La voz del pueblo se hace oír y se consolida como una de las mejores posibilidades para opinar con convicción, libertad y respeto.
Un ejemplo de civismo dieron los venezolanos con la expresión de su inconformismo en el reciente plebiscito y aunque los resultados no son vinculantes ni avalados por el régimen de Maduro, sí son una evidencia de que la intervención directa de la población en las políticas administrativas del Estado es determinante.
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Los mecanismos de participación ciudadana no son nuevos en el mundo, países europeos tienen todo tipo de consultas desde hace tiempo. La constitución de Suiza por ejemplo, aprobada en 1848, que es la carta magna en vigor más antigua del mundo después de la estadounidense, desde ese tiempo contempla la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana.
Aunque la mayoría de democracias latinoamericanas estrenaron muchos de estos mecanismos apenas en el último siglo, actualmente se utilizan con más frecuencia no sólo por iniciativa de los gobiernos para legitimarse en el poder sino por gestión de la ciudadanía para incidir en decisiones importantes o polémicas.
Poco conoce el común de la ciudadanía sobre el poder para transformar políticas públicas con tan sólo una oportunidad para expresarse. Así la voz del pueblo no sea vinculante para los gobiernos, por lo menos se hace oír y se consolida como una de las mejores posibilidades para opinar con convicción, libertad y respeto.
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Un ejemplo en Suramérica es Uruguay, una de las naciones que más consultas populares ha realizado desde que se hizo en 1980 el llamado plebiscito constitucional en el régimen cívico-militar, considerado como un típico caso de los referendos convocados por mandatos autoritarios para legitimarse en el poder y en el que la mayoría de los ciudadanos dijo “no” al proyecto de reforma constitucional propuesto por el mismo gobierno, desencadenando un proceso de transformación democrática con la realización de elecciones libres y un cambio de gobierno.
Chile por su parte, con el plebiscito de 1817 convocado por el general O’Higgins para legitimar el proceso de independencia de España, fue el primer país en Suramérica en realizar una consulta popular. Pero el más conocido es el Plebiscito Nacional que en 1988 inició el fin de la era Pinochet.
En Colombia, en 1990, por iniciativa de un grupo de estudiantes, se incluyó en las elecciones una séptima papeleta para validar la convocatoria a la Constituyente y aunque el voto se consideró simbólico y no fue reconocido por el organismo electoral, resultó decisivo. Hace menos de un año, en medio de un polémico proceso de paz, el “no” en el plebiscito convocado para validar los acuerdos de paz, ratificó el inconformismo de los ciudadanos con el gobierno.
Venezuela tiene varios antecedentes en este tipo de consultas. Dos referendos se realizaron en 1999 por iniciativa de Hugo Chávez que dieron origen a lo que se ha llamado la Revolución Bolivariana. Cinco años después, en medio de una extrema polarización, se realizó el referendo para intentar revocar su mandato, pero fracasó y generó el efecto contrario, dando un nuevo impulso al mandatario para avanzar en su agenda gubernamental. En 2007, se dio un antecedente significativo, con el referendo constitucional convocado no por el gobierno sino porque la ley así lo disponía y que representó la primera derrota del chavismo en las urnas, así después el mandatario se haya salido con la suya para hacer aprobar la mayoría de propuestas de su reforma en una nueva consulta.
No sólo Venezuela es hoy un escenario polarizado, el panorama es turbio en muchas otras naciones donde la intervención de la población con el uso sin temor de estos mecanismos de participación, puede ser la estrategia ciudadana más poderosa para generar transformaciones sociales y revoluciones ideológicas. Ante el fanatismo que ha sido aliado de las tiranías, hay que demostrar que el civismo es una opción para convivir y compartir la libertad territorial de la discusión política.