Con el fin de salvar la aprobación de las 16 curules que busca el Gobierno para las víctimas del conflicto, que quedó en veremos tras la votación la noche de este martes de la conciliación de la reforma constitucional que las crea, el Senado avaló conformar una subcomisión integrada por senadores de diferentes bancadas, excepto la de Cambio Radical que pidió ser excluido de dicha subcomisión, porque consideran que esto es un acuerdo político.

Horacio Serpa pidió a su partido aprobar la iniciativa que este miércoles volverá a ser votada en el Senado, pues según el político Liberal “estas circunscripciones, son para las regiones más pobres del país. Nosotros desde el Partido Liberal tenemos un compromiso con la paz”.

Por su parte, Álvaro Uribe Vélez, jefe del Centro Democrático, declaró que su partido "está dispuesto a  sumarse a un acuerdo nacional para salvar esta circunscripción especial de paz”, aunque pese a la declaración del líder del CD, otros senadores de su bancada se mantienen en contra de que se entreguen esta nuevas 16 curules a estas regiones, bajo el argumento que terminaran en manos de los victimarios, en este caso los exguerrilleros de las Farc y grupos armados al margen de la ley y el narcotráfico. Misma posición del partido Conservador y Cambio Radical.

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La subcomisión quedó conformada por los senadores, Horacio Serpa, Rodrigo Villalba, Roy Barreras, Mauricio Lizcano, Juan Diego Gómez, Hernán Andrade,  Carlos Fernando Galán, Doris Vega, Luis Evelis Andrade y Antonio Navarro Wolff.

Mientras tanto, el Gobierno hace todo lo posible para que no se hunda el proyecto y luego de radicar el texto de conciliación, el ministro del Interior, Gullermo Rivera, precisó que “el Senado hizo una votación y como esto es una reforma constitucional, se necesitan 52 votos, aspiramos a que se reabra la votación y que podamos resolver las inquietudes de quienes han planteado escepticismo y preocupaciones, especialmente en el Partido Conservador”.

Rivera aseguró, además, que el Gobierno cumplirá la promesa de suspender procesos electorales en donde no haya garantías, en un intento por apaciguar las dudas que tienen las diferentes bancadas contrarias al proyecto por las supuestas consecuencias que podrían traer esas nuevas circunscipciones en zonas donde impera el narcotráfico y la ley de los ilegales.