama, como lo denominan, “desde las organizaciones de víctimas de las Farc en todo el país se ha decidido aportar a la reconstrucción de las instituciones proponiendo un referendo aprobatorio de carácter constitucional que conlleva una gran movilización ciudadana en todo el territorio nacional y a su vez exige consensos políticos, sociales y empresariales”.

Argumentan que “el país exige unidad y definiciones prontas, que sean oportunas y pertinentes, para lo cual se ha construido de manera consensuada y consultada a miles de personas, un texto de dos artículos nuevos constitucionales, que de manera simple pero con eficacia, logre trascender la indefinición y resultados transformadores inmediatos, que no causen traumatismos”, pero que con firme asepsia “corte algunos aspectos negativos de la institucionalidad actual y sean sustituidos o ajustados a los retos y exigencias que afronta el país”.

Los dos nuevos artículos están enmarcados en las propuestas de reformas a la justicia y la política.

Reforma a la justicia

La reforma a la justicia se fundamenta, según la propuesta del Referendo por Colombia, en la necesidad de “procurar una justicia honesta que no tenga vínculos con el narcotráfico ni con carteles de corrupción judicial, sin afectar el diseño institucional actual de las mismas”, pero convocando a unas elecciones transparentes para remover a todos los magistrados de las Altas Cortes y derogar la JEP, con el fin, entre otros propósitos, de “impedir la impunidad para narcotraficantes, reclutadores de menores y violadores sexuales, estableciendo que estos delitos no son de ninguna forma conexos al delito político”, además de impedir la impunidad para terroristas y agilizar la extradición de narcotraficantes y de reincidentes.

Allí se plantea que la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura, sea por concurso de méritos.

En la Corte Suprema de Justicia se crearían dos nuevas salas, una Sala Penal Especial con nueve Magistrados para procesar a los Agentes del Estado, y una Sala Transicional con nueve Magistrados para procesar a los desmovilizados de los grupos ilegales con acuerdos pactados con el Gobierno nacional. Los desmovilizados irían en forma obligatoria y pública, garantizando ofrecer verdad, reparación, no repetición y cumplimiento judicial. Los terceros participarían de forma voluntaria. Todo aforado tendría doble instancia, con efecto retroactivo. De forma retroactiva, las condenas ordinarias y transicionales deberían ser efectivas y proporcionales a los hechos cometidos y a su responsabilidad, los delitos relacionados con narcotráfico, reclutamiento forzado de menores y violencia sexual no serían considerados delitos políticos bajo ninguna circunstancia y serían juzgados por la justicia ordinaria. Los trámites judiciales de extradición de los desmovilizados y agentes del Estado, los decidiría la Corte Suprema de Justicia conforme a los procedimientos de la justicia ordinaria y los tratados internacionales.

En caso de aprobarse este capítulo, se ordenaría la remoción inmediata y la nueva elección por concurso de méritos de todos los Magistrados de las Altas Cortes, pero también se derogaría la JEP, sus normas de constitución y sus procedimientos, y se removerían todos sus magistrados.

Reforma política

La reforma política que se incluye en el Referendo plantea que el Congreso estaría conformado por el Senado, integrado por 80 legisladores, 32 de ellos regionales, elegidos por cada uno de los departamentos y los demás por elección nacional; y la Cámara de Representantes, que estaría integrada por 80 diputados distribuidos en forma proporcional al censo poblacional de cada departamento.

Pero se aclara que la aprobación de esta norma no implicaría un llamado inmediato a nuevas elecciones sino que los congresistas actuales culminarían su periodo constitucional, excepto los que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos.

Dentro de esa propuesta se plantea que durante dos periodos electorales se tendrían dos curules para víctimas registradas en el RUV y dos para representación de los desmovilizados de grupos ilegales que hubieran hecho acuerdos con el Gobierno nacional.

Eso sí, se deja claro que habría inhabilidades retroactivas. Es decir, no podría ser congresista quien haya cometido Crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o violaciones a derechos humanos, quien hubiere sido condenado en cualquier época, incluso si los fallos condenatorios penales estuvieran suspendidos.