El barrido predio a predio de 671.887 hectáreas de tierra, un área similar a la del parque nacional Sierra de La Macarena más la del parque Isla de Salamanca, es la nueva tarea de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en alianza con Valor Más y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), de la Gobernación de Antioquia.

Con esta alianza, a la que están sumados también los esfuerzos de la Superintendencia de Notariado y Registro, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), se busca visitar cada predio para acopiar toda la información jurídica, económica, física y social relacionada con la propiedad rural en los municipios de Ituango, Valdivia, Tarazá y Cáceres.
 
Los cálculos más conservadores hablan de aproximadamente 8.769 predios que se recorrerán a pie literalmente con el fin de resolver la conflictividad asociada a la propiedad rural y brindarles oportunidades productivas a quienes permanecen en la siembra de cultivos de uso ilícito, en un proceso que se realizará de la mano con las comunidades campesinas, pues son ellas las que habitan la región, conocen sus problemáticas y necesitan las soluciones.

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El Gobierno Nacional "le apuesta y defiende la propiedad privada y la seguridad jurídica. Sin estas es inconcebible el desarrollo del campo. Hoy la Colombia rural no cuenta con seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Estamos hablando de un promedio de informalidad superior al 61% en los cuatro municipios donde la Agencia intervendrá con el barrido y eso es una gran limitante en materia de inversión en el agro”, indicó Juliana Cortés Guerra, directora de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural de la ANT.

Y agregó que “el diagnóstico realizado incluye presencia de cultivos ilícitos, minería informal e ilegal, presencia de bandas criminales, pobreza, bajos índices de desarrollo humano y un muy limitado acceso de la población rural al goce efectivo de sus derechos. No sólo queremos presentar alternativas de legalidad a los campesinos cocaleros, sino impulsar el desarrollo del campo con prácticas legales y seguridad jurídica”.
 
Asimismo, tras la liquidación del Incoder, fueron recibidos 485 expedientes en estas cuatro localidades, con procesos relacionados, en su mayoría, con adjudicación de baldíos y de tipo agrario, que no han sido resueltos pero que con el barrido predial podrán culminar rápidamente.
 
Con la inversión de $12.000 millones en estos municipios ya son 300 las localidades donde, en poco menos de un año, ha logrado hacer presencia la ANT con programas de acceso y formalización de tierras, entrega de subsidios, ampliación de resguardos indígenas y territorios colectivos, compra de tierras y barrido predial, entre otros programas.

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En Antioquia, además de contar con una sede regional en Medellín, la Agencia hace presencia en Caldas, Támesis, Yarumal, Andes, Ciudad Bolívar, Jardín, Pueblo Rico, San Luis, Cocorná, Granada, San Rafael, Remedios, Segovia, Apartadó, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Necoclí, Turbo, Cañasgordas, Valdivia, Ituango, San Carlos, Cáceres, Santuario, Anorí, Zaragoza, Yondó, Briceño, Caucasia, Tarazá y Nechí.
 
De 419.457 predios rurales que hay en Antioquia, 188.006 predios son informales, lo que significa el 45% de informalidad. Esta cifra representa 2’544.335 hectáreas que no cuentan con seguridad jurídica y cuyos poseedores u ocupantes no cuentan con un título que los acredite como dueños.